Universidades de Az podrían reducir tarifas a los Soñadores

Directivos de las tres universidades públicas ven la idea con buenos ojos
2013-03-13T00:00:00Z 2013-03-13T17:09:57Z Universidades de Az podrían reducir tarifas a los SoñadoresCarol Ann Alaimo La Estrella De Tucsón Arizona Daily Star
March 13, 2013 12:00 am  • 

Los presidentes de las tres universidades públicas de Arizona han expresado su apoyo para otorgar cuotas de residentes a estudiantes que entraron al país ilegalmente cuando eran niños y que ahora están protegidos de la deportación.

Si se aprueba dicha medida, los cambios serían similares a los que hicieron los dos distritos de colegios comunitarios más grandes del estado, Maricopa y Pima.

"Estoy consciente y comprendo las dificultades que encaran los jóvenes que fueron traídos a los Estados Unidos cuando niños, que han estudiado, trabajado duro y se han preparado para ser exitosos en la universidad", le dijo Ann Weaver Hart, la presidenta de la Universidad de Arizona (UA), al Arizona Daily Star.

"Todos nos beneficiaríamos si a estos estudiantes se les proporciona la oportunidad de obtener una educación universitaria más accesible en Arizona, y apoyo los esfuerzos para que el ingreso sea más asequible", comentó.

El 6 de marzo, un día antes de que Hart hiciera este comentario, el presidente de la Universidad del Estado de Arizona (ASU), Michael Crow, fue citado en el Arizona Republic diciendo que apoya "algún tipo de reducción de matrícula" para estos estudiantes.

La Mesa de Regentes de Arizona, la cual supervisa a las universidades públicas del estado, "considerará diversas opciones en sus próximas reuniones", dijo Crow.

Además, el jueves 7 de marzo, Tom Bauer, vocero de John Haeger, quien es presidente de la Universidad del Norte de Arizona (NAU) en Flagstaff, dijo en un correo electrónico que Haeger "está de acuerdo, en principio, con cobrarle una cuota de residente a ciertos estudiantes inmigrantes que califiquen".

Tanto el Colegio Comunitario Pima (PCC) en Tucsón como el sistema de Colegios Comunitarios del Condado Maricopa (Maricopa Community College) en Phoenix, han optado por reducirle la matrícula a los inmigrantes como se hace con los residentes. La reducción se otorgará a inmigrantes inscritos en el nuevo programa federal conocido como la Acción Diferida, que les proporciona permisos de trabajo y un perdón de deportación de dos años renovable.

Bajo la ley de Arizona, un permiso federal de trabajo se acepta como comprobante del estatus legal de una persona cuando se solicita una cuota de residente en los colegios y universidades. La cuota de residente es mucho menor que la de no residente.

En la UA, por ejemplo, la matrícula para residentes es aproximadamente 10 mil dólares al año para estudiar tiempo completo, en comparación con los 26 mil que pagan los no residentes.

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que anunció la Casa Blanca en junio pasado, busca ayudar a aquellos que fueron traídos ilegalmente a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años. Los candidatos deben estar matriculados en una escuela o tener un diploma de preparatoria o un GED, y no haber sido condenados por un delito mayor, entre otros requisitos.

Cuando inició el programa, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, emitió una orden ejecutiva declarando que los jóvenes cubiertos por el programa aún están ilegalmente en el país, por lo que no se les debería otorgar licencias de conducir o "cualquier tipo de beneficio financiado por los contribuyentes". Existen otras leyes en Arizona que prohíben que los inmigrantes reciban reducciones de matrícula y otros beneficios.

Pero en enero, el Departamento de Seguridad Nacional anunció en una página Web federal que aquellos cubiertos por el nuevo programa "se considera que están legalmente presentes" en el país.

Matthew Benson, un vocero de la Gobernadora de Arizona, dijo que Brewer no hará comentarios sobre el tema hasta que los regentes propongan un cambio y haya detalles disponibles.

Contacta a Carol Ann Alaimo al 573-4138 o en calaimo@azstarnet.com.

English

The presidents of Arizona's three public universities are voicing support for tuition breaks for immigrants who entered the country illegally as children and now are protected from deportation.

If such a measure is approved, it would follow similar changes made by the state's two largest community college districts.

"I am aware of and sympathetic to the difficulties faced by young people brought to the U.S. as children who have studied hard and worked to prepare themselves for success in college," University of Arizona President Ann Weaver Hart told the Arizona Daily Star.

"All of us will benefit if these students have the opportunity for a high-quality, affordable university education in Arizona, and I am supportive of efforts to make that access more affordable," she said.

On March 6, a day before Hart's comments, Arizona State University President Michael Crow was quoted in the Arizona Republic saying he supports "some kind of tuition reduction" for such students.

The Arizona Board of Regents, which oversees the state's public universities, "will be considering a range of options at their next several gatherings," Crow said.

Also on Thursday, Tom Bauer, a spokesman for President John Haeger of Northern Arizona University in Flagstaff, said in an email that Haeger "agrees in principle with charging in-state tuition for certain qualified undocumented students."

Both Pima Community College in Tucson and the Maricopa Community College system in the Phoenix area have opted to give in-state tuition discounts to illegal immigrants enrolled in a new federal program that provides them with work permits and renewable, two-year reprieves from deportation.

Under Arizona law, a federal work permit is acceptable as proof of lawful status when applying for in-state tuition at colleges and universities. In-state rates are much lower than those for out-of-state residents.

At the UA, for example, in-state tuition is about $10,000 a year for basic full-time tuition and mandatory fees, compared with more than $26,000 for nonresidents.

The Deferred Action for Childhood Arrivals program, announced by the White House in June, aims to help those brought into the U.S. illegally before age 16. Candidates also must be in school or have a high school diploma or GED, have no felony convictions and meet several other requirements.

When the new federal program began, Arizona Gov. Jan Brewer issued an executive order declaring that the young people it covers are still in the country illegally and should not receive driver's licenses or "any taxpayer-funded public benefits." A number of other Arizona laws also prevent tuition discounts and other benefits for illegal immigrants.

But in January, the Department of Homeland Security announced on a federal website that those covered by the new program "are considered to be lawfully present" in the country.

Matthew Benson, a spokesman for the Arizona governor, said Brewer won't comment until the regents actually propose a change and details are available.

Contact reporter Carol Ann Alaimo at calaimo@azstarnet.com or at 573-4138.

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