El Concejo de la Ciudad de Tucsón pidió al jefe de la policía más modificaciones a las políticas migratorias de su departamento el pasado martes 8 de julio mientras el debate sobre los límites a la obligación impuesta por la SB1070 de revisar el estatus migratorio sigue irritando.

Una disposición de la ley estatal de inmigración que entró en efecto en septiembre del 2012 requiere que las fuerzas del orden locales hagan lo posible por revisar el estatus migratorio de toda persona a la que detengan y de la cual sospechen que puede estar de forma ilegal en el país. Una investigación del Arizona Daily Star a inicios de este año reveló que las dependencias a lo largo del estado han adoptado muy variadas interpretaciones y protocolos para la ley.

El concejo de Tucsón votó de forma unánime para añadir una disposición que prohíba a los agentes en escuelas que cuestionen a los estudiantes sobre su estatus migratorio y prohíbe a los agentes llamar a oficiales federales de migración para propósitos no relacionados con la inmigración, tales como servicios de traducción, excepto en emergencias. Las medidas se introdujeron tras una revisión en la política adoptada por Sur Tucsón luego de una negociación con la Unión de Libertades Civiles de América.

Después de las últimas direcciones del concejo sobre la SB1070, en noviembre, el Departamento de Policía de Tucsón emitió una revisión de la política que “desalentaba fuertemente” los interrogatorios a víctimas y testigos en esta materia y prohibía cuestionar a denunciantes.

Varios miembros del concejo –señalando los dos reclamos que la ACLU ha presentado en contra de la ciudad- dijeron que preferirían que la ciudad se equivocara pero a favor de la protección de los derechos civiles, en lugar de haciendo cumplir las leyes migratorias de Arizona.

“Seremos demandados y, en ese caso, preferiría que mantuviéramos en alto nuestros valores”, dijo la concejal Karin Uhlich.

Los activistas a favor de los derechos de los inmigrantes dieron una cautelosa bienvenida a los cambios del martes 8, pero remarcaron que es necesario escribir de forma explícita la prohibición de interrogar a víctimas y testigos para restaurar la confianza de la comunidad.

La incertidumbre es una fuerza corrosiva, dijo Raúl Alcaraz Ochoa, organizador de la Coalición Red de Protección. “Creo que prohibirlo no va en contra de la SB1070, y si lo fuera, ¿qué es más importante?".