Colombia: Temen impunidad tras aprobación de fuero militar

2013-10-14T10:57:00Z Colombia: Temen impunidad tras aprobación de fuero militarThe Associated Press The Associated Press
October 14, 2013 10:57 am  • 

BOGOTA, Colombia (AP) -- Las matanzas fueron algo aterrador, incluso para un país curtido y acostumbrado a las atrocidades de más de medio siglo de conflicto armado interno.

Soldados asesinaron a cientos de civiles inocentes que hacían pasar por guerrilleros para dar la sensación de que su lucha daba resultados, según investigadores de las Naciones Unidas. Generalmente las víctimas eran personas humildes, incluso discapacitadas, a las que atraían con inexistentes promesas de trabajo. Las vestían con uniformes de fatiga y las reportaban como guerrilleros muertos en combate.

Cinco años después de que estalló el escándalo, sólo uno de cada seis militares acusados por esos homicidios ha sido condenado o se ha declarado culpable, y apenas un puñado son militares de alto rango, de mayor para arriba. En total, las autoridades investigan unos 3.900 casos de asesinatos extrajudiciales.

Activistas de derechos humanos temen que una reforma a la justicia penal militar, impulsada por el presidente Juan Manuel Santos y aprobada en junio por el Congreso, haga que sea aún más difícil castigar a los culpables, especialmente a los militares de alto rango. La reforma, cuya legalidad está siendo examinada por la Corte Constitucional, amplía la competencia de los tribunales militares y restringió la definición de ejecución extrajudicial.

Santos dice que la reforma es necesaria para garantizar que los miembros de las fuerzas armadas no tengan nada que temer si se firma la paz con la principal guerrilla del país: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

Los activistas de derechos humanos creen, sin embargo, que la nueva ley va a entorpecer el juzgamiento de crímenes de guerra, tanto pasados como futuros, perpetrados por militares o policías y afectar la posibilidad de que se firme un acuerdo de paz con las FARC, con las que el gobierno negocia en Cuba desde el año pasado.

"En tiempos que se busca la paz, de manera absurda, entrega patente de corso a quienes han ejecutado terribles crímenes de lesa humanidad en desarrollo de políticas de Estado, que deben cesar, juzgarse y repararse sin más demoras", dijeron las FARC.

"¿Por qué el gobierno Santos, si está en un proceso de paz, presenta una legislación que refuerza la impunidad y que es más para la guerra que para la paz?", se preguntó el legislador izquierdista Iván Cepeda. "Esto es incoherente y dificulta las cosas".

El Congreso estadounidense también está preocupado por el tema de la impunidad de los mal llamados "falsos positivos", como se denomina a estos casos. En la jerga militar, un "positivo" es un combatiente enemigo que ha sido dado de baja o neutralizado. El grueso de las matanzas se produjo entre 2002 y 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010).

En octubre de 2008, Uribe y su entonces ministro de Defensa, el hoy presidente Santos, destituyeron a 27 militares, tres generales entre ellos por su acción u omisión en las ejecuciones extrajudiciales.

Los investigadores de la ONU dijeron que las matanzas fueron "generalizadas y sistemáticas".

Washington entregó más de 2.000 millones de dólares en ayuda y asistencia a los militares colombianos cuando se produjeron las matanzas. Actualmente, el gobierno estadounidense tiene retenida una partida de 10 millones de dólares en ayuda por las objeciones que tiene sobre la nueva ley, dijo Tim Rieser, asistente del senador Patrick Leahy, que preside la comisión judicial del Senado.

Una ley de 1997, que lleva el nombre de ese senador, Leahy, prohíbe a Estados Unidos financiar unidades militares cuyos miembros enfrenten acusaciones verosímiles de abusos a los derechos humanos. Al amparo de esa ley, la ayuda a algunas unidades militares colombianas fue rechazada. El Departamento de Estado, en respuesta a una pregunta de The Associated Press, dijo que las investigaciones que se hacen a estas unidades, antes de entregar el dinero, son "rigurosas".

