Vendedores de ilusiones, otra piedra en el camino

2013-11-08T00:00:00Z Vendedores de ilusiones, otra piedra en el caminoFoto por Noelle Haro-Gomez/la estrella de tucsón Arizona Daily Star

La abogada Claudia Arévalo representa a varios clientes que han sido víctimas de abuso por parte de notarios u otro tipo de asesores legales en asuntos migratorios. Muchos temen de denunciar los abusos por miedo a represalias.

Por Joseph Treviño

La Estrella de Tucsón

Por años, Jorge laboró en la cocina de un restaurante mexicano.

Ahí, en medio de los calientes hornos y el ajetreo del ir y venir de platillos y preparación de comida, donde la espalda y los pies lo torturaban por estar más de ocho horas parado, Jorge soñaba con obtener sus documentos legales y poder ingresar al Ejército estadounidense.

En el 2002 consultó con un notario en Tucsón, quien le dijo que debido a que su mamá era residente legal él podía regularizar su situación mediante la ley Child Status Protection Act (Ley de Protección del Estatus del Niño).

Pidiendo prestado a familiares logró recaudar 6 mil dólares y, con la ilusión de tener los ansiados documentos, se los entregó al notario, quien le aseguró que en unos cuantos meses tendría su cita con un agente de ciudadanía que le entregaría su permiso legal. Por fin llegó la fecha, pero el desenlace fue muy distinto al que Jorge esperaba.

“Me dijo que no calificaba. Que quien me ayudó a arreglar los documentos debió haber sabido eso”, dijo Jorge, quien pidió que no se revelara su apellido por temor a las autoridades migratorias.

Ahora, Jorge pasó su caso a una abogada local, Claudia Arévalo, quien está trabajando para ver si puede conseguir quedarse legalmente en el país. Mientras tanto, tuvo que recaudar el dinero para pagarles a sus familiares y sigue en un limbo legal, viviendo atemorizado de que cualquier día lo detenga un agente de policía que lo entregue a la Patrulla Fronteriza y sea deportado, sepultando así años de esfuerzos y anhelos.

Al volver con el notario y reclamarle por lo sucedido, Jorge contó que éste le dijo que no sabía cómo habían salido mal las cosas y que la solución era que le diera más dinero para reabrir su caso. Jorge prefirió ir con la abogada y por vergüenza ni siquiera quiere revelar el nombre del notario.

El caso de Jorge ilustra las preocupaciones que tienen una gama de expertos de inmigración, activistas, abogados y legisladores, quienes temen que con una posible reforma migratoria venga también un alud de embaucadores, listos para hacer presa fácil a los indocumentados como Jorge, quienes en su desesperación por arreglar papeles se dejan llevar por promesas demasiado buenas como para ser verdad.

Un problema, dijeron los expertos, es que a diferencia de países en Latinoamérica, un notario en EU no necesariamente es un abogado, por lo que ellos no tienen el derecho de ofrecer consejos legales de inmigración.

Por otro lado, hay abogados que nos son de inmigración quienes prometen mucho pero que no tienen la experiencia o habilidad para cumplir lo que prometen.

Rick Debruhl, Jefe de comunicaciones del Bufete Estatal de Arizona, una agencia no lucrativa que trabaja bajo la supervisión del Tribunal Supremo del estado, dijo que aparte del dinero que le timan a los indocumentados algunos notarios o dizque consejeros migratorios les empeoran la situación legal.

“Les ponen su situación legal en todavía más peligro de lo que ya estaba”, señaló Debruhl.

legisladores contraatacan

En Arizona, durante el 2013 por lo menos seis casos de abuso de parte de notarios u otro tipo de supuestos consejeros legales de inmigración han sido presentados como quejas, dijo María Elena Upson, portavoz del Servicio de Ciudadanía y Migración de E.U.

Mas añadió que los casos son difíciles de investigar, ya que muchos indocumentados que son víctimas de fraude por lo general no presentan sus quejas.

Fernando Quiroz, activista de Yuma y director de American Beginnings, un centro no lucrativo que busca abogar por los derechos de los indocumentados, dijo que de darse la reforma migratoria surgirán oficinas en todas partes supuestamente para ayudar a los indocumentados.

