La impunidad de los 'legales'

Impera la opacidad en asesinatos a manos de la Patrulla Fronteriza
2012-12-21T00:00:00Z 2014-07-08T17:15:10Z La impunidad de los 'legales'Tim Steller La Estrella De Tucsón Arizona Daily Star
December 21, 2012 12:00 am  • 

Apenas dos meses después de que un agente de la Patrulla Fronteriza le hubiera disparado al hijo de 16 años de Araceli Rodríguez Salazar en Nogales, Sonora, la madre comenzó a notar que el silencio invade este caso.

"Estoy cansada de llorar. Estoy cansada de esperar. Quiero que se haga justicia", dijo en una tarde reciente, al frente de su humilde hogar en la ladera de una colina en el centro de la ciudad.

Si el mismo patrón se mantiene, tendrá que esperar mucho más.

Una investigación de la Estrella de Tucsón y el Arizona Daily Star ha revelado que aunque los disparos por parte de los agentes hayan estado incrementando, el sistema para la rendición de cuentas continúa siendo complicado y opaco, dejando a los ciudadanos sin información sobre el estatus de los casos. Un caso de Arizona ha sido secreto y ha estado "en curso" por casi tres años.

Las preguntas se han agudizado, ya que en Arizona por lo menos en dos ocasiones en los últimos dos años agentes les dispararon a personas que aparentemente no los estaban amenazando.

En las pocas ocasiones en que se ha procesado a agentes en Arizona, los oficiales han ganado. Quizá los disparos estaban justificados, pero el secretismo del proceso provoca que tal vez la gente nunca lo sepa.

A medida que aumentan las preguntas, los disparos de los agentes de la Patrulla Fronteriza continúan incrementándose - principalmente en Arizona. En los últimos tres años, los agentes les han disparado por lo menos a 22 personas a nivel nacional. Nueve de esos casos han sucedido en el Sur de Arizona -cuatro en los últimos dos meses y dos de ellos en tan sólo la última semana.

El 2 de diciembre, un agente de la Patrulla Fronteriza mató a un presunto inmigrante indocumentado en las montañas Baboquivari. La agencia dijo que el guatemalteco Margarito López Morelos, quien tenía 19 años, luchó con el agente.

Dos días después, el 4 de diciembre, un agente al suroeste de Gila Bend hirió a un hombre quien, según la agencia, blandió un arma.

Desde enero del 2010 han habido por lo menos seis balaceras transfronterizas con agentes, incluyendo el tiroteo en el que murió el hijo de Rodríguez-Salazar, José Antonio Elena Rodríguez. Cuando murió, él estaba en la acera al otro lado de la calle que corre a lo largo de la frontera, y que mide 36 pies de ancho.

Dos personas estaban en la cerca fronteriza cuando los agentes llegaron más o menos a las 11 p.m. Alguien comenzó a tirar piedras, aunque los reportes de la policía no aclaran quién fue, y por lo menos un agente disparó hacia México.

Los disparos le dieron a Elena Rodríguez por lo menos siete veces - dos veces en la cabeza y cinco veces en la espalda. Los muros detrás de él quedaron salpicados con balazos.

"¿Qué pasaría si un policía de Sonora hubiera disparado y le hubiera dado a un joven de 16 años que estuviera caminado en la calle en Arizona?", preguntó Kat Rodríguez, de la Coalición de Derechos Humanos, un grupo en Tucsón que aboga por esta causa. "Todos sabemos que la reacción sería muy distinta, y no debería de ser así".

Los agentes de la Patrulla Fronteriza están entrenados para utilizar fuerza letal sólo cuando ellos o alguien más esté corriendo peligro mortal, dijo Bill Brooks, un vocero de la agencia. Sin embargo, los oficiales siempre deben dispararle solamente a la persona amenazante, dijo Dave Klinger, profesor adjunto de Criminalística en la Universidad de Missouri-St. Louis.

"Si tengo a un tipo que me está disparando, no tengo el derecho de simplemente disparar en esa dirección en general", explicó Klinger, quien dijo haber matado a un hombre cuando era policía en Los Ángeles.

