La contaminación del río Sonora provocada por el derrame de ácido sulfúrico proveniente de la mina de Cananea podría ser sólo la punta del iceberg.

De acuerdo a pobladores del área, quienes preparan una demanda civil por daños y perjuicios contra la mina, no es la primera vez que algo así sucede y hay indicios de que una represa mayor constantemente gotea desechos y está en riesgo de reventar.

“Lo llaman El Jaliz, es enorme, es una serie de jales (represas donde se acumulan los tóxicos de la mina) que está a escaso medio kilómetro del ojo del río y que constantemente lagrimea, y si se revienta puede significar el fin de los pueblos del río”, dijo el abogado Jesús Romo, de Tucsón.

Nacido en Hermosillo y estrechamente vinculado al río Sonora a través de sus padres, Romo participa en la formación de una organización ciudadana apoyada por especialistas locales y foráneos, quienes se han propuesto lograr que la mina Buenavista del Cobre, propiedad del poderoso consorcio Grupo México, repare los daños y evite una tragedia mayor.

“La represa que se quebró tenía 40 mil metros cúbicos de veneno, pero El Jaliz tiene millones de metros cúbicos, es mucho más peligroso”, advirtió Romo, quien tiene propiedades en Banámichi.

Además de reparar el daño ecológico y económico, la nombrada Organización Ciudadana del Rescate del Río Sonora exigirá que los desechos tóxicos se depositen en una represa más sólida, que no conduzca al río.

Los alcaldes de los pueblos formarían parte de la demanda, para la cual el Gobierno del Estado ha ofrecido su asesoría.

Romo aclaró que la preparación de la demanda civil tomará tres meses como mínimo, pues se requiere de expertos que determinen los daños al medio ambiente y a la economía de los particulares.

Una de sus funciones como residente estadounidense es convocar a expertos de este país para que contribuyan con los estudios.

Mientras tanto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, presentó el lunes una demanda penal contra la mina por posibles delitos contra el medio ambiente.

Baja nivel de contaminación

En conferencia de prensa, el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, dijo el lunes que la Comisión Nacional del Agua entregó una de tres pruebas necesarias para determinar la calidad del agua y aseguró que los niveles de contaminación están bajando paulatinamente, en parte gracias a las lluvias.

Si las siguientes dos pruebas mantienen esa tendencia, la contingencia se levantará. La segunda prueba está programada para el viernes 22. Para el tercer estudio no se dio fecha.

“Hay un responsable de esto, es la empresa, y la empresa está sentada en la mesa”, dijo Puente.

El mismo día, el gobierno de Sonora anunció que gestionó un apoyo inicial de 500 mil pesos para cada uno de los siete municipios afectados: Arizpe, Banámichi, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi, Ures y Hermosillo.

La Conagua también informó que ninguno de los pozos cerrados actualmente está contaminado, pero permanecen sin operar por una norma preventiva.

Esta contingencia provocó que se aplazara por al menos una semana el inicio del ciclo escolar, previsto para el lunes 18 de agosto, en 88 escuelas de la región.

No sólo falta el agua

Fue entre el 6 y 7 de agosto cuando oficialmente se reportó que, debido a la lluvia, 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado se habían derramado de uno de los llamados represos de jales y que escurrieron hasta el río Bacanuchi, afluente del río Sonora.

Sin embargo, el secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, dijo el martes en rueda de prensa que la minera Buenavista del Cobre informó falsamente que el derrame fue causado por una lluvia inusual, cuando en realidad se trató de una falla en una tubería que conecta estanques de tóxicos.

Desde el derrame, la Conagua ordenó el cierre de todos los pozos de agua cercanos a los ríos. Una semana después, también la presa El Molinito, que abastece a Hermosillo, suspendió el trasvase de agua.

Los pueblos del río han sobrevivido del agua en pipas que han enviado la propia mina y los gobiernos, y de la gran cantidad de agua embotellada que la gente de otras ciudades ha donado.

Obviamente, no es suficiente. Y menos aun ha sido el flujo de información que le pudiera regresar la tranquilidad a la gente.

El lunes 18 de agosto, desde San Pedro de Ures, Dora Bravo comentó vía telefónica que unos 400 residentes del área acudieron esa mañana a una reunión con funcionarios estatales y federales en la que no se respondió a ninguna de sus dudas.

“Nos dijeron que los pozos no están contaminados. Y si no están contaminados, ¿por qué tienen apagadas las bombas? Pero no nos dejaron ni hablar, dijeron que tenían mucha prisa y que habría otra reunión mañana”, narró Bravo.

“Se supone que a diario nos dan tres galones de agua por familia, pero hoy ya es mediodía y no nos han dado nada. No podemos lavar ropa, y ¿ni modo que nos bañemos con agua purificada?”, cuestionó la mujer de 38 años y madre de dos hijos.

La familia de Dora Bravo vive de los quesos y otros productos de Ures que su esposo vende en Hermosillo, “pero la gente no quiere comprar nada que venga de aquí, y los entendemos”, dijo.

Armida Maldonado, de La Estancia de Aconchi, dijo vía telefónica: “La mayoría piensa que es sólo falta de agua momentánea, cuando en realidad es más grave, esto afectará a toda la economía de la región”.

Maldonado es una de las personas dispuestas a la movilización. “Esto no es nuevo, ya había pasado, sólo que quizá no teníamos los medios para difundirlo o no había sido tan grave”, dijo.

El abogado Jesús Romo dijo que en 1985 sucedió otra derrama importante, también provocada por la mina de Cananea.

Y en las reuniones en los pueblos, dijo Romo, la gente -incluyendo a personas que han trabajado en la mina-comenta que ya han habido derrames más chicos que llegaron a Cuitaca y el Novillo. El gobierno debió enterarse, “y por eso tenemos que investigar y ver qué pasó”.

“Esta es una gran advertencia que estamos tomando muy en serio, es un desastre ecológico”, afirmó Romo. “Si no hacen algo, aquí puede morir todo”.

Contacta a Liliana López Ruelas al 807-8479 o en llopez@tucson.com.