PHOENIX.- Los arizonenzes no podrán llevar sus pistolas en lugares de gobierno, por lo menos no este año.

La gobernadora Jan Brewer vetó el martes la HB 2339, la cual hubiese permitido a aquellos que tienen permisos estatales de llevar consigo un arma encubierta ignorar los rótulos de “no armas” que cuelgan en las puertas. La única forma de que una agencia gubernamental hubiese podido detener la entrada de todas las armas sería instalando detectores de metales y poner a guardias armados en cada entrada pública.

Brewer también vetó otra legislación que evitaría que hubiesen formulado leyes más estrictas a las leyes actuales que les da derecho a las ciudades a crear sus propias leyes sobre las armas.

La HB 2517 hubiese requerido que un tribunal impusiera una multa de hasta 5 mil dólares contra cualquier funcionario, ya sea nombrado o electo, o jefe de cualquier agencia administrativa, si se redacta deliberadamente una ley local sobre las armas que exceda las restricciones permitidas por el estado.

La medida también hubiese impedido el uso de fondos públicos para defender o reembolsar a alguien que fuese encontrado culpable de quebrantar la ley para su propio costo legal. Y hubiese permitido a aquellos que litiguen a funcionarios locales sobre tales leyes o ser reembolsados por daños por hasta 100 mil dólares si ganan.

Brewer tildó la medida de ser innecesaria.

“Una persona o una organización que percibe que una ordenanza es ilegal ya puede buscar remediar eso mediante el sistema legal”, escribió en su veto de la HB 2517. La gobernadora también dijo que le “preocupaba la provisión vaga y punitiva que una persona que viole el estatuto está sujeto a ser terminado de un empleo”.