Lo mismo ocurre cuando se tiran piedras, añadió Klinger, junto con otros. Entre más cerca esté la persona tirando piedras, más probabilidades hay de que sea una amenaza inminente.

El 21 de marzo del 2011, en Douglas, un agente mató a Carlos LaMadrid, quien tenía 19 años. La policía local persiguió a LaMadrid hasta la cerca fronteriza, donde un vehículo de la Patrulla Fronteriza chocó con el que LaMadrid estaba manejando, según los reportes del sheriff del Condado Cochise.

LaMadrid y uno de los pasajeros comenzaron a subirse por una escalera que sus amigos habían puesto contra la cerca, y al mismo tiempo alguien montado en la cerca comenzó a tirarle piedras a los agentes. El agente les disparó y mató a LaMadrid mientras se subía por la escalera. Los que estaban tirando piedras se escaparon hacia México.

El procurador del Condado Cochise, Ed Rheinheimer, dijo que ya ha decidido si va a procesar al agente en el caso de LaMadrid, pero está esperando a que las autoridades federales tomen una decisión también, para no influenciarlas.

El FBI, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el equipo de incidentes críticos de la Patrulla Fronteriza y la rama de Asuntos Internos de Protección Fronteriza, todos pueden responder a cualquier balacera de un agente de la Patrulla Fronteriza.

La Oficina del Fiscal de Estados Unidos supervisa la investigación, y las agencias policiacas locales también pueden investigar si se violaron leyes estatales. En el caso de Elena Rodríguez, la policía estatal de Sonora respondió al otro lado de la frontera.

Lento y opaco

Pero, ¿quién está a cargo y qué pasa después? Esta pregunta es más difícil.

Ni siquiera Jim Calle, un abogado de Tucsón cuyo trabajo es defender a los agentes de la Patrulla Fronteriza involucrados en balaceras o acusados de mala conducta, puede determinar con precisión el proceso.

"He estado haciendo esto por más de una década y todavía es confuso para mí", dijo Calle. "Así es como opera el gobierno federal. Todo es lento. Todo es opaco (y las investigaciones) son siempre muy difíciles".

"Olvídate del proceso. Hay veces que el público ni se entera de que hubo una balacera", agregó.

A los familiares de los que mueren se les hace difícil creer que los casos se investigan bien, porque no lo ven. Una de las familias que está atascada en el proceso es la de Ramsés Barrón Torres, quien murió al otro lado de la cerca fronteriza en Nogales, Sonora, baleado por un agente de la Patrulla Fronteriza el 5 de enero del 2011.

Un vocero del FBI dijo en ese entonces que los agentes de la Patrulla Fronteriza estaban tratando de arrestar a narcotraficantes cuando unas personas les empezaron a tirar piedras. La policía de Sonora dijo que Barrón Torres se estaba subiendo en el lado Sur de la cerca cuando se le disparó. No está claro si él estaba tirando piedras.

Ahora, 23 meses después, el FBI dice que la investigación todavía está en marcha.

Hay otro caso que ha estado abierto aún más tiempo. Jorge Solís Palma fue baleado el 4 de enero del 2010 después de que, según agentes, él les tirara piedras. La Oficina del Procurador del Condado Pima absolvió al agente dos meses después, pero el FBI aún está considerando el caso, casi tres años después.

En los días siguientes a la muerte de Barrón Torres, "vinieron periodistas de aquí, periodistas de allá", comentó su madre Zelma. "Después de unos días, se desaparecieron. Hasta la fecha, no sé nada".

Cuando un policía de Tucsón o un colaborador del sheriff del Condado Pima mata a alguien, el proceso por lo general es transparente y típicamente rápido. Ambas agencias se autorresponsabilizan de informar al público sobre el incidente de forma expedita e incluyen el nombre del oficial.

Sin embargo, la Patrulla Fronteriza no revela los nombres de los agentes involucrados en las balaceras. La familia LaMadrid tuvo que obtener una orden judicial para forzar al gobierno federal a revelar el nombre del agente que le disparó al joven, para que se le pudieran despachar documentos legales.

Los agentes del FBI deben de ser imparciales en los casos de balaceras de la Patrulla Fronteriza. Pero la manera en que algunos casos han procedido ha causado que algunos testigos entren en duda.

