PHOENIX.— Seis empleados estatales relacionados con los casi seis mil 600 reportes de abuso infantil ignorados fueron despedidos de sus cargos el pasado miércoles 23 de abril.

Charles Flanagan, jefe de la nueva División de Seguridad Infantil y Servicios Familiares (antes conocida como CPS), dijo que cinco de ellos eran supervisores de alto rango que trabajaban en la sede principal de la agencia en el estado, en Phoenix, quienes eran parte de un equipo especial acusado de no dar seguimiento a los casos en el Servicio de Protección al Menor.

Dijo que se determinó que estas personas fueron fundamentales en la creación de una política que provocó que los empleados ignoraran las leyes estatales que exigen que todas las quejas sean investigadas.

Los despidos, dijo Flanagan, se dieron después de una exhaustiva investigación realizada por el Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) del estado, la cual arrojó que estas personas eran las principales responsables.

Habían estado con licencia administrativa por varios meses.

Por separado, Clarence Carter, directora del Departamento de Seguridad Económica (DES), despidió a una sexta empleada que había sido subdirectora de programa en esta dependencia. El reporte de Seguridad Pública dice que ella había supervisado al CPS y que sabía que las quejas no estaban siendo investigadas.

Terry Woods, abogado de los cinco ex empleados despedidos del CPS, dijo que sus clientes son chivos expiatorios de problemas mayúsculos dentro de la dependencia.

Él sabe que todos pueden ser despedidos sin razón alguna, pero Woods dijo que la Corte Suprema de Arizona ha descartado incluso a aquellos sin méritos de protección para que puedan demandar si son despedidos por una razón contraria a las políticas públicas que deben seguir.

Y dijo que despedir a alguien para culparlo de un problema que es mucho mayor dentro de la dependencia y por seguir órdenes de Sergent, quien era su supervisor, sin duda encaja en esa definición.

Flanagan dijo que el reporte de Seguridad Pública no encontró evidencia de que Carter, quien estaba al frente de Servicios de Protección al Menor hasta que la gobernadora Jan Brewer lo destituyó el año pasado, tuviera conocimiento de la política extraoficial de marcar los casos como “NI”: No para Investigación.

Flanangan no quiso hacer comentarios sobre si considera que Carter, quien permanece a cargo de otras operaciones del Departamento de Seguridad Económica, debería de haber estado enterado de lo que sucedía en el CPS.

Flanagan dijo que aparentemente hubo más gente involucrada en la política de ignorar la ley, o que al menos estaban enterados. Pero dijo que estas personas dejaron la dependencia antes de que la situación se descubriera en noviembre pasado.

También dijo que el reporte de Seguridad Pública muestra que no hay evidencia de que las cinco personas que trabajaban en lo que antes se llamaba Servicio de Protección al Menor hayan actuado con mala intención.

“Al parecer, lo que ellos intentaban era liberarse de una parte de la carga de trabajo”, dijo, pues las quejas por abuso y negligencia llegan mucho más rápido de lo que los trabajadores sociales pueden procesarlas.

ENGLISH VERSION

PHOENIX — Six state workers associated with having nearly 6,600 reports of child abuse ignored were fired Wednesday, April 23.

Charles Flanagan, head of the new Division of Child Safety and Family Services, said five were upper-level managers working in the agency’s main office in Phoenix, who were part of a special team charged with handling the backlog of cases at Child Protective Services.

He said they were found to have been instrumental in creating a policy that resulted in workers ignoring state laws that require all complaints be investigated.

The firings came after an extensive investigation by the state Department of Public Safety, he said — an investigation that found these were the people most responsible. They had been on administrative leave for months.

Separately, Clarence Carter, director of the Department of Economic Security, fired a sixth employee who had been deputy director of programs at his agency. The DPS report said she had oversight of what had been Child Protective Services and that she was aware that complaints were not being investigated.

Terry Woods, attorney for the five fired former CPS workers, said his clients are scapegoats for larger problems at the agency.

He acknowledged all could be fired for no reason at all. But Woods said the Arizona Supreme Court has ruled even those without merit protections can sue if they are fired for a reason contrary to public policy.

And Woods said firing someone to assign blame for a larger problem at the agency, and for following orders from Sergent, who was their supervisor, certainly fits that definition.

Flanagan said the DPS report found no evidence that Carter, who was in charge of Child Protective Services until those duties were removed from him last year by Gov. Jan Brewer, knew of the unofficial policy of marking cases “NI” — “not for investigation.”

Flanagan would not comment on whether he thought Carter, who remains in charge of other DES operations, should have been aware of what was going on at CPS.

Flanagan said there appear to have been others involved in the policy of ignoring the law, or at least aware of it. But he said they left the agency before the lapse was discovered last November.

He also said the DPS report showed no evidence of a malicious intent by the five, who had been working at what was Child Protective Services.

“It appears what they were trying to do is take some of the workload off of the field,” he said, with abuse and neglect complaints coming in faster than caseworkers could handle them.