Desde que se empezó a correr la voz sobre la posibilidad de que los salvadoreños pierdan una forma de protección de su estatus, Juan Pineda ha luchado contra una gran pregunta:

Si tiene que irse de este país, ¿llevará a sus dos hijos ciudadanos norteamericanos a uno de los países más violentos del hemisferio occidental, o los dejará en Tucsón para que sean criados por familiares?

“Esta es una situación difícil para muchos”, dijo este papá soltero desde su casa en Tucsón. “La gente necesita ponerse en nuestros zapatos para que puedan imaginar lo que es dejar todo lo que uno tiene”.

Alrededor de 200 mil salvadoreños de todo el país, entre ellos mil 800 de Arizona, enfrentan dilemas similares tras la decisión tomada a principios del año por el Departamento de Seguridad Nacional de revisar el Estatus de Protección Temporal, o TPS, de los centroamericanos.

Este programa, fundado en 1990 bajo el gobierno de Bush, no otorga a los beneficiarios un estatus legal, pero permite a la gente vivir y trabajar en Estados Unidos mientras las condiciones en su país de origen se consideran inestables debido a conflictos armados o a desastres naturales.

En los meses pasados, el DHS terminó esa protección a más de 2,500 nicaragüenses y a 59 mil haitianos, mientras que pospuso la decisión final para los hondureños. Se espera que a principios de enero se dé a conocer el destino de los salvadoreños.

Mientras esperan a ver qué les depara el destino a ellos y a sus familias, grupos de salvadoreños en Arizona se están uniendo para realizar mítines, organizar viajes a Washington D.C. y a El Salvador, y trabajando con el Consulado de El Salvador y abogados locales de migración en el intento de convencer a los legisladores de no removerles el estatus que, según dicen ellos mismos, les ha dado una vida mejor.

La incertidumbre, dijo Pineda, “afecta todos los aspectos de tu vida”. Él ha tenido la protección temporal desde el 2001, cuando se hizo disponible por primera vez para los salvadoreños después de una serie de terremotos en ese país. También es miembro de Salvavision en Tucsón y trabaja con ese grupo para ayudar a organizar eventos futuros para recaudar ingresos y crear conciencia sobre la ayuda humanitaria temporal.

También van a llegar directamente a los representantes federales. En octubre, el cónsul general con sede en Tucsón Germán Álvarez Oviedo, junto con integrantes del grupo caritativo Salvavision Rescue, consiguió recursos para llevar a El Salvador al senador estatal Steve Montenegro, donde realizó un recorrido por hospitales, escuelas y albergues. El republicano inmigró desde El Salvador cuando tenía 4 años.

“Tenemos la esperanza de que después de ver el país de primera mano, apoyará nuestros esfuerzos”, dijo Álvarez. Políticos de El Salvador están programados para visitar a los representantes de Arizona este mes para argumentar a favor de una extensión del TPS. “Intentamos mostrar que los efectos emocionales y económicos (de regresar a El Salvador) serían devastadores para esta gente. Ellos tienen empresa, negocios –no son una carga para Estados Unidos”.

Además de pagar por los permisos de trabajo, de tener varios empleos y de pagar miles de dólares en impuestos cada año, las personas que tienen TPS tienen que pagar unos 500 dólares cada 18 meses para renovar su estatus, dijo Pineda. Estas personas no son elegibles para recibir beneficios otorgados por el gobierno como estampillas para comida, y pierden el Estatus de Protección Temporal si tienen historial delictivo.

“La gente tiene que entender que no estamos perjudicando a este país”, dijo este empresario, quien da empleo a varias personas. “Nosotros nos hacemos responsables de nosotros mismos”.

Aunque la decisión del Departamento de Seguridad Interna de este año representa la primera vez que un país centroamericano pierde su Estatus de Protección Temporal, no es la primera vez que un gobierno ha revocado el estatus a determinada nación. Los países africanos de Guinea, Liberia y Sierra Leona perdieron su estatus de protección en abril después de dos años de tenerlo, de acuerdo con la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). En 2009, la administración de Obama canceló el mismo estatus a los inmigrantes de Burundi, después de 12 años. Hubo otros países que perdieron la protección durante los gobiernos de Bush y Clinton.

