Activistas insisten en que policías dejen de llamar a la Patrulla Fronteriza

2013-10-17T02:00:00Z 2013-10-17T07:22:50Z Activistas insisten en que policías dejen de llamar a la Patrulla FronterizaPor Perla Trevizo y Carli Brosseau La Estrella de Tucsón Arizona Daily Star

A poco más de un año de que entrara en vigor el polémico apartado de la ley SB 1070 que permite a la policía pedir a cualquier detenido que le muestre sus documentos migratorios, Tucsón marcó la ocasión con cápsulas de gas pimienta.

Las tensiones largamente cocinadas a fuego lento en relación a cómo se deberían aplicar las leyes de inmigración se intensificaron en un altercado en el que por un lado estaban la Policía de Tucsón y los agentes de la Patrulla Fronteriza y por el otro activistas locales en contra de la SB 1070. Esto sucedió la noche del 8 de octubre, luego de que una detención por asuntos de tránsito derivó en un acto de ejecución migratoria.

Los activistas aparecieron muy rápido y por docenas, rodeando el vehículo de la Patrulla Fronteriza con una cadena humana, para luego ser dispersados por la policía mediante el uso de gas pimienta. La Patrulla Fronteriza se llevó a Agustín Reyes, Arturo Robles, Rosa Leal, y Mari Galup en custodia. Los cuatro fueron libres días después.

Para los activistas, la protesta fue un reflejo de sus esfuerzos para hacer más visible la serie de detenciones y deportaciones que, consideran, ha pasado casi desapercibida pero que ha afectado de forma dramática y dolorosa a las familias de inmigrantes.

Dicen que las multitudes podrían seguir apareciéndose en las detenciones de tránsito en las que se llame a la Patrulla Fronteriza, a menos que la policía de Tucsón cambie su protocolo.

Los defensores están en contra de que la policía refiera a algún detenido a la Patrulla Fronteriza, de que lo hagan con los pasajeros de un auto detenido cuando ellos no han cometido ningún delito bajo la ley estatal, de que el carro tenga que ser confiscado y de que el estatus migratorio de las víctimas y los testigos sea cuestionado.

Por su parte, el jefe de la Policía de Tucsón, Roberto Villaseñor, dice que simplemente sigue la ley, una ley a la que él personalmente se opone pero que está obligado a seguir y hacer cumplir.

“Creo que este es un claro ejemplo de lo que a mí me preocupaba” cuando la ley SB 1070 se aprobó en el 2010, dijo en conferencia de prensa un día después del altercado. Le preocupa que la aplicación de la ley vinculando más estrechamente los asuntos delictivos con los migratorios pueda erosionar la confianza de la comunidad en los oficiales de la policía y entorpecer ciertas investigaciones por el hecho de que las víctimas y los testigos tengan miedo de hablar con la policía.

Al mismo tiempo, Villaseñor advierte que las repentinas irrupciones de multitudes en ese tipo de situaciones pueden “aumentar la sensibilidad de los oficiales” y hacer que una situación de por sí inestable empeore.

“Eso hace más tensa una parada de tráfico”, dijo. “Nosotros sólo estamos haciendo nuestro trabajo”.

Los activistas que se oponen a la ley y protestan por la colaboración entre las agencias policiales locales y la Patrulla Fronteriza se organizaron hace un año en la Coalición Red de Protección (Protection Network Coalition), y a últimas fechas han intentado captar más atención hacia los efectos de la ley.

Esto significó que unos 100 activistas y partidarios se hicieran presentes a tan sólo minutos de que uno de los miembros de la coalición fue detenido por faltarle la luz a la placa de su carro y de que la Patrulla Fronteriza fue llamada.

El conductor del carro, Agustín Reyes, es miembro de Corazón de Tucsón, uno de los grupos que integran la Coalición Red de Protección, dijo el vocero de la coalición, Raúl Alcaraz Ochoa. Cuando el policía que lo detuvo llamó a la Patrulla Fronteriza, Reyes llamó a otros miembros que hicieron correr la voz utilizando un esquema de llamadas y mensajes de texto prediseñado para lograr una acción rápida.