El 7 de junio del 2010, unos agentes de la Patrulla Fronteriza en San Diego mataron a Anastasio Hernández-Rojas mientras lo expulsaban del país a Tijuana. En un comunicado de prensa, los agentes policiales de San Diego dijeron que le habían quitado las esposas a Hernández-Rojas y que se puso violento, por lo cual un agente utilizó un arma de electrochoque.

Pero los testigos y unas grabaciones de video del incidente muestran que las manos de Hernández-Rojas estaban sujetadas detrás de su espala. Se encontraba tendido en el piso, gritando y pidiendo ayuda, rodeado por una docena de agentes mientras le daban choques eléctricos, y murió.

Un poco más reciente, el residente de Nogales, Arizona, que llamó al 911 y que desató la cadena de eventos que resultaron en la muerte de José Antonio Elena Rodríguez al otro lado de la frontera, dijo que nadie lo ha llegado a entrevistar. Marco González, un locutor de radio que vive en la frontera, llamó al 911 el 10 de octubre por la noche para informarle a la policía que unas personas se habían cruzado la cerca fronteriza y estaban en su patio y en una calle vecina. Un poco después, vio que unos agentes de la Patrulla pasaron en sus vehículos y luego escuchó los disparos. Ni la policía de Nogales, ni la Patrulla Fronteriza, ni el FBI lo contactaron.

Es poco probable que un agente que le dispare a alguien sea procesado o disciplinado internamente.

La Patrulla Fronteriza se rehusó a comentar si los agentes en los seis casos de balaceras recientes del sur de Arizona habían sido reprendidos.

"Las acciones administrativas y disciplinarias de nuestros empleados no se hacen públicas", dijo el vocero Brooks en un correo electrónico.

Los agentes se benefician de la suposición que existe de que actuaron correctamente, y el umbral de procesamiento es más alto para ellos en comparación al del resto de los ciudadanos.

"A los oficiales se les da el beneficio de la duda, no solamente por el jurado y los ciudadanos americanos sino también dentro de las oficinas del Fiscal de Distrito y el Fiscal de Estados Unidos", dijo Johnny Sutton, quien fue fiscal de Estados Unidos para el distrito Occidental de Texas del 2001 al 2009.

Como fiscal de Estados Unidos, Sutton declaró varias balaceras de agentes como justificadas, comentó, pero su oficina también encarceló a dos agentes de la Patrulla Fronteriza. En el 2005, los agentes Ignacio Ramos y José Compeán le dispararon a un narcotraficante desarmado que estaba huyendo. Su procesamiento y sentencia causaron un reproche a nivel nacional hasta por personalidades de la televisión. El presidente Bush les redujo sus sentencias en su último día de gobierno.

Aparte del beneficio de la duda que se les da, es menos probable que sean acusados, en primer lugar por el simple hecho de que son oficiales. Es más difícil ganar un caso contra un policía.

Rheinheimer, procurador del Condado Cochise, presentó una demanda contra el agente de la Patrulla Fronteriza Nicholas Corbett en el 2008. Argumentó que la muerte en el 2007 de un inmigrante indocumentado por el agente era injustificada y un crimen, y por lo tanto un homicidio de segundo grado.

Se realizaron dos juicios, en ambos el jurado quedó sin veredicto y finalmente Rheinheimer abandonó el caso.

El sindicado de los agentes de la Patrulla Fronteriza criticó a Rheinheimer por procesar al agente, y dijeron que "se dejó influenciar por el gobierno mexicano y por los grupos radicales con intereses especiales".

Isabel García, una abogada y activista de los derechos civiles, le echó la culpa a la falsa idea que tiene el público de que la frontera es una zona de guerra.

"Aun cuando se hace lo que se debería -un procesamiento completo-, verdaderamente es difícil eliminar esa impunidad", comentó. "El público es muy ignorante. Cree todo lo feo, entonces, obviamente les dan a los agentes una inmunidad total".

Contacte a Tim Steller al 520 807-8427 o en tsteller@azstarnet.com

ENGLISH

Just two months after a Border Patrol agent shot her 16-year-old son in Nogales, Sonora, Araceli Rodríguez Salazar sensed silence spreading over the case.

