BUENOS AIRES (AP) -- Un amplio abanico de políticos opositores, grupos civiles y sindicalistas se manifestaron el miércoles en contra del intento oficialista de aprobar en la Cámara de Diputados los apartados más polémicos de un proyecto de reforma del Poder Judicial que a su entender atentará contra la independencia de la justicia.

Los opositores se congregaron ante la sede del Congreso para manifestar su rechazo a una reforma que según la presidenta Cristina Fernández busca transparentar el sistema de justicia y eliminar lo que a su entender son camarillas de magistrados que protegen sus intereses.

Algunos aspectos de la reforma han sido cuestionados por asociaciones de magistrados y organizaciones internacionales y han generado un paro de los empleados del sistema de justicia en todo el país.

Frente al Congreso se concentró el sector más combativo del sindicalismo argentino y agrupaciones agropecuarias que son muy críticas con el gobierno. El proyecto de reforma judicial debilita "gravemente la democracia" y "reafirma una vez más el carácter del poder absoluto de Cristina Fernández", dijo a la prensa Pablo Micheli, titular de la Central de los Trabajadores de Argentina.

Se prevé que el tratamiento el miércoles de tres propuestas del paquete de reforma judicial -de un total de seis- será muy largo. La movilización frente al Parlamento se produjo casi una semana después de la tercera masiva protesta contra el gobierno en menos de un año en todo el país con consignas como "basta de impunidad" y en defensa de la "justicia independiente".

Aparentemente, el peronismo oficialista cuenta con el apoyo de aliados para convertir en ley los proyectos que crean tres nuevas Cámaras de Casación y restringen las medidas cautelares contra el Estado, que ya que tienen media sanción del Senado y el martes no sufrieron modificaciones en comisiones legislativas.

La creación de las Cámaras de Casación como tribunales de instancia previa a la Corte Suprema haría más burocrática la ya de por sí lenta justicia argentina, sostienen sus críticos.

En cuanto a la propuesta que limita el período de vigencia de las medidas cautelares contra el Estado fue retocada recientemente por el oficialismo porque según organizaciones civiles incurría en la inconstitucionalidad. Se amplió a "sectores socialmente vulnerables" la posibilidad de que un juez pueda otorgar una medida cautelar antes de tener el punto de vista del Estado.

Sin embargo, opositores advirtieron que dichos cambios son insuficientes para garantizar la tutela judicial de los distintos sectores sociales.

Sobre la propuesta que contempla que los miembros del Consejo de la Magistratura -el organismo que elige y remueve a jueces- sean elegidos por voto popular, el oficialismo aceptó introducir algunas modificaciones relacionadas con el manejo del presupuesto en el Poder Judicial pero no cambió los aspectos más controvertidos. De aprobarse estos cambios, la propuesta deberá ser analizada de nuevo en el Senado.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, dijo al canal Todo Noticias que si prospera la actual propuesta de reforma del Consejo de la Magistratura la independencia del Poder Judicial quedaría "seriamente afectada".

Según el gobierno, la reforma del Consejo lo hará más eficaz, transparente y democrático. De los 13 miembros actuales, dicho órgano pasaría a tener 19. De ellos, doce -entre magistrados, abogados y académicos- serían elegidos durante los comicios, teniendo en cuenta el peso de las mayorías y minorías electorales.

En el mismo Consejo se contempla que haya seis legisladores nacionales propuestos por los bloques parlamentarios y un último miembro designado por el Poder Ejecutivo.

"Se busca que el partido que gane las elecciones presidenciales se lleve la mayoría de los miembros del Consejo... eso le daría una mayoría automática de al menos diez o más de los miembros", criticó Vivanco.

La iniciativa también modifica las mayorías para tomar decisiones en el seno del Consejo. En la actualidad se exige el voto de los dos tercios y en un futuro exigiría la mayoría absoluta -la mitad más uno- de los miembros.

En tanto, algunas modificaciones que el oficialismo se vio obligado a realizar a partir de las críticas de las asociaciones de magistrados permitirán a la Corte Suprema de Justicia preservar el manejo del presupuesto del Poder Judicial y la política salarial y que el Consejo administre sus propios recursos.

Por otro lado, el Senado tratará el jueves el resto de las propuestas de reforma del Poder Judicial, que consiste en la publicación en internet de las declaraciones patrimoniales de los jueces y los demás funcionarios públicos, así como de las resoluciones de la Corte Suprema y de los tribunales federales. Otra iniciativa dispone que el ingreso de empleados y funcionarios al Poder Judicial sea mediante concurso.