Activistas preparan defensa ante posible juicio legal

2013-10-31T00:00:00Z 2013-10-31T07:40:48Z Activistas preparan defensa ante posible juicio legalBy Carli Brosseau La Estrella de Tucsón Arizona Daily Star

Los activistas que a principios de octubre frustraron los procedimientos migratorios de un día en Tucsón al encadenarse a sí mismos a dos autobuses que habían detenido, anunciaron el primer paso en su defensa legal: un par de líneas telefónicas directas.

Los manifestantes -18 de los cuales podrían enfrentar cargos de delito grave por obstaculizar el enjuiciamiento- dieron una conferencia de prensa el jueves 24 de octubre con la esperanza de localizar a los 70 inmigrantes que calculan iban a bordo de los dos autobuses que ellos detuvieron el pasado 11 de octubre.

Los activistas quieren registrar el testimonio de los detenidos para reforzar su defensa. También planean usar las cuentas para avanzar en su campaña política en contra de Operación Streamline, el programa de procesamiento exprés creado para desalentar la inmigración ilegal dando sentencias de cárcel y un historial delictivo a los indocumentados detenidos en la frontera.

En Tucsón, hasta 70 personas son procesadas al día mediante este programa. A la mayoría se les acusa del delito menor de entrar ilegalmente o del delito mayor de reingreso ilegal, y ellos abogan por las penas mínimas, que conllevan hasta seis meses en prisión. El proceso completo se realiza en un solo día.

Los activistas lamentan los efectos que el programa ha tenido en las familias, muchas de las cuales tienen miembros con diferente estatus legal.

Paula Miller, activista que trabaja en Casa Mariposa, casa hogar que ayuda a quienes son liberados de una detención migratoria, menciona las historias personales de los migrantes como un estímulo para su protesta.

“Escucho historias de muchas familias separadas”, dijo. Es algo que creo que todos podemos comunicar o relacionar. En algún momento tenemos que decir basta”.

La línea directa para Estados Unidos es 888-203-7377. En México es 800-099-0425.

Las acusaciones que enfrentan los manifestantes están aún en etapa inicial y representan una recomendación de la policía.

Se preveía que las acusaciones en contra de estas 18 personas se presentaran ante un gran jurado para el 31 de octubre, dijo Margo Cowan, activista en pro de los derechos de los inmigrantes y defensora pública que representa a algunos de los manifestantes.

Hasta el pasado jueves 24 no se había tomado una decisión de enjuiciamiento y el caso estaba bajo revisión, dijo una vocera de la Oficina del Procurador del Condado Pima.

El Servicio Federal de Protección, que brinda seguridad a los edificios públicos, detuvo a otros seis manifestantes el 11 de octubre.

Fueron notificados por desorden en propiedad federal y puestos en libertad el mismo día.

El Servicio no dio más detalles, y una vocera de la dependencia en Washington D.C. declinó hacer comentarios.

Activistas que han protestado en contra de Operación Streamline en otras ciudades, incluida Phoenix, también han sido detenidos por el Servicio de Protección Federal y liberados el mismo día.

La mayoría de los detenidos que iban en los camiones que fueron parados el 11 de octubre en Tucsón ya han sido deportados sin ser procesados penalmente, dijeron oficiales.

Al menos nueve fueron enjuiciados mediante Operación Streamline el lunes posterior a la protesta.

ENGLISH

Activists who stymied a day’s immigration proceedings in Tucson earlier this month by chaining themselves to a detainee transport bus have announced the first step in their legal defense: a pair of hotline numbers.

The protesters — 18 of whom now face a possible felony charge of hindering prosecution — held a news conference Thursday because they hope to locate each of the 70 detainees believed to be aboard the buses

they stopped Oct. 11.

Activists seek to record the detainees’ testimonies to bolster their defense. They also plan to use the accounts to advance their political campaign against Operation Streamline, a fast-track prosecution program created to discourage migration by giving prison sentences and a criminal record to those apprehended at the border.

Up to 70 people are processed each day through the program in Tucson. Most are charged with the misdemeanor of illegal entry and the felony of illegal re-entry, and they plead down to the lesser charge, which carries a maximum sentence of six months in prison. The entire proceeding takes place in a single day.

Activists lament the effects the program has had on families, many of which have members of different legal statuses.

Paula Miller, an activist who works at Casa Mariposa, a home that helps those coming out of immigration detention, cites the personal stories of migrants for spurring her to protest.

“I heard the stories of so many families separated,” she said. “It’s something I think we all can relate to. At some point, you have to say enough.”

The U.S. hotline is 888-203-7377. The Mexico

hotline is 800-099-0425.

The charges the protesters face are still in initial stages and represent the recommendation of police.

The allegations against the 18 are expected to go before a grand jury by Oct. 31, said Margo Cowan, a migrant-rights activist and public defender representing some of the protesters.

A decision on prosecution has not been made and the case is under review, a spokeswoman for the Pima County Attorney’s Office said Thursday.

The Federal Protective Service, which provides security for federal buildings, detained six other protesters Oct. 11.

They were cited with disorderly conduct on federal property and released the same day.

The service would release no further details. and a Washington, D.C., spokeswoman for the agency declined to comment on the record.

Activists protesting Operation Streamline in other cities, including Phoenix, have also been cited and released by Federal Protective Service officers.

Most of the detainees on the buses stopped in Tucson have since been deported without being criminally prosecuted, officials said.

Up to nine were prosecuted through Operation Streamline the Monday after the protest.

Contacta a Carli Brosseau al 573-4197 o en cbrosseau@azstarnet.com.

En Twitter: @carlibrosseau.

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