Streamline, más caro el remedio que la enfermedad

Con esta Operación sentencian a todo indocumentado, lo que resulta oneroso para el gobierno
2013-03-29T00:00:00Z Streamline, más caro el remedio que la enfermedadPerla Trevizo Perla Trevizo La Estrella De Tucsón Arizona Daily Star Arizona Daily Star

Los casos penales pueden deambular por el sistema judicial durante años. Pero en el último lustro, con la Operación Streamline (Operation Streamline) más de 70 mil inmigrantes se reunieron con sus abogados en Tucsón, se enteraron de los cargos contra ellos, llegaron a un acuerdo declaratorio y fueron condenados por un juez. Todo en un solo día.

El objetivo es procesar a los inmigrantes que tengan antecedentes penales o que hayan sido deportados anteriormente, dijo Juan López, portavoz de la Oficina del Fiscal Federal en Arizona. Por lo tanto, la mayoría de las personas procesadas mediante la Operación Streamline encaran un cargo de traición o felonía si se trata de un reingreso ilegal al país, y un delito menor si es por primer ingreso ilegal, y son condenadas a entre 30 y 180 días en un centro de detención o una prisión.

Aunque no se conoce con exactud el costo del programa, se calcula que mantener a una persona presa durante un mes cuesta entre 2 mil 400 y 3 mil 500 dólares. Entre más tiempo pasa un inmigrante detenido, más cuesta al gobierno.

Hasta hace poco, a la mayoría de los inmigrantes se les permitía que regresaran voluntariamente a casa si no tenían antecedentes penales o si no habían reingresado ilegalmente en varias ocasiones.

En el 2005, la Operación Streamline se inició en el sector Del Río de Texas para crear una política de cero tolerancia y para desalentar la inmigración ilegal futura. El sector Yuma pronto hizo lo mismo y una versión del programa eventualmente fue adoptada por ocho de los nueve sectores a lo largo de la frontera del Sudoeste.

"La idea era que todos los arrestados fueran procesados por entrar ilegalmente o reingresar, y que fueran condenados y permanecieran un tiempo en prisión", dijo Heather Williams, defensora pública federal adjunta en Tucsón que se opone al programa.

Se creía que a la larga se correría la voz y otros no cruzarían.

De lunes a viernes -a excepción de los días festivos federales-, hasta 70 personas que cruzaron la frontera ilegalmente son llevadas cada día a la sala de procedimientos especiales del Palacio de Justicia Evo A. DeConcini, en el centro de Tucsón.

Hay un fuerte olor en la sala. La mayoría de los detenidos no han tenido la oportunidad de bañarse o cambiarse la ropa desde antes de haber cruzado el desierto. A la mayoría los procesan unos días después de que entran al país, pero algunos tienen que esperar más de una semana.

Cada uno se reúne con un abogado por unos 30 minutos antes de la audiencia diaria, que comienza puntualmente a la 1:30 p.m. La mayoría utiliza audífonos para escuchar los procedimientos traducidos al español.

Como parte de su acuerdo declaratorio, todos se declaran culpables de un delito menor, que lleva una pena de hasta seis meses y una multa de 5 mil dólares. Siempre aparece en su expediente una condena penal, y la deportación se utiliza en su contra si regresan de forma ilegal a Estados Unidos.

Dependiendo del número de deportaciones, a algunas personas se les puede prohibir entrar a los Estados Unidos legalmente hasta por 20 años. Si son condenados por un crimen, también puede que se les prohíba beneficiarse de una reforma migratoria.

Recientemente, en la Sala del Tribunal el juez llamó a los detenidos en grupos de cinco.

Los hombres se acercaron hacia los micrófonos al frente del juez, sus manos estaban esposadas y sus pies encadenados. El juez les preguntó nuevamente si entendían los cargos, que tenían derecho a un juicio y que estaban renunciando a ese derecho.

Después de que cada uno dijera que "sí", se dirigió a ellos de forma individual y les preguntó: "¿Cómo se declara ante el cargo de entrada ilegal, culpable o no culpable?".

"Culpable", respondió cada uno.

De los 39 hombres, 10 fueron condenados al máximo de 180 días, nueve a 30 días y el resto a un período intermedio entre los dos anteriores.

Cuando Operation Streamline comenzó en Tucsón, más del 70 por ciento de los mexicanos que se procesaron fueron sentenciados a "tiempo ya cumplido" en detención.

Según datos compilados por el Consulado de México en esta ciudad, para el año fiscal 2012 había sucedido lo opuesto. Cerca del 67 por ciento fueron condenados a tiempo en prisión, mientras que solamente el 30 por ciento fueron condenados a tiempo ya cumplido. Los casos del 4 por ciento fueron anulados, incluyendo los que eran menores de edad o que hablan una lengua indígena para la que no había un intérprete disponible.

Hasta la fecha de este año fiscal que comenzó el 1 de octubre pasado, más del 80 por ciento fueron condenados a detención, mientras que el 14 por ciento fueron condenados a tiempo ya cumplido.

Los datos del Consulado incluyen solamente a mexicanos. Aproximadamente el 80 por ciento de aquellos procesados bajo la Operación Streamline en Tucsón son de México, dijo Juan Manuel Calderón, cónsul de ese país en Tucsón.

Durante los 30 minutos que los abogados en Tucsón tienen para reunirse con sus clientes -en otros sectores puede ser menos tiempo-, los legalistas deben cerciorarse de que los inmigrantes entiendan sus derechos y determinar si hay razón para otorgarles asilo o estado de refugio, lo que permitiría que permanecieran en Estados Unidos.