"I'm tired of crying. I'm tired of waiting. I want justice," she said on a recent afternoon, standing outside her humble home on a downtown hillside.

If the pattern holds, she'll be waiting much longer.

Even as the number of shootings by agents increases, the system for holding them accountable remains complicated and opaque, leaving the public in the dark about the status of the cases, an Arizona Daily Star investigation has found. One Arizona case has remained secret and "ongoing" for almost three years.

Questions have sharpened after agents shot people who apparently weren't threatening them at least twice in Arizona over the last two years.

In the few cases when agents have been prosecuted in Arizona, they've won. That may be because the shootings were justified, but the secrecy of the process means the public may never know.

As questions of accountability grow louder, shootings by Border Patrol agents continue - primarily in Arizona. In the last three years agents have shot at least 22 people nationwide. Nine of those cases have been in Southern Arizona - four in the last two months and two just last week.

On Dec. 2, a Border Patrol agent in the Baboquivari Mountains killed an apparent illegal immigrant - 19-year-old Guatemalan Margarito Lopez Morelos - who, the agency said, struggled with an agent. Two days later, Dec. 4, an agent southwest of Gila Bend shot and wounded a man who, the agency said, brandished a weapon.

Since January 2010, there have been at least six cross-border shootings by agents, including the one that killed Rodríguez-Salazar's son, José Antonio Elena Rodríguez. When killed, he was on a sidewalk across the 36-foot-wide street along the border.

Two people were on the border fence when agents arrived at about 11 p.m. Rocks flew, though police reports leave it unclear who threw them, and at least one agent fired into Mexico.

Elena Rodríguez was hit at least seven times - twice in the head and five times in the back. The walls next to him were pocked with bullet holes.

"What would have happened if a Sonoran police officer had opened fire and shot a 16-year-old walking along the street in Arizona?" asked Kat Rodríguez of the Coalición de Derechos Humanos, a human-rights advocacy group in Tucson. "We all know the response would be very different, and it shouldn't be."

Border Patrol agents are taught to use deadly force only when they or someone else are threatened with death, agency spokesman Bill Brooks said. However, officers everywhere must always have "target discrimination" and fire only at the person posing the threat, said Dave Klinger, an associate professor of criminal justice at the University of Missouri-St. Louis.

"If I've got a guy shooting at me, I don't get to send rounds downrange at the general area," said Klinger, who himself shot and killed a man when he was a Los Angeles police officer.

The same rules apply to rock-throwing, Klinger and others said. The closer the thrower, the more likely it poses an imminent threat.

On March 21, 2011, an agent shot and killed 19-year-old Carlos LaMadrid in Douglas. Local police had chased LaMadrid to the border fence, where a Border Patrol vehicle collided with the one LaMadrid was driving, Cochise County sheriff's reports show.

LaMadrid and a passenger began climbing a ladder friends had put against the fence, and at the same time someone atop the fence began throwing rocks at the agent. The agent fired and killed LaMadrid as he climbed the ladder. The rock throwers escaped into Mexico.

Cochise County Attorney Ed Rheinheimer said he has made a decision about whether to prosecute the agent in the LaMadrid case, but he is waiting until federal authorities make their call so as not to influence their decision.

The FBI, Department of Homeland Security inspector general, the Border Patrol's critical incident team and the Customs and Border Protection Internal Affairs branch all may respond to any shooting by a Border Patrol agent.

The U.S. Attorney's Office oversees the investigation, and local police agencies may also investigate whether state laws were broken. In Elena Rodríguez's case, the Sonoran state police responded on their side of the border.

Who's in charge, and what happens from there? That's a tougher question.

Even Jim Calle, a Tucson attorney whose job is to defend Border Patrol agents involved in shootings or accused of misconduct, can't pinpoint the process.

"I've been doing this for more than a decade, and it's still confusing to me," Calle said. "That's how the federal government operates. They're slow. It's opaque, and they (the investigations) are always difficult."

"There are times when the public never learns about the shooting, never mind the process," he added.

The families of those killed and others find it hard to believe the cases are well-investigated because they can't see it. One of the families stuck in the process is that of Ramses Barron Torres, killed on the Mexican side of the border fence in Nogales, Sonora, by a Border Patrol agent on Jan. 5, 2011.