Pero a diferencia de los inmigrantes de esos países, muchos salvadoreños –el grupo más grande de beneficiarios del TPS- han tenido esta protección la mayor parte de su vida. Muchos se han casado con ciudadanos norteamericanos, han tenido y criado hijos aquí, comprado casas y establecido negocios. Esto hace que la terminación del estatus sea más complicada desde la perspectiva legal, dijo la abogada de inmigración de Tucsón Claudia Arévalo.

“No hay muchas opciones”, dijo. Puesto que muchos salvadoreños receptores del estatus entraron al país sin documentos legales, muchos de ellos no reúnen los requisitos para ajustar su estatus, incluso si están casados con un ciudadano norteamericano.

Pero en el pasado ha habido casos en la corte en los que a un beneficiario del Estatus de Protección Temporal se le otorga la residencia, lo cual podría dar esperanza a otros, dijo Arévalo. “Lo que queremos hacer es tratar de encontrar vías para legalizar a estas personas, antes de que tengamos grandes números en los procesos de deportación debido a la pérdida del estatus”.

Para Karina Rodríguez, integrante de Salvadoreños Unidos de Phoenix (Salvadorans United in Phoenix), un camino legal a la residencia le permitiría criar a su familia en el único país que ella conoce. Llegó a Estados Unidos en 1997, cuando tenía tres años de edad, y no recuerda nada de sus primeros años en El Salvador. Igual que Pineda, ella cría sola a sus dos hijos, de 4 y 2 años de edad.

“No sé si los llevaría conmigo o qué pasaría”, dijo una tarde reciente mientras esperaba su turno para hablar con Arévalo, quien viajó de Tucsón a Phoenix para ofrecer consultas pro bono a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal.

Mucha gente que pierda el estatus probablemente decidirá quedarse en Estados Unidos aun sin documentos, dijo Rodríguez, para no tener que dejar aquí a sus hijos o llevárselos a un país en el que las pandillas han llevado los crímenes violentos a un índice extremadamente alto.

La tasa de homicidio en el año 2015 fue de 109 por cada 100 mil habitantes, según datos del Banco Mundial –esto en un país aproximadamente del tamaño del estado de Nueva Jersey. En comparación, la tasa de homicidios en Estados Unidos en ese mismo año fue de 5 por cada 100 mil habitantes.

“Sé que allá es inseguro, hay asesinatos y secuestros”, dijo Rodríguez, entrelazando y torciendo sus manos. “Pero (mis hijos) son todo lo que tengo”.

Para quienes han hecho su vida en Estados Unidos, hay un riesgo añadido al volver a El Salvador, dijo Arévalo.

“Los convierte en blanco para los maras (la pandilla)”, dijo. “Verán que se visten y actúan diferente, saben que tienen familia en Estados Unidos y asumirán que son gente con dinero a la que pueden secuestrar o explotar”.

Para Pineda, el bienestar de sus hijos es lo más importante. Le resulta difícil imaginar qué pasaría con ellos, o con su negocio, si él tiene que irse del que ha considerado su país por mucho tiempo, dijo.

“¿Puedo hacerme un bagel?”, le preguntó su hija de 10 años cuando entró a la cocina.

Pineda esperó hasta que ella salió de ahí, con su pan tostado, para seguir hablando.

Por el momento, él hace lo posible por mantener estos pensamientos sólo para sí mismo.

“Si les digo que quizá yo me tenga que ir, ellos preguntarán ‘¿Y nosotros qué?’”, dijo.

“¿Cómo le explicas esta situación a un niño?”.

Emily H. Ellis es estudiante de Periodismo en la Universidad de Arizona y aprendiz en La Estrella de Tucsón y el Arizona Daily Star. Contáctala en starapprentice@tucson.com