También está el asunto del acuerdo declaratorio. La opción de declararse culpable de un delito menor beneficia a algunos, pero permite que el fiscal determine el tiempo de detención, dijo Williams. No obstante, es una buena opción para los detenidos, dijo el juez Velasco.

En la sala del tribunal, Mauricio Aparicio pidió permiso para dirigirse al juez.

"Quiero saber si usted puede reducir mi sentencia, porque mis padres dependen de mí. Mi padre es diabético y no sé qué van a hacer sin mí todo este tiempo", dijo en español.

"Siento la situación de su familia y la salud de su padre, pero no puedo reducir su sentencia o los términos de su acuerdo declaratorio", le dijo el juez.

Enseguida le preguntó si deseaba proceder.

"Sí," dijo Aparicio.

Lo condenaron a 105 días.

Contacta a Perla Trevizo en ptrevizo@azstarnet.com o al 573-4213. En Twitter: @Perla_Trevizo.

Criminal cases can wind through the court system for years. But in "Operation Streamline," more than 70,000 undocumented immigrants over the past five years have met with their attorneys in Tucson, heard the charges against them, accepted a plea and been sentenced by a judge - all in one day.

The focus is on prosecuting illegal crossers who have prior criminal records or have been deported before, said John Lopez, spokesman for the U.S. Attorney's Office in Arizona. As a result, most people prosecuted through Operation Streamline face a felony charge of reentering the country illegally and a misdemeanor of illegal entry and are sentenced to 30 to 180 days in a detention center, jail, or prison.

The cost of the program is not fully known, but it costs $2,400 to $3,500 to incarcerate an inmate for a month. The longer illegal immigrants spend in detention, the more the government spends.

Until recently most people who crossed the border illegally were allowed to return home voluntarily if they didn't have a criminal record or a high number of prior illegal entries.

In 2005, Operation Streamline was created in the Del Rio sector in Texas to create a zero-tolerance policy and discourage future illegal immigration. The Yuma sector soon followed and a version of the program eventually was adopted in eight of the nine sectors along the Southwest border.

"The idea was that everybody who would be arrested would be prosecuted with an illegal entry or reentry, hopefully have a conviction and get some time to serve in prison," says Heather Williams, assistant federal public defender in Tucson and an outspoken opponent of the program.

Eventually, the theory went, word would get back to their home country and discourage others from crossing illegally.

Every Monday through Friday - except for federal holidays - up to 70 people who crossed the border illegally are brought to the special-proceedings courtroom in downtown Tucson's Evo A. DeConcini Courthouse.

A heavy stench hangs in the air. Most detainees haven't had a chance to bathe or change clothes since they began their trek across the desert. The majority are prosecuted a few days after they entered the country, but for a few it can be more than a week.

They each meet with an attorney for about 30 minutes before the daily hearing, which starts promptly at 1:30 p.m. Most wear head phones to hear the proceedings translated into Spanish.

As part of their plea agreement, they all plead guilty to the misdemeanor, which carries a penalty of up to six months and a $5,000 fine. A criminal conviction will always be on their record and the deportation will be used against them if they enter the United States illegally again.

Depending on the number of deportations, people can be barred from legally entering the United States for up to 20 years. Being convicted of a crime may also bar them from benefiting from any immigration reform.

In the courtroom recently, the judge called each name in groups of five.

The men shuffle towards the microphones in front of the judge's bench, their hands cuffed in front of them and their feet shackled. The judged asks again if they understand the charges, their right to go to trial and the fact that they are giving up that right.

After hearing a 'si' from each one, he addresses the men individually and concludes with: "How do you plead to the charge of illegal entry, guilty or not guilty?"

"Culpable," guilty, each answers.

Of the 39 men, 10 are sentenced to the maximum 180 days, nine to 30 days and the rest somewhere in between.

When Operation Streamline started in Tucson, more than 70 percent of Mexicans prosecuted got "time served."

By fiscal year 2012, the opposite happened, data collected by the Mexican Consulate shows. Close to 67 percent got sentenced to time in prison, while only 30 percent got time served. Another 4 percent had their cases dismissed, including those who were found to be minors or who speak an indigenous language for which an interpreter was not available.

So far this fiscal year, which started Oct. 1, more than 80 percent have been sentenced to time in detention, while 14 percent received time served.

The consulate's data includes only Mexicans, but about 80 percent of those prosecuted through Operation Streamline in Tucson are from Mexico, says Juan Manuel Calderón, Mexican consul in Tucson.

During the 30 minutes lawyers in Tucson have to meet with their clients - in other sectors it can be less -they have to make sure crossers understand their rights and determine if there is any basis for asylum or refugee status that would allow them to stay.

Then there's the issue of the plea agreement. The offer to plead guilty to a lesser crime benefits some, but leaves the prison term up to prosecutors, Williams says. Still, detainees are getting a good deal, Judge Velasco says.

In the courtroom, Mauricio Aparicio asks for permission to address the judge.

"I want to know if you can reduce my sentence because my parents depend on me. My father is diabetic and I don't know what they are going to do without me all this time," he says in Spanish.

"I'm sorry to hear about your family's situation and your father's health, but I can't reduce your sentence or the terms of your plea agreement," the judge tells him.

Macdonald asks if he wants to proceed.

"Si," Aparicio says.

He is sentenced to 105 days.

Contact reporter Perla Trevizo at ptrevizo@azstarnet.com or at 573-4213. On Twitter: @Perla_Trevizo.

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