BOGOTÁ (AP) -- El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump planea imponer nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos por presuntas violaciones a los derechos humanos debido a la preocupación suscitada por la represión de manifestantes antigubernamentales, dijeron el jueves dos asistentes del Congreso.

Los asesores hablaron bajo condición de anonimato después de haber sido informados sobre la medida, la cual dicen podría anunciarse este mismo día.

Uno de ellos dijo que entre los funcionarios afectados por las sanciones posiblemente estará Maikel Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el cual emitió en marzo un fallo que arrebató sus últimos poderes a la Asamblea Nacional, donde los legisladores de oposición son mayoría.

El fallo fue revertido parcialmente poco después ante las críticas de la comunidad internacional, pero detonó un movimiento de protesta que ha continuado durante casi dos meses y ha causado la muerte de más de 40 personas.

Las nuevas medidas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos serían la segunda ronda de sanciones que el gobierno de Trump impone a altos funcionarios venezolanos. En febrero, el gobierno estadounidense ordenó sanciones contra el vicepresidente Tareck El Aissami, a quien acusó de tener un papel en el narcotráfico internacional.

?Desde el punto de vista humanitario, es algo que no hemos visto en mucho tiempo?, dijo Trump el jueves después de reunirse en la Casa Blanca con el presidente de Colombia Juan Manuel Santos. Trump dijo que hablaron sobre Venezuela.

Cientos de miles de venezolanos han participado en manifestaciones casi diarias contra el gobierno desde el fallo del Tribunal Supremo. Durante las protestas, es común que las fuerzas de seguridad lancen gas lacrimógeno y disparen balas de goma contra los manifestantes, algunos de los cuales les lanzan rocas y bombas incendiarias.

Más de 2.000 personas han sido detenidas y varios cientos han sido llevadas a tribunales militares, de acuerdo con Foro Penal, una cooperativa de abogados sin fines de lucro que defiende a muchos de los acusados. Cientos han resultado heridos y por lo menos 47 han muerto, aunque la Fiscalía General solo reconoce 42; una cifra similar a la de la última ola de agitación política en 2014.