Por Curt Prendergast

Arizona Daily Star / La Estrella de Tucsón

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, prometió una dramática represión contra la inmigración ilegal cuando anunció el comienzo de la “era Trump” en la frontera.

“El desorden, la renuncia al deber de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y la práctica de detener y liberar se han terminado”, dijo Sessions a la prensa el 11 de abril desde el puerto de entrada Mariposa en Nogales.

Cuatro meses después del discurso de Sessions y siete meses después de que el presidente Trump emitió órdenes ejecutivas sobre la seguridad fronteriza, algunas dependencias del gobierno federal están cambiando sus políticas en el sur de Arizona para cumplir esas órdenes. Sin embargo, hasta ahora las políticas de la era Trump se han traducido sólo en ajustes a la maquinaria fronteriza creada por los gobiernos de Bush y Obama, y no en un rumbo nuevo y radicalmente distinto.

No se han aprobado nuevas leyes que afectarían los esfuerzos de seguridad de agentes del Sector Tucsón de la Patrulla Fronteriza. El Congreso no ha aprobado los fondos para contratar a 10 mil nuevos agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ni a los cinco mil agentes de la Patrulla Fronteriza que Trump quiere contratar.

Y el plan insignia del presidente de un “grande y hermoso muro” parece estar reduciéndose a sólo adiciones y mejoras a la mitad de los 3,200 km (2,000 millas) de la frontera entre Estados Unidos y México. Cuatro empresas de construcción fueron seleccionadas para crear prototipos y la Cámara de Representantes aprobó 1,600 millones de dólares para una valla en California y diques y valla en Texas.

Arizona cuenta con 482 km (300 millas) de valla fronteriza, así como sensores, cámaras y casi cuatro mil agentes de la Patrulla Fronteriza.

Dos cosas han cambiado en la era Trump: Los cruces ilegales han disminuido, aunque vienen a la baja desde hace años, y ha crecido la moral de las agencias federales de inmigración.

Los sindicatos de ICE y la Patrulla Fronteriza emitieron una declaración conjunta en enero diciendo que las órdenes ejecutivas sobre la seguridad fronteriza son “acciones rápidas y decisivas” y “han elevado exponencialmente la moral de nuestros agentes y oficiales”.

En los meses anteriores a la toma de protesta de Trump como presidente, los arrestos de personas cruzando la frontera sin autorización se elevaron en un tercio por un breve periodo. Pero en cuanto Trump asumió el cargo, los arrestos se desplomaron a niveles no vistos desde los años noventa.

La caída reciente en las detenciones se dio después de una reducción en el Sector Tucsón que pasó de casi 500 mil arrestos en el año fiscal 2004 a sólo 65 mil en el año fiscal 2016, según datos de la Patrulla Fronteriza. A dos meses de que termine el año fiscal 2017, agentes del Sector Tucsón han realizado arrestos de personas cruzando la frontera ilegalmente en 32,700 ocasiones.

Juicio desde la primera vez

A pesar de la dramática disminución de los arrestos, la población promedio en los centros federales de detención en Arizona no ha cambiado mucho desde el año pasado.

Las personas detenidas por la Patrulla Fronteriza por cruzar la frontera ilegalmente antes representaban 80 por ciento de la población en custodia de ICE en el sur de Arizona, según datos de esa agencia reportados por el Arizona Daily Star en el 2014. Con la caída de los cruces ilegales, los oficiales de ICE tienen más tiempo para ejecutar arrestos en cárceles locales o después de audiencias en las cortes de inmigración y más espacio en centros de detención.

Ahora la proporción está prácticamente dividida a la mitad entre los arrestos cerca de la frontera y los arrestos en el interior del estado, dijo Henry Lucero, director de la oficina de Ejecución y Operaciones de Deportación de ICE en Phoenix.

“Ahora aplicamos la ley con casi cualquier persona que encontramos, aunque seguimos enfocándonos en el aspecto delictivo”, dijo Lucero.

La Patrulla Fronteriza también ha cambiado su postura. Antes, los agentes deportaban rápidamente a quienes habían cruzado la frontera por primera vez o les daban un aviso para comparecer ante la corte, una práctica conocida como “detener y liberar”.

