Cortesía de Monsanto

Una representación del artista del invernadero que la empresa Monsanto desea construir para producir semilla de maíz genéticamente modificada.

Cortesía de Monsanto

Por Murphy Woodhouse

La Estrella de Tucsón

En una votación unánime el 22 de noviembre, la Junta de Supervisores del Condado Pima decidió posponer hasta febrero la consideración sobre un plan de impuestos a la propiedad con el gigante de los negocios agrícolas Monsanto.

Decenas de personas se expresaron en contra de los planes de Monsato de construir un invernadero de 7 acres (2.8 hectáreas) en Marana para producir semilla de maíz genéticamente modificada. Quienes hablaron en contra dicen que el plan de Monsanto tendría un alto impacto a la salud.

Monsanto planea construir un invernadero de 7 acres en una parcela de 155 acres.

Los oponentes esperaban que la junta directiva tumbara el plan, algo que muchos funcionarios dicen que el condado no tiene el poder para hacer. Eso no ocurrió, pero los supervisores estuvieron de acuerdo en que un comité asesor en ciencias agrícolas estudie las preocupaciones.

El supervisor del Condado Pima, Richard Elías, pidió que las audiencias públicas se realizaran en los cinco distritos representados por la Junta de Supervisores antes de que se realice la votación sobre esta medida.

“Es una buena oportunidad de hacer frente a algunas de las preocupaciones que han expresado varias de las personas que han hablado del tema”, dijo después de la votación el director de asuntos gubernamentales de Monsanto, George Gough.

Lo que los supervisores van a considerar en febrero es si apoyar o no la solicitud de Monsanto para obtener el estatus de zona de comercio exterior (foreign-trade-zone FTZ), lo que reduciría sustancialmente su carga por impuestos a la propiedad durante los próximos 10 años. A cambio de ese apoyo, la compañía se comprometería a gastar al menos 90 millones de dólares en desarrollo y contratar al menos a 50 personas con un salario promedio de unos 44 mil dólares anuales.

La designación de zona de comercio exterior bajaría la tasa del gravamen a la propiedad del 15 al 5 por ciento.

La diferencia anual en impuestos a la propiedad pagados al condado después de los 96 millones en desarrollo sería de alrededor de 370 mil dólares más baja con la tasa FTZ, se muestra en documentos.

El Departamento del Comercio de Estados Unidos, no el del condado, aprueba la solicitud de FTZ. Las reducciones al impuesto a la propiedad las establece la ley estatal, de acuerdo con un memorando del administrador del condado, Chuck Huckelberry, dirigido a la Junta de Supervisores.

Contacta a Murphy Woodhouse al 573-4235 o en mwoodhouse@tucson.com. En Twitter: @murphywoodhouse.