Jueza abre comunicaciones entre legisladores y asesores

2014-01-09T00:00:00Z 2014-01-09T08:59:37Z Jueza abre comunicaciones entre legisladores y asesoresPor Howie Fischer Capitol Media Services Arizona Daily Star
January 09, 2014 12:00 am  • 

PHOENIX.- Una jueza federal permitirá a los demandantes que retan a la principal ley de Arizona en contra de los inmigrantes ilegales ver qué aconsejaban los grupos que asesoraban a los legisladores vía correos electrónicos, cartas y memorándums cuando la ley era redactada. Los demandantes buscan cualquier indicio de sesgo racial.

La jueza de Distrito de EU Susan Bolton rechazó los argumentos de la Federación por una Reforma Inmigratoria de Estados Unidos y del Instituto de la Ley de Reforma Inmigratoria en el sentido de que los mensajes que ellos enviaban a los legisladores que elaboraron y apoyaron la SB 1070 eran privados.

Bolton dijo que las comunicaciones de los legisladores con ninguno de los grupos puede ser protegida del escrutinio público.

Este fallo es un triunfo significativo para aquellos que han estado trabajando desde que la ley entró en vigor en el 2010 en lograr que sea declarada inconstitucional –y en especial la disposición de “Papeles, por favor”.

Esto se debe a que la demanda se basa en parte en acusaciones de que la Legislatura actuó de alguna manera con el propósito de discriminar a los hispanos y a otras minorías, violando la Cláusula de Protección Equitativa de la Constitución de Estados Unidos.

Víctor Viramontes, del Fondo Mexicoamericano de la Defensa Legal y Educativa, dijo que esas comunicaciones podrían probar que la verdadera intención era crear un sesgo racial y no simplemente un intento de ayudar al gobierno federal a hacer cumplir las leyes contra la inmigración ilegal.

“Aquí, tenemos a los prominentes partidarios de la SB 1070 hablando entre ellos”, continuó Viramontes. “Y a nosotros nos gustaría saber qué es lo que se decían unos a otros”.

La SB 1070 incluía una serie de medidas encaminadas a dar a la policía más poder para detener a gente que ellos crean que está en el país de forma ilegal.

Muchas de esas medidas fueron eliminadas por la Corte Suprema de Estados Unidos, incluyendo la de convertir en delito el que un inmigrante ilegal solicite un empleo en un sitio público y la de permitirle a la policía detener a cualquier persona dentro del país por no portar las acreditaciones migratorias federales.

Los demandantes claramente están en busca de evidencias de racismo.

La petición específicamente habla de comunicaciones que incluyan palabras como “extranjero”, “jornalero”, “ilegales”, “mexicanos”, “perfiles”, “español”, “indocumentados” y “espaldas mojadas”.

Los abogados de los dos grupos dijeron a Bolton que esas citaciones podrían interferir con su derecho de la Primera Enmienda a comunicarse con los legisladores.

Pero la Jueza dijo que nada en la solicitud interfiere con ese derecho.

Agregó que no hay nada en la ley que “proteja del escrutinio público las comunicaciones con servidores públicos cuando ejercen sus funciones relacionadas con algún tema de interés público”.

English

PHOENIX — A federal judge will allow challengers to Arizona’s major law targeting illegal immigration to see what advocacy groups were advising legislators in emails, letters and memos while the law was written. The challengers are looking for any indication of racial bias.

U.S. District Judge Susan Bolton rejected arguments by the Federation for American Immigration Reform and the Immigration Reform Law Institute that the messages they sent to lawmakers who crafted and supported SB 1070 are private. Bolton also said that communications from legislators to either group cannot be shielded from public view, either.

The ruling is a significant victory for those who have been working since the law was enacted in 2010 to have it — and especially its “papers, please” provision — declared unconstitutional.

That’s because the lawsuit is based in part on claims that the Legislature acted in a way to purposely discriminate against Hispanics and other minorities, violating the Equal Protection Clause of the U.S. Constitution.

Victor Viramontes of the Mexican American Legal Defense and Educational Fund said those communications could prove that the real intent was racial bias and not simply a bid to help the federal government enforce laws against illegal immigration.

“Here, you have prominent proponents of SB 1070 talking to each other,” Viramontes continued. “And we would like to know what they said to each other.”

SB 1070 contained a variety of measures aimed at giving police more power to detain people they believe are in the United States illegally.

Several of those sections were voided by the U.S. Supreme Court, including making it a crime for an illegal immigrant to apply for work in a public place and allowing police to arrest someone in this country illegally for failing to carry federally issued immigration cards.

Challengers are clearly looking for evidence of racial intent. The subpoenas specifically ask for communications with words like “alien,” “day laborer,” “illegals,” “Mexican,” “profiling,” “Spanish,” “undocumented” and “wetback.”

Attorneys for the two groups told Bolton the subpoenas would interfere with their First Amendment rights to communicate with legislators.

But the judge said nothing in the request interferes with that right. She there is nothing in law that “protects from public view communications with public officials in their official capacity about a matter of public concern.”

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