El pacifista John Lindsay-Poland, de la organización estadounidense Fellowship of Reconciliation dice que está preparando un banco de datos con las ejecuciones judiciales colombianas y que la supervisión era descuidada cuando la organización produjo un reporte en 2010.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, conceptuó que la reforma alentará la impunidad y constituye "un gran retroceso para los derechos humanos".

Según la nueva ley, los tribunales militares tienen competencia para conocer de todas las violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de las fuerzas armadas, excepto siete infracciones que incluyen las ejecuciones extrajudiciales, como delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

La ley también restringe la definición de ejecución extrajudicial lo que, según activistas, significa que va a haber más probabilidades de que esos crímenes terminen en los despachos de los jueces militares y no en manos de los jueces civiles.

También califica la definición de estos homicidios a la circunstancia de que, entre otras, la víctima tenga que estar "bajo el control de agentes del estado" o que "no trató de escapar".

Debido a que en Colombia las ejecuciones extrajudiciales como tal no están tipificadas previamente como delito, los activistas también temen que los casos de falsos positivos, ocurridos antes de la promulgación de la ley, se transfieran automáticamente a la justicia militar.

Santos ha prometido que todos los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de seguridad serán castigados, así como insiste en que los criminales de guerra de las FARC no podrán evadir la justicia.

"No sé por qué creen que la justicia transicional tiene que ver con los falsos positivos", dijo Santos en una entrevista reciente, quien fue ministro de Defensa entre 2006 y 2009.

El presidente afirma que las matanzas no fueron sistemáticas, que es lo mismo que dicen numerosos militares activos y retirados.

"Es totalmente falso que hubiera una política de estado" respecto de las ejecuciones extrajudiciales, dijo telefónicamente a la AP el general retirado Carlos Suárez. Como inspector general de las fuerzas armadas, Suárez dirigió la investigación en 2008 cuando se destapó el escándalo en los medios de comunicación.

Fiscales de la Corte Penal Internacional se han mostrado escépticos con la nueva ley sobre la reforma a la justicia penal militar.

En un informe de noviembre de 2012 dijeron que "los procedimientos (judiciales) existentes en términos generales no han logrado enfocarse en las personas que podrían tener la mayor responsabilidad" por lo sucedido y que los fiscales colombianos "perpetuaron la impunidad, más que haberla reducido", al no publicar las circunstancias que rodearon a las matanzas que fueron organizadas "al menos a nivel de ciertas brigadas".

Varios ex soldados han confesado estos hechos e implicado a sus superiores rompiendo así un código de silencio que, según ellos, se hace cumplir mediante amenazas de venganzas violentas.

Uno de ellos es el mayor Julio César Parga, sentenciado en julio a 30 años de prisión por asesinato luego de confesar haber ordenado o participado en la matanza de 47 ciudadanos del común, no combatientes.

Parga dijo que organizó los asesinatos como jefe de un batallón antisecuestros de la onceava Brigada del Ejército en Montería, capital del departamento noroccidental de Córdoba, a 500 kilómetros al noroccidente de Bogotá.

En una entrevista en la cárcel, Parga se negó a discutir en detalle los asesinatos o el testimonio que dio contra su ex comandante. Dijo que teme ser blanco de un asesinato a manos de sicarios.

Un capitán en retiro que trabajó con Parga y que se declaró culpable de los mismos crímenes, Antonio Rozo Valbuena, también implicó a altos oficiales, según el abogado que representa a ambos militares, José Fernando Duarte.

"Ellos no fueron los que inventaron los falsos positivos, sino (que) los ejecutaron a nombre de otros", dijo Duarte, quien describió las matanzas como "una política integral institucional" que en algunos casos involucró a generales, a quienes no identificó.

