FLORENCE. (AP) -- Una jueza volvió a rechazar una solicitud de dos grupos partidarios del control estricto a la inmigración con la que buscaban bloquear citatorios para que revelen todas las comunicaciones entre ellos y funcionarios estatales cuando la legislatura de Arizona debatió la controversial ley de inmigración del estado en el 2010.

La jueza federal Susan Bolton negó el viernes un pedido de la Federación por una Reforma Estadounidense de Inmigración y el Instituto de Leyes de Reforma a la Inmigración para que reconsiderase su decisión de diciembre que otorgó acceso a los documentos a los abogados que están objetando la ley.

Los abogados dicen que quieren tener acceso a las cartas, mensajes electrónicos y memorándums entre legisladores y activistas partidarios de las restricciones a la inmigración para ver por qué los que respaldaban la ley consideraban que debía ser aprobada. Buscan además documentos con el fin de apoyar sus argumentos de que la legislación fue autorizada con intenciones discriminatorias.

Uno de los citatorios en cuestión solicitó todas las comunicaciones entre los dos grupos y cualquier funcionario estatal desde enero que contuviesen las palabras "inmigrante", "indocumentado", "jornalero", "hispano", "mexicano" y otras.

La jueza rechazó los argumentos de los dos grupos de que esas comunicaciones estaban protegidas por el secreto abogado-cliente, y dijo que no había evidencia alguna de que los grupos tuviesen una relación así con legisladores estatales.

"Ellos tienen que cumplir con los citatorios", dijo Karen Tumlin, una de los abogados que representa el desafío a la ley.

Dan Stein, presidente de la Federación por una Reforma Estadounidense de Inmigración, dijo que el fallo interfiere con la capacidad de los ciudadanos de comunicarse con sus legisladores.

"No debería ser permitido", afirmó.

Stein agregó que los grupos no han decidido aún si apelarán el fallo de Bolton.

En el 2012, la Corte Suprema federal ratificó la sección más conflictiva de la legislación, que requiere que la policía, cuando vigila el cumplimiento de otras leyes, inquiera el estatus migratorio de una persona si sospecha que está en el país sin autorización.

El máximo tribunal anuló otras secciones de la ley, tales como un requerimiento de que los inmigrantes obtengan y porten documentos de registro de inmigración.