Por Yoohyun Jung

La Estrella de Tucsón

El Presidente Trump quiere que las agencias locales y estatales ayuden más a aplicar las leyes federales de inmigración, pero cifras de las cárceles y departamentos de policía local muestran cómo realmente no parecen tener prisa por cumplir sus órdenes.

En su órden ejecutiva de enero del 2017, Trump aseguró la detención de ciertos fondos federales a las comunidades que rechazaran cooperar con las autoridades de inmigración.

“Estamos hablando de un camino muy peligroso cuando empiezas a atar apoyos federales a decisiones y prioridades que hacen los gobiernos estatales y locales sobre cómo hacer su trabajo”, dijo el jefe de policía de Tucsón, Chris Magnus.

Aunque ya no lo hace, previamente la administración publicaba informes semanales sobre aquellos departamentos que se negaban a transferir a extranjeros con cargos criminales al servicio de inmigración. El Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, usa las órdenes de detención para poder recoger a personas en custodia de autoridades locales y así avanzar su proceso de deportación.

Una de las razones por la cual la nueva administración está prestando tanta atención al tipo de cooperación que recibe de estas localidades es por el papel que pueden jugar en el número de arrestos migratorios y deportaciones, señaló Randy Capps, del Instituto de Políticas Migratorias.

Aproximadamente el 70 por ciento de los arrestos de ICE a nivel nacional tienen origen en las cárceles locales y prisiones estatales, según un análisis del instituto con sede en Washington, D.C.

Los 15 alguaciles en Arizona notifican a ICE antes de poner en libertad a uno de sus custodiados con orden de detención, dijo Henry Lucero, director de la oficina de ICE en Phoenix, un proceso que considera es para beneficio de la gente.

Ni el condado Maricopa ni Pima —los dos más grandes en el estado de Arizona— detienen a las personas las 48 horas que requiere ICE. Ambas agencias han dicho que sólo detendrán a la personas el tiempo necesario para cumplir con los cargos locales que enfrentan.

En Tucsón, la policía ahora pregunta sobre el estatus legal de las personas mucho menos de lo que lo hacía antes, como resultado de una opinión legal del fiscal general del estado sobre la aplicación de la SB 1070, la ley estatal considerada una de las más estrictas en el país en ese entonces y antes de que demandas y juicios ablandaran muchas de las piezas más duras.

La opinión legal lleva a grandes cambios

En el transcurso del 2015, un promedio de 1,500 personas al mes fueron cuestionadas sobre su estatus migratorio y referidas a la Patrulla Fronteriza por oficiales del departamento de policía de Tucsón, TPD por sus siglas en inglés. En lo que va del año, ese promedio ha disminuido a menos de 10 al mes.

La policía de Tucsón condujo 69 revisiones sobre el estatus migratorio entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2017, en comparación con más de 11,000 durante el mismo periodo del 2015.

El declive coincide con la opinión del fiscal del estado, según oficiales. La opinión, la cual es no vinculante, expresa que una identificación de Arizona o de las tribus puede usarse como prueba de estatus legal. Antes, bajo la SB 1070, este tipo de identificación no podía ser considerada como suficiente y muchas veces los oficiales terminaban coordinándose con la Patrulla Fronteriza o ICE para determinar si la persona estaba aquí legalmente o no.

“Casi corresponde directamente con la baja que vimos en nuestros números”, dijo sobre la opinión Lisa Judge, asesora legal del departamento de policía.

La opinión legal también enfatiza que los oficiales no pueden alargar una parada sólo para indagar sobre el estatus migratorio de una persona.

Además, el hecho de que la policía contacte a la Patrulla Fronteriza no quiere decir que van a responder —realmente rara vez lo hace. De las 69 revisiones de migración que hicieron los oficiales de Tucsón, las autoridades federales sólo respondieron y tomaron custodia en dos ocasiones.

En el 2015, cuando hubieron muchas más revisiones, la Patrulla Fronteriza respondió 35 veces, o un 0.3 por ciento del tiempo.

A diferencia del TPD, el Departamento de Sheriff del Condado Pima no mantiene un sistema de conteo automatizado de las veces que los oficiales refieren a alguien a la Patrulla Fronteriza. Los oficiales tienen la opción de usar un código que denota cuando la persona está en el país de manera ilegal, pero no siempre lo utilizan. Basado en los datos disponibles, cuando sí utilizaron el código, en los primeros ocho meses del 2016 hubieron 160 instancias en donde refirieron a un individuo a la Patrulla Fronteriza, en comparación con 122 entre enero y julio de este año.

Adicionalmente, la policía de Tucsón continúa haciendo revisiones de historial criminal en personas de las que sospecha están en el país sin documentos pero no presentan algún peligro inmediato a la comunidad. Esa información es luego enviada a las autoridades federales por medio.

El tener menos revisiones de estatus migratorio le ha permitido al departamento ser más eficiente, señaló el jefe de policía Magnus.

Bajo las condiciones actuales, dijo, “batallamos para cumplir con la demanda de llamadas de servicio que tenemos y para enfocarnos en las diferentes necesidades de seguridad pública en nuestra comunidad. Así es que si vamos a estar haciendo este tipo de trabajo, realmente lo queremos hacer con la gente que realmente sea una amenaza pública”.

Oficiales federales en cárceles locales

En cuanto a las órdenes de detenciones en las cárceles locales, los departamentos del sheriff de Maricopa y Pima le dan una ventana de tiempo consistente con sus procedimientos a ICE para que recojan a personas en las que están interesados, por lo regular dos horas en Pima y de cinco a ocho horas en Maricopa.

“La orden de detención de ICE no es una base legal para extender una detención” dijo Mark Napier, el alguacil en Pima.

Sin embargo, los dos departamentos permiten que oficiales de ICE operen dentro de las cárceles. Lucero, el director en Phoenix de ICE, dijo que se revisa el estatus legal de todos los presos al momento de ser procesados. En la cárcel de Maricopa, ICE está presente 24/7 y en Pima 16 horas al día, añadió.

Desde inicio de año, la cárcel del Condado Pima detuvo en promedio a 44 personas al mes con una orden de retención de ICE. Un alza leve en comparación con el promedio de 36 en el 2015 y de 30 en el 2016.

Pero sólo el 55 por ciento de los presos en la cárcel de Pima con una orden de detención este año fueron entregados a ICE, contra un 64 por ciento en el 2015 y un 68 por ciento en el 2016.

El Condado Maricopa ha tenido en custodia a menos gente con órdenes de detención de ICE este año en comparación con los dos años anteriores, aunque el 93 por ciento de ellos fueron entregados a la agencia federal. En el 2015, un promedio de 295 personas al mes con este tipo de orden fueron detenidas en la cárcel del condado, contra aproximadamente 56 este año.

Además de notificar a ICE horas antes de soltar a un preso, el departamento de sheriff en Maricopa les da un aviso adicional cuando faltan entre 15 y 30 minutos.

Pero el vocero del departamento Mark Casey aclaró que no detienen a alguien sólo para esperar a que llegue ICE. “Es responsabilidad de ICE traer a sus empleados al centro de detención de MCSO a tiempo para tomar custodia de aquellos que les interesa”.