El gobierno de Obama dejó de presentar cargos criminales contra ese grupo en el Sector Tucsón hace varios años. Pero después de que Trump asumió el cargo, Sessions emitió una directriz para endurecer la aplicación de leyes contra aquellos que cruzaban la frontera por primera vez, lo cual —combinado con una escacez de expedientes debido a la baja en las detenciones durante la primavera— llevó a los fiscales a comenzar a presentar cargos criminales el 22 de mayo.

El 16 de agosto, 43 personas que habían cruzado por primera vez se encontraban entre los 72 detenidos expuestos ante un juez federal magistrado en Tucsón. Recibieron sentencia y fueron deportados con una marca negra en sus expedientes que los llevará a prisión si son atrapados de nuevo.

En los últimos tres meses, cerca de la mitad de las tres mil 400 personas en Tucsón que pasaron por el programa de enjuiciamiento rápido, conocido como Operación Streamline, habían cruzado por primera vez, según las programaciones de la corte.

Esta nueva línea de endurecimiento contra quienes cruzan por primera vez contribuyó a un incremento del 35 por ciento en los juicios de inmigración en las cortes federales de Arizona entre mayo y junio, según datos del Departamento de Justicia recopilados por el Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse.

Sin embargo, los mil 700 juicios de inmigración del mes de junio todavía quedaron rezagados en 4 por ciento respecto a los procesos de junio de 2016. Desde 2012, esos juicios en Arizona han bajado 54 por ciento, muestran los mismos datos.

Aceleran los expedientes

Al otro lado de la calle Congress, casi frente a la corte federal en Tucsón, 12 inmigrantes tomaron su turno ante un juez de inmigración el 22 de agosto.

Hablando en español al juez Sean H. Keenan y sin la presencia de un abogado, una mujer mexicana dijo que cruzó la frontera legalmente por Nogales hace 18 meses y permaneció después del vencimiento de su visa.

ICE quería deportarla, pero ella dijo que alguien en México la amenazó con secuestrar a su hija de 10 años, quien nació en Estados Unidos. Dado que su hija es ciudadana estadounidense, Keenan le dijo que ella podría ser elegible para la residencia permanente y programó su próxima audiencia para abril del 2018.

Un hombre pidió en inglés tiempo al juez para encontrar un abogado, pero considerando que la primera comparecencia de ese hombre en la corte fue en el año 2013, Keenan rechazó su petición. El hombre entregó una petición de asilo y salió de la sala de la corte acompañado de una mujer y un niño. Su próxima audiencia será en mayo del 2018.

Los casos civiles de inmigración suelen alargarse por varios años. En todo el país, los casos pendientes han permanecido activos por un promedio de 672 días, lo cual es un obstáculo importante a la meta del gobierno de Trump de aumentar las deportaciones.

Hasta el mes de junio, los 679 casos pendientes en la corte federal de inmigración en Tucsón, que se encarga de casos de personas que no están en custodia, llevaban un promedio de 573 días activos, según datos de la Universidad de Syracuse.

La administración de Obama intentó eliminar el rezago estableciendo prioridades para los fiscales, quienes estarían de acuerdo en cerrar casos de personas que no representan un riesgo a la seguridad pública.

La solución de la administración de Trump es eliminar las prioridades de la era Obama, contratar más jueces de inmigración y darles la instrucción de resolver los casos lo más rápido posible.

Decenas de nuevos jueces han sido contratado a lo largo del país, incluso uno en Eloy y otro en Florence, en Arizona. Y el 31 de julio, el juez principal de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración les dio a los jueces la instrucción de acelerar los procedimientos dejando de conceder pedidos de aplazamiento que permiten que los casos se prolonguen durante años.

Jueces de inmigración en Tucson están haciendo justamente eso, dijeron tres abogados locales de inmigración. Para una de ellos, Doralina Luna, “esto roza en lo ridículo”.