“Normalmente, este tipo de situaciones ocurren muy rápido”, dijo Alcaraz Ochoa. “Ellos se llevan a la gente de inmediato”.

El relato de los hechos de la Policía de Tucsón confirma la rapidez con la que se hizo la llamada inicial.

Reyes fue parado a las 6:50 p.m. cerca de la Iglesia Presbiteriana Southside, en el 317 W. 23rd St., una iglesia conocida a nivel nacional desde hace décadas por su defensa de los inmigrantes. Villaseñor dijo que Reyes no fue seleccionado por su raza, ya que el oficial que lo detuvo también era hispano.

Reyes no tenía licencia de conducir, y en la revisión el oficial encontró que nunca ha tenido una en Arizona, lo que bajo la ley estatal es un delito menor que requiere que la policía se lleve el auto, dijo Villaseñor.

Otros factores que el policía tomó en cuenta para decidirse a llamar a la Patrulla Fronteriza fueron las limitaciones de Reyes en el inglés y el hecho de que su pasajero, Arturo Robles, tampoco tenía licencia ni identificación válida ni hablaba bien el inglés, por lo que ninguno de los dos podía proveer más información al agente, informó la vocera del Departamento de Policía, la sargento Maria Hawke.

A las 7:09 p.m., el oficial llamó a la Patrulla Fronteriza y los agentes arribaron a las 7:23 p.m., dijo Villaseñor.

Mientras el oficial de policía expedía un citatorio a Reyes, los manifestantes empezaron a ponerse “verbalmente agresivos”, coreando consignas, llamando a los policías cerdos y diciéndoles que se fueran de ese barrio, a la vez que se unían por los brazos y formaban un círculo alrededor de la Patrulla Fronteriza, dijo Villaseñor.

La Patrulla Fronteriza pidió refuerzos y trató de salir del lugar, mientras el Departamento de Policía de Tucsón los asistía un poco, hasta que alguien gritó “se están llevando a alguien más”.

En ese momento, dijo Villaseñor, la gente se puso “físicamente agresiva”, empujando y deteniendo a los oficiales, punto que los activistas niegan de forma vehemente. “No hubo provocación”, dijo el reverendo John Fife, un activista de mucho tiempo y pastor jubilado de la Iglesia Presbiteriana del Sur.

Los oficiales usaron gas pimienta apuntando hacia los pies de los manifestantes, dijo, e intentando orillarlos a la acera. Llamaron a los bomberos para que atendieran a los más afectados por el gas.

Tanto los activistas como los policías aseguran que quisieran resolver sus diferencias por la vía del diálogo, pero ambos están renuentes a ceder terreno, y los intentos de entablar un diálogo en los últimos meses han sido infructuosos.

La concejal del ayuntamiento Regina Romero ha decidido que es tiempo de volver a llevar este tema al nivel político. “Lo que he escuchado que pasó y lo que vi en un video me alarma”, dijo. Solicitó una sesión de estudio del Concejo sobre la SB 1070 para el 13 de noviembre.

Hasta la cierre de esta edición, ningún tucsonense había interpuesto queja alguna ante la auditora independiente de la policía en la ciudad, Liana Pérez.

ENGLISH

Just more than a year after SB 1070’s divisive show-me-your papers provisions came into effect, Tucson marked the occasion with capsules of pepper spray.

Long-simmering tensions about how immigration laws ought to be enforced locally escalated the night of Oct. 8 into scuffles between Tucson police and Border Patrol agents, and anti-SB 1070 activists after a traffic stop turned into an immigration enforcement event.

Activists showed up quickly and by the dozens, surrounding a Border Patrol vehicle with a human chain and eventually being dispersed by police using pepper spray. Four people were taken into Border Patrol custody, and the driver received a civil traffic citation.

For activists, the protest was a reflection of their efforts to increase the visibility of a string of detentions and deportations they felt had mostly gone unnoticed but had been dramatically and painfully affecting immigrant families. They say that crowds could continue to appear at traffic stops leading to Border Patrol referrals unless the city’s police protocols change.