De los más de 600 militares condenados por asesinatos extrajudiciales, dos tercios son soldados rasos. Hasta el 30 de junio había 114 oficiales con rango superior a capitán que han sido implicados en procesos penales. Doce de ellos, incluidos dos coroneles, fueron condenados o se declararon culpables y fueron sentenciados a prisión.

"Se coordinaba con los grandes (militares de alto rango), todo el mundo sabía lo que estaba sucediendo", dijo el ex soldado raso Eulicer Quintana, cuyo testimonio ayudó a condenar a seis de sus ex colegas de su batallón en el homicidio de dos personas ocurrido en febrero de 2008.

El mayor que comandaba la unidad en la que estaba el soldado Quintana, el batallón de contraguerrilla 57, en la ciudad cafetera de Manizales, será juzgado a partir del 16 de agosto por los asesinatos extrajudiciales. Quintana será nuevamente testigo, lo mismo que un hombre que también iba a ser asesinado pero que se salvó cuando el fusil de un soldado se trabó y logró escapar.

Después de muertos, a los cadáveres les colocaron trajes militares de fatiga y a su lado se dejaron armas que fueron compradas en el mercado negro, según Quintana.

"Eso se trabajaba a nivel compañía", dijo, añadiendo que en su batallón se perpetraron 46 ejecuciones extrajudiciales, entre 2006 y 2008, bajo el mando de dos comandantes distintos, el primero de los cuales fue promovido, en parte, porque había logrado tantas "muertes en combate".

Quintana dijo que 15 de los 60 miembros de la compañía "hacían el trabajo" y luego se obtenía unas vacaciones como recompensa, usualmente de ocho días por víctima.

Quintana, de 33 años, lleva cinco años en un programa de protección de testigos, sin poder trabajar, custodiado por guardias armados y soñando con que algún día él, su esposa y sus hijos puedan salir del país.

"Hay muchos enemigos por ahí", dijo en una entrevista telefónica desde un sitio desconocido.

Josué Giovanni Linares, el ex mayor que comandó su unidad y que será enjuiciado la semana que viene, sugirió que dos de sus superiores sabían de los falsos positivos por los que se lo acusa a él, según documentos presentados en los tribunales de justicia colombianos.

Ambos fueron ascendidos al grado de general hace poco: Emiro José Barrios, comandante de la 8va Brigada en ese momento, y Jorge Enrique Navarrete, subcomandante. Ninguno de los dos ha sido acusado formalmente. Ambos niegan haber cometido irregularidad alguna y se negaron a ahondar en el tema.

"No tengo absolutamente nada que ver con eso", se limitó a decir Navarrete en una declaración a la AP. Pero según el abogado de las víctimas, Jorge Molano, los dos oficiales habrían firmado el documento mediante el cual se le pagó al "reclutador" que consiguió a los civiles que fueron asesinados.

Human Rights Watch objeta el hecho de que la reforma a la justicia militar deje las investigaciones iniciales en manos de militares, y no de los civiles, y que crea un nuevo organismo cívico-militar para decidir los conflictos de competencias.

El tribunal civil de ocho jueces que actualmente resuelve esas disputas alarmó a los activistas de derechos humanos en junio cuando determinó que un coronel acusado de cometer dos ejecuciones extrajudiciales en 2007 debía ser juzgado por un tribunal militar, pese a que los soldados involucrados en el mismo caso están ahora siendo juzgados por tribunales civiles.

El tribunal dijo que acató la nueva ley al emitir su dictamen.

El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, expresó preocupación en torno a la reforma durante una visita en agosto y se le dieron garantías de que la medida no generaría impunidad, según un alto funcionario del Departamento de Estado que habló a condición de no ser identificado porque no estaba autorizado a tocar el tema.

Quintana no cree mucho en esas promesas. "En el momento en que llegue (los casos a) parar (a) la justicia penal militar lo que se viene es sangre por todo lado", dijo.

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