An FBI spokesman said at the time that Border Patrol agents were trying to arrest drug smugglers when people started throwing rocks at them. Sonoran police said Barron Torres was climbing on the south side of the border fence when shot. It's unclear whether he was a rock thrower.

Now, 23 months later, he FBI says the investigation is ongoing.

Another case has been open even longer: Jorge Solis Palma was shot on Jan. 4, 2010, after, agents said, he threw rocks at them. The Cochise County Attorney's Office cleared the agent two months later, but the FBI still considers it "an ongoing matter" almost three years later.

In the days after Barron Torres was shot, "there were reporters from here, reporters from over there," his mother, Zelma, said in Spanish. "After a few days, they disappeared. Up till now, I don't know anything."

When a Tucson police officer or a Pima County sheriff's deputy shoots and kills somebody, the process is mostly transparent and typically quick.

Both agencies make it a rule to inform the public of the incident quickly and include the officer's name. The Border Patrol keeps the names of agents involved in shootings secret. The LaMadrid had to obtain a court order to force the federal government to reveal the name of the agent who shot the boy so they could serve him with legal papers.

FBI agents enter Border Patrol shooting cases impartially. But the way some cases proceeded left witnesses with doubt.

On June 7, 2010, Border Patrol agents in San Diego killed Anastasio Hernandez-Rojas as they were expelling him from the country into Tijuana. In a press release, San Diego police said agents had uncuffed Hernandez-Rojas and he became violent, causing an agent to use a taser to subdue him.

But witnesses say, and video recordings of the incident show, Hernandez-Rojas's hands were restrained behind his back and he was lying on the ground, screaming for help, as about a dozen agents stood over him, when he was tased and died.

More recently, a Nogales, Ariz., resident whose 911 call started chain of events that led to the killing of Jose Antonio Elena Rodríguez across the border, said no one has interviewed him.

Marco Gonzalez, a radio announcer who lives along the border, called 911 the night of Oct. 10 to tell police that people had jumped the border fence and were moving through his yard and a neighboring street. Soon after, he saw border agents drive by, then heard gunshots.

Neither Nogales police nor Border Patrol agents nor the FBI contacted him.

An agent who shoots somebody is unlikely to face prosecution or even internal discipline.

The Border Patrol declined to say whether the agents in any of the six recent Southern Arizona shooting cases were reprimanded. "Administrative and disciplinary actions of our employees are not made public," agency spokesman Brooks said in an email.

Agents enjoy an assumption that they're in the right, and they face a higher threshold for prosecution than the average citizen.

"Law enforcement officers are given the benefit of the doubt, not only by juries and American citizens, but inside DAs' and U.S. attorneys' offices," said Johnny Sutton, who was U.S. attorney for the western district of Texas from 2001 to 2009.

As U.S. attorney, Sutton ruled many shootings by agents justified and denied prosecution, he said, but his office also put two Border Patrol agents in prison. In 2005, agents Ignacio Ramos and Jose Compean shot an unarmed drug trafficker who was running away. Their conviction and sentencing prompted a nationwide outcry led by television personalities. President Bush commuted their sentences on his last day in office.

Beyond the benefit of the doubt officers receive, their jobs make them less likely to be charged in the first place. It's simply harder to win a case against a cop.

Cochise County Attorney Rheinheimer brought a second-degree murder case against Border Patrol Agent Nicholas Corbett in 2008, arguing Corbett's January 2007 killing of an illegal immigrant was unjustified and a crime. There were two trials, two hung juries and finally Rheinheimer dropped the case.

The Border Patrol agents union lambasted Rheinheimer for prosecuting, saying "he let undue influence from the Mexican government and the radical special-interest groups taint his decision-making ability."

Longtime Tucson civil-rights activist Isabel Garcia, an attorney, laid the blame for the loss on the public's misconception of the border area as a war zone.

"Even when we get what we should get - full prosecution - it's really hard to break that impunity," she said. "The public is very ignorant. They believe all the ugly stuff, so of course they give the agents full immunity."

Contact reporter Tim Steller at 807-8427 or tsteller@azstarnet.com

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