Advocates contest policies on when police refer someone to the Border Patrol, whether passengers in a car that is pulled over should be referred when they have committed no criminal offense under state law, whether a car should be impounded as a result and whether the immigration status of victims and witnesses should be questioned.

For his part, Tucson Police Chief Roberto Villaseñor says he is simply following the law — a law that he himself opposes but is mandated to follow and enforce.

“I think this is an excellent example of what I was worried about” when SB 1070 passed into law in 2010, he said at a news conference the day after the confrontation. He is concerned that enforcing a law more closely linking criminal and immigration enforcement could erode community trust in police officers and hinder investigations because victims and witnesses are afraid to talk to police.

At the same time, Villaseñor warns that the sudden appearance of crowds in such situations threatens to “heighten an officer’s sensitivity,” potentially making an already volatile situation worse.

“It intensifies a traffic stop,” he said. “We’re just doing our job.”

Activists who oppose the law and protest collaboration between local police departments and the Border Patrol organized a year ago into the Protection Network Coalition, and recently they have tried to draw more attention to the law’s effects.

That meant that about 100 activists and supporters showed up within minutes of a coalition member being pulled over because of his vehicle’s unlit license plate and Border Patrol being called.

The driver, Agustín Reyes, is a member of Corazón de Tucson, one of the Protection Network Coalition’s constituent groups, the coalition’s spokesman, Raúl Alcaraz Ochoa, said. When the officer who pulled him over contacted the Border Patrol, Reyes called other members, who spread the word in a pre-sketched tree of calls and texts designed for quick action.

“Usually these situations happen very fast,” Alcaraz Ochoa said. “They take people right away.”

Tucson police’s account of events confirms how quickly the call initially unfolded.

Reyes was pulled over at 6:50 p.m. near the Southside Presbyterian Church, 317 W. 23rd St., a church nationally known for its advocacy on behalf of immigrant groups for decades.

Villaseñor said Reyes was not targeted based on his race, as the officer who cited him was also Hispanic.

Reyes did not have a driver’s license, and a backup officer found that he had never had one, which is a misdemeanor offense under Arizona law that required police to impound the vehicle, Villaseñor said.

Other factors the officer took into account in evaluating whether to call the Border Patrol were Reyes’ limited English proficiency and that his passenger, Arturo Robles, also had no license or ID and no English proficiency, and neither would provide further information to police, department spokeswoman Sgt. Maria Hawke said.

At 7:09 p.m., the officer requested the Border Patrol, and agents arrived at 7:23 p.m., Villaseñor said.

As the officer was issuing Reyes a citation, the crowd grew “verbally aggressive,” chanting, calling the police pigs and telling them to get out of the neighborhood, while also locking arms in a circle around the Border Patrol, Villaseñor said.

The Border Patrol called for backup and tried to leave, with TPD providing little assistance until someone yelled, “They are taking someone else.”

At that point, Villaseñor said, the crowd became “physically aggressive,” pushing and grabbing officers, a point that activists strongly dispute. “It was unprovoked,” said the Rev. John Fife, a longtime activist and retired pastor from Southside Presbyterian.

Officers used pepper spray, shooting it at protesters’ feet, he said, and trying to get them onto the sidewalks. Tucson firefighters were called to treat those most affected by the spray.

Activists and police say they would like to resolve their differences through dialogue but are reluctant to cede ground, and tentative steps toward talks in past months have gone nowhere.

City Councilwoman Regina Romero has decided it is time to take up the issue again at a political level. “What I have heard happened and the video I’ve seen alarms me,” she said. She has requested a City Council study session on SB 1070 for Nov. 13.

So far, no Tucsonan has logged a complaint with the city’s independent police auditor, Liana Perez.

Contacta a Perla Trevizo en ptrevizo@azstarnet.com o al 573-4210. En Twitter: @Perla_Trevizo.

Contacta a Perla Trevizo en ptrevizo@azstarnet.com o al 573-4210. En Twitter: @Perla_Trevizo.

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