El Colegio Comunitario Pima (PCC) ha dado un pequeño pero importante paso para ponerle fin en dos años al periodo de prueba al que está sujeto.

El primer informe de monitoreo que redactó la universidad fue aprobado la semana pasada por la institución que acredita al PCC. En el informe el Colegio se compromete a solucionar los problemas con el manejo de denuncias y la supervisión por parte de la facultad de cambios en política.

Lee Lambert, el nuevo rector del PCC, dijo que la aprobación del primer informe era "una buena noticia indiscutiblemente".

"Eso les indica a los estudiantes, los empleados del PCC y a la ciudadanía que la universidad se está encaminando", dijo el Rector en un correo electrónico enviado al personal.

El siguiente desafío es mucho más grande. El PCC debe cumplir las promesas del primer informe y a la vez debe realizar una revisión, de arriba abajo, de todas las operaciones de la universidad para solucionar todo lo que el acreditador encontró mal.

La institución acreditadora, Higher Learning Commission, cuya sede queda en Chicago, puso al PCC en un periodo de prueba en abril luego de que una investigación revelara que había una serie de deficiencias graves.

Éstas incluyen un proceso de contratación corrupto, prácticas inescrupulosas por parte de directivos y miembros del concejo, y un mal manejo de las denuncias por acoso sexual contra el ex rector Roy Flores, quien renunció el año pasado después de que ocho mujeres lo acusaran.

La institución podría dejar de acreditar a la universidad, lo cual causaría su cierre, si el PCC no realiza los cambios necesarios.

A raíz de que la institución acreditadora encontrara que durante años no se detectaron serios problemas, se le pidió al PCC que evaluara dos cuestiones primeramente, una de ellas es su protocolo para manejar denuncias.

En el informe inicial el PCC también tuvo que explicar cómo es que los dos altos ejecutivos de la universidad, Flores y la ex vicerrectora Suzanne Miles, fueron capaces de esquivar el aporte de la facultad cuando cancelaron la política de admisiones abiertas del PCC en el 2011.

El informe recomienda la implementación de una nueva regla que exija que todos los cambios grandes a la política sean revisados por la facultad.

El personal de la agencia acreditadora felicitó a la universidad esta semana mediante una carta, por la "excelente" calidad de su informe inicial.

La carta dice que el PCC "tendrá éxito" solucionando los dos problemas abordados en el informe si los funcionarios se empeñan tanto en implementar los cambios como lo hicieron en la redacción del documento.

Contacta a Carol Ann Alaimo en calaimo@azstarnet.com o al 573-4138.

Pima Community College has taken a small but crucial step forward in its quest to get off probation in two years.

The school's first monitoring report, which pledges to fix breakdowns in complaint handling and in faculty oversight of major policy changes, got a thumbs-up from the college's accreditor this week.

Lee Lambert, PCC's new chancellor, called the approval of the initial report "unequivocal good news."

"It is an indication to students, the public and PCC employees that the college is on the right course," he said Tuesday in an email to the school's workforce.

Now a much bigger challenge remains: PCC must fulfill the initial report's promises while also conducting a top-to-bottom review of all college operations to find fixes for everything else the accreditor found wrong.

The Chicago-based Higher Learning Commission put PCC on probation in April after an investigation revealed a range of serious shortcomings.

They include corrupt contracting and hiring practices, unethical behavior by executives and Governing Board members, and mishandling of sexual harassment claims against former Chancellor Roy Flores, who resigned last year after eight women accused him.

PCC could lose accredited status, effectively putting it out of business, if it fails to make needed changes.

The lack of proper complaint-handling procedures is one of two issues PCC was told to look at first in response to the accreditor's finding that serious problems went undetected for years.

The initial report also had to explain how the school's top two executives - Flores and former provost Suzanne Miles - were able to short-circuit faculty input when they canceled PCC's open admissions policy in 2011. The report recommends a new rule to require faculty review of major changes.

In a letter to PCC this week, staffers at the accrediting agency complimented the college for the "excellent" quality of its initial report.

The letter said PCC "will succeed" in fixing the two problems the report addressed if officials put as much effort into follow-through as they did into drafting the report.

Contact reporter Carol Ann Alaimo at calaimo@azstarnet.com or at 573-4138.