NUEVA YORK (AP) -- Es una brillante gema del imperio hotelero de Donald Trump. Conseguir los derechos para utilizar el edificio del gobierno donde se encuentra le llevó más de un año de negociaciones. El contrato de alquiler resultante tiene cientos de páginas, complicadas y espantosamente aburridas.

Aburridas salvo por la cláusula 37.19 en la parte superior de la página 103, que se ha convertido de pronto en objeto de una gran discusión entre expertos legales sobre contratos del gobierno, y no pocos críticos de Trump.

Si algunos de los expertos están en lo cierto -y es un gran "si"-, las primeras 43 palabras de esta cláusula obligarían a Trump a renunciar a su participación en el Trump International House, situado al final de la calle de la Casa Blanca. La parte clave dice que ningún "cargo electo del Gobierno de Estados Unidos" debe ser "admitido a ninguna participación o parte en este arrendamiento".

"Va a tener que desinvertir del hotel", dijo John Sindelar, exasesor del responsable de la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés), la agencia del gobierno que negoció el alquiler hace tres años. Sindelar dejó la agencia en 2007.

Otros expertos se mostraron de acuerdo, aunque no todos. David Drabkin, otrora procurador de la GSA, dijo creer que la cláusula no afecta a Trump porque sólo prohíbe añadir cargos electos al arrendamiento después de firmarlo, no veta a las partes originales del acuerdo que más tarde son elegidos para un cargo. Sin embargo, señaló, es "absolutamente insostenible" que un presidente arriende el edificio por otros conflictos de interés.

La Trump Organization no respondió a correos electrónicos pidiendo comentarios.

Sea quien sea el que esté en lo cierto, se avecina una batalla sobre la cuestión.

Trump tuiteó el miércoles que se estaban preparando documentos legales que "me sacarán por completo de las operaciones de negocios", pero no mencionó que fuera a vender sus participaciones. Antes había dicho que tenía previsto que sus tres hijos adultos gestionaran sus negocios. Expertos en contratos señalan que eso probablemente no cumpliría con los requisitos para mantener el arrendamiento del hotel.

Desde su victoria en las elecciones, abogados expertos en ética han instado a Trump a vender sus activos y poner el dinero en un fideicomiso controlado por una parte externa, no por sus hijos. Afirman que es la única manera segura para evitar conflictos de interés entre su búsqueda de beneficios privados y el interés público.

Pero aparte de reprender al presidente electo, sus críticos no pueden hacer mucho. Las normas federales sobre conflictos de interés no suelen aplicarse al presidente, un hecho en el que ha hecho hincapié el propio Trump.

Sin embargo, el hotel de Washington D.C. podría ser la excepción porque debe seguir los términos del acuerdo.

Para Trump, perder el hotel sería un golpe. Invirtió unos 200 millones de dólares en reformarlo y tiene una participación en el establecimiento, en lugar de sólo licenciar el empleo de su nombre como en muchos otros de los hoteles Trump del mundo.

Richard Painter, abogado responsable de ética en la Casa Blanca para George W. Bush, señaló que el hotel también es un problema más allá del contrato. Si, como han publicado los medios, hay diplomáticos extranjeros alojados allí, podría interpretarse que el magnate ha incumplido una cláusula de la Constitución que prohíbe los pagos al presidente de gobiernos extranjeros.