“Cada vez que surge la idea de una amnistía o reforma migratoria, vemos que salen de todos lados”, dijo. “Tenemos el problema de personas que han sido lastimadas, a las que les han cometido fraude, pero que tienen mucho miedo de llamar a la policía por su estado legal”.

Bill Foster, congresista del estado de Illinois, redactó una propuesta de ley que penalizaría de forma más severa a aquellos que defrauden a los indocumentados. La propuesta, de ser aprobada y convertida en ley, enmendaría casos como el de Jorge, dándole permiso de volver a solicitar una regularización legal en caso de que su expediente migratorio hubiese empeorado por las malas acciones de un notario o un mal consejero migratorio, dijo Foster.

La Comisión Federal de Comercio, entidad que desde el 2006 comenzó a recopilar quejas y casos de fraude migratorio, tiene casi tres mil quejas contra notarios, abogados y supuestos consejeros migratorios, dijo Mónica Vaca, abogada de la Comisión.

“Los notarios públicos no son autorizados para dar servicios de inmigración”, dijo Vaca. “Las consecuencias de un caso de inmigración pueden ser muy graves”.

En California, un proyecto de ley estatal, AB 1159, busca tomar medidas contra los estafadores de inmigrantes e indocumentados. De ser aprobada como ley, ésta prohibiría a cualquier persona aceptar dinero por cualquier ley que todavía no ha entrado en efecto.

En 1993, la legislatura de Arizona formuló la Ley de Inmigración y Práctica de Nacionalidad (Immigration and Nationality Law Practice Act), la cual buscó penalizar a aquellas personas o notarios que se hagan pasar por abogados.

En 1999 y durante la década pasada, senadores estatales como Joe Eddie López, Peter Ríos, Linda G. Aguirre, George Cunningham y Víctor Soltero intentaron que fuese aprobada una enmienda que le permitiría a las autoridades ir contra defraudadores de los indocumentados, pero pese a que tuvo apoyo de figuras como la procuradora Janet Napolitano, no pasó por falta de un apoyo bipartidista.

En Arizona, un trabajo en conjunto entre el Bufete Estatal de Arizona y el Servicio de Ciudadanía y Migración de E.U. formó un Concejo Ejecutivo de Inmigración, conformado por abogados y activistas. Sin embargo, al Concejo le faltan miembros del sector de Tucsón y del sur de Arizona.

No obstante, el Bufete Estatal creó un sitio de Internet en español, además de prometer ir contra posibles estafadores con todo el peso de su oficina, dijo DeBruhl.

Otro factor a favor de los estafadores es que saben cómo amedrentar a sus clientes para que no los denuncien, dijo Arévalo, la abogada de Jorge y de otros casos en los que sus clientes sufrieron abuso de parte de notarios. Añadió que cuando un indocumentado se da cuenta de que fue timado, los estafadores suelen intimidarlos usando tácticas agresivas como correrlos sin contemplaciones de sus oficinas o amenazarlos con denunciarlos a las autoridades, ya que tienen todos sus datos legales, información personal, etc.

“Les dicen, ‘te voy a echar a la policía y decirles tu estado migratorio’”, dijo Arévalo.

Pero no todos los notarios o preparadores de documentos son lobos con piel de ovejas, dijo Magaly Fontes, una abogada de inmigración de Phoenix. Añadió que hay muchos que son fidedignos, que tienen la certificación del estado y que incluso ayudan a los abogados y hacen un buen trabajo.

Mientras tanto, la semana pasada un juez de inmigración le negó el caso a Jorge, el cocinero indocumentado, dijo Arévalo, su abogada. Ella apelará su caso, pero agregó que lamentablemente los jueces no suelen fallar a favor de personas como Jorge, por lo que las cosas no se ven muy buenas para él, su esposa y dos hijos que viven en Tucsón.

Sí, Jorge vive con temor, pero dijo que con su trabajo busca, pese a todo, devolverle a este país algo de lo mucho que le ha dado, y quiere algún día ingresar en las fuerzas armadas.

Dijo: “Quiero servirle a este país”.

Contacta a Joseph Treviño al 807-8029 o en jtrevino@azstarnet.com.

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