Dijo que los abogados de ICE generalmente se oponen a sus peticiones, incluso cuando ella tiene un conflicto de horario con otras cortes. Lucero respondió que los representantes de ICE se presentan a la corte bien preparados, pero los abogados de inmigrantes a veces intentan retrasar los procedimientos, especialmente cuando se trata de clientes que no están bajo custodia.

Detener y liberar

Funcionarios del gobierno de Trump han prometido acabar con la práctica de detener y liberar, como sucedió en el discurso de Sessions en Nogales, Arizona, y en un memorando del entonces secretario de Seguridad Interna John Kelly.

Pero en una transmisión de “La Línea Verde”, un programa de radio de miembros del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, agentes dijeron el 10 de julio que la práctica de detener y liberar “está regresando”, porque el gobierno de Trump está siendo “saboteado” por funcionarios de Seguridad Interna que vienen desde la administración de Obama.

Un locutor de La Línea Verde no respondió a la petición de comentarios del Arizona Daily Star.

Los agentes del Sector Tucsón “aplican el mejor curso de acción para responsabilizar a todos por sus violaciones”, dijo la oficina de asuntos públicos del sector en respuesta a preguntas del Arizona Daily Star sobre la discusión de La Línea Verde.

“No todos los casos merecen enjuiciamiento o detención, pero se considera el bienestar de los detenidos y de los estadounidenses en los procedimientos de inmigración realizados por nuestros oficiales”, escribió la dependencia.

Un oficial de ICE en Texas le contó a la agencia de noticias Reuters en junio que la dependencia no había recibido nuevas instrucciones en relación a la práctica de detener y liberar y que seguía liberando a personas consideradas de bajo riesgo.

El senador Jeff Flake, republicano de Arizona, mandó una carta a Kelly el 26 de julio cuestionando sobre una “desconexión entre el liderazgo de Seguridad Interna y los agentes de la Patrulla Fronteriza en la línea” con respecto al proceso de detener y liberar. Preguntó cuándo se acabará esa práctica.

En lugar de dar avisos de comparecencia en corte a los inmigrantes indocumentados, los agentes pueden deportarlos rápidamente a través de un proceso conocido como deportación acelerada (expedited removal). Kelly instruyó a los agentes en la frontera a aplicar la deportación acelerada, excepto en los casos en que la persona detenida sea un niño sin la compañía de un adulto, que tenga planes de pedir asilo o declare que cuenta con estatus legal. También expandió el uso de la deportación acelerada desde la zona fronteriza a todo el país.

La deportación acelerada sigue relativamente sin cambios en el Sector Tucsón desde 2012. La práctica aún se aplica en casi la mitad de las detenciones del sector, según datos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Entre octubre de 2016 y junio de 2017, de las 30 mil 500 detenciones que han realizado agentes locales, 13 mil 500 han derivado en deportaciones aceleradas.

La frontera que viene

Algunos artículos de los memorandos de funcionarios del gobierno de Trump no se han implementado todavía, como la orden de Kelly de ampliar los espacios de detención cerca de la frontera “al máximo posible”, lo cual haría crecer aún más una industria de aproximadamente 200 millones de dólares anuales en el Sur de Arizona, como reportó el Star el 21 de mayo.

Sessions emitió una directriz para presentar cargos en más casos de transportación de personas indocumentadas, pero es probable que eso afecte más a ciudadanos estadounidenses que a extranjeros. Datos de CBP muestran que 74 por ciento de los coyotes arrestados en la frontera en el año fiscal 2015 eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, como reportó el Star en octubre del 2016.

Otras directrices presentan interrogantes importantes: ¿Cómo afectará la orden de Kelly de deportar centroamericanos a las ciudades fronterizas de México en lugar de enviarlos a sus países de origen? ¿Qué pasará con los niños traídos de contrabando a Estados Unidos cuando agencias federales presenten cargos contra sus padres por contratar coyotes?

Estas y otras preguntas siguen sin respuesta. Lo que es cierto es que hasta ahora la máquina de seguridad fronteriza construida por los predecesores de Trump ha tanto facilitado -por medio del aumento de agentes y tecnología- como obstaculizado -por medio de la acumulación de expedientes en las cortes de inmigración- el endurecimiento contra la inmigración indocumentada prometido por Trump.