Soñadores quieren defender matrículas bajas

2013-11-23T18:00:00Z 2013-11-23T18:33:08Z Soñadores quieren defender matrículas bajasPor Howie Fischer Capitolio News Service Arizona Daily Star
November 23, 2013 6:00 pm  • 

PHOENIX. — Dos estudiantes solicitaron permiso para ayudar a defender al Distrito de Universidades Comunitarias del Condado Maricopa de una demanda que busca bloquear su política de proporcionar cuotas como residentes estatales a inmigrantes a los que el gobierno federal les ha concedido diferir su deportación.

Abel Badillo, estudiante del Colegio Comunitario de Glendale, y Bibiana Vásquez, de la Universidad de Phoenix, le solicitaron a un juez que les permita participar como demandados contra la demanda interpuesta por Tom Horne, procurador de Justicia de Arizona, que busca bloquear la política del distrito.

Los estudiantes dicen ser parte interesada en el desenlace de la demanda, que de resolverse en favor del secretario de Justicia representaría un incremento del 291 por ciento en las matrículas universitarias.

Los opositores de la política del distrito dicen que el extender las matrículas a precios reducidos a esos jóvenes viola una ley estatal que prohíbe que cualquier inmigrante no autorizado a vivir en Estados Unidos reciba prestaciones con dinero público.

En la documentación legal entregada el 19 de noviembre, los estudiantes sostienen que la conclusión de Horne de que ellos no entran en el estatus de residentes de Arizona es errónea. Horne demandó al Colegio Comunitario de Maricopa, que ha estado otorgando la matrícula reducida a los beneficiarios de la Acción Diferida.

El colegio se defiende de la decisión de Horne. Pero la Fundación Mexicoamericana por la Defensa Legal y Educativa (conocida en inglés como MALDEF), que representa a los estudiantes, sostiene que el colegio no puede estar tan interesado en ganar, porque si Horne vence, el colegio recibe más dinero por los mismos cursos.

“Dado que el Distrito de Colegios Comunitarios del Condado Maricopa tiene un incentivo económico que pudiera estar directamente opuesto a los intereses económicos de los solicitantes, posiblemente no defienda el caso tan vigorosamente como lo harían los solicitantes”, establece la petición de intervención.

Y más significativo aún, los estudiantes quieren contrademandar al estado alegando que sus derechos de protección equitativa y de un debido proceso están siendo violados.

Central para la lucha es la medida por votación que limita las cuotas de residente sólo a los ciudadanos y residentes legales. También niega cualquier forma de excepción en el pago de colegiaturas o inscripciones, becas, subsidios, ayuda financiera, o cualquier tipo de asistencia financiera que sea cubierta en parte o en su totalidad por el estado.

Y especifica que se debe cobrar una cuota más alta, como no-residente, a quienes están “sin un estatus migratorio legal”.

Los estudiantes representados por MALDEF han obtenido un permiso para trabajar legalmente en el país. Están entre los llamados Soñadores, que son inmigrantes indocumentados que fueron traídos al país siendo niños.

La abogada de MALDEF, Martha Gómez, dijo que la ley del 2006 también utiliza la frase “presencia legal”. Y consideró que los jóvenes que se han acogido al programa federal de la Acción Diferida y que han recibido documentación legal para trabajar, tienen presencia legal.

Pero la procuradora general adjunta, Leslie Cooper, quien está llevando el caso en contra del Colegio Comunitario Maricopa, dijo que el hecho de que se les permita permanecer sin miedo a ser deportados no es lo mismo que tener “presencia legal”.

El resultado de la demanda tendrá implicaciones más allá del Condado Maricopa.

Horne ya envió una carta al Colegio Comunitario Pima previniéndole que, también, podrían enfrentarse en la corte por la decisión de la Mesa Directiva de permitir a los estudiantes de la Acción Diferida que paguen cuotas reducidas como residentes estatales. Otros colegios comunitarios también podrían ser demandados.

Pero Pima aparentemente está listo para defender su política. Jeff Silvyn, consejero general del colegio, dice que él interpreta que la ley estatal permite a estudiantes con permisos federales de empleo pagar cuotas para residentes si cumplen con otros requisitos de residencia.

En los documentos legales, Gómez dice que los estudiantes merecen el derecho de defender la política de cuotas reducidas. Dijo que si Horne triunfa, los costos por sus clases casi se cuadruplicarán.

“Los costos mayores provocarían que los solicitantes tomaran menos clases, dejaran la escuela por un tiempo considerable, o abandonen por completo sus aspiraciones de seguir una carrera”, escribió Gómez.

ENGLISH

PHOENIX — Attorneys for two “Dreamers” want to defend the lower resident tuition their clients and others pay for community college, and to sue Attorney General Tom Horne for trying to take it away.

In legal papers filed Tuesday, Nov. 19, the students contend Horne’s conclusion that they do not qualify for in-state status is wrong. Horne sued Maricopa Community College, which has been granting the lower tuition.

The college is defending Horne’s decision. But the Mexican American Legal Defense and Educational Fund, representing the students, contends the college may not be terribly interested in winning because if Horne prevails, the college gets more money for the same courses.

“Because Maricopa County Community College District has an economic incentive that may be directly opposed to applicants’ economic interests, it may not defend the case as vigorously as applicants will,” the motion to intervene states.

Potentially more significant, the students want to countersue the state alleging that their equal protection and due process rights are being violated.

Central to the fight is the ballot measure that limits in-state tuition to citizens and legal residents. It also denies any form of waivers of tuition or fees, grants, scholarships, financial aid, tuition assistance or any other type of financial assistance that is paid in whole or in part by the state.

And it specifies higher nonresident tuition must be charged to those who are “without lawful immigration status.”

The students represented by MALDEF have been allowed them to work legally in this country. Dreamers are undocumented immigrants who came to this country as children.

MALDEF attorney Martha Gómez said the 2006 law also uses the phrase “lawful presence.” And she said those in the deferred-action program, having received work-authorization documents, are lawfully present.

But Assistant Attorney General Leslie Cooper, who is pursuing the case against Maricopa Community College, said being allowed to remain without fear of deportation is not the same as “lawful status.”

The outcome of the lawsuit will have implications beyond Maricopa County.

Horne already has sent a letter to Pima Community College warning that it, too, could wind up in court because of the board’s decision to allow students in the deferred-action program to pay the lower in-state tuition. Other community colleges could follow suit.

But Pima is apparently ready to defend its policy. Jeff Silvyn, the college’s general counsel, said he reads state law to allow students with federal work permits to pay in-state tuition if they meet other residency requirements.

In the legal papers, Gómez said the students deserve the right to defend the lower-tuition policy. She said if Horne prevails, their tuition would nearly quadruple for the exact same classes. “The added costs would likely cause applicants to take fewer classes, drop out of school for a discrete time, or abandon their career aspirations altogether,’ Gómez wrote.

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