Fracaso en depuración policial en Honduras

2013-06-10T16:33:00Z Fracaso en depuración policial en HondurasThe Associated Press The Associated Press
June 10, 2013 4:33 pm  • 

TEGUCIGALPA, Honduras (AP) -- En pocas horas iniciará una audiencia de rendición de cuentas en el Congreso de Honduras que pondrá al banquillo a autoridades de policía y de justicia por el fallido proceso de depuración policial de uno de los países más peligrosos del mundo y que para algunos analistas consultados ofrecerá pocos resultados y repetirá muchas verdades de a puño que el hondureño promedio sabe y padece.

Verdades como que la remoción de policías corruptos no ha sido posible por una serie de razones que van desde la falta de voluntad política, fallas legales al momento de tomar decisiones, trampas burocráticas, y la negativa de la misma fuerza para ser suspendidos de sus labores mientras se realizan las pruebas.

Pese a la elocuencia de los pedidos de los políticos de las diversas bancadas hechas durante la semana pasada, lo cierto es que el proceso de depuración policial parece que no va para ningún lado. En marzo, y ante la falta de resultados, el gobierno de Estados Unidos suspendió el dinero para seguir con las pruebas hechas con el detector de mentiras, los exámenes toxicológicos, sicológicos, y una auditoría al patrimonio de cada agente.

Aún se desconoce la cantidad de dinero que el gobierno estadounidense dedicaba a esta labor. Las autoridades hondureñas tampoco han hecho pública la cifra. En los últimos días, una circular de la policía prohibió a los policías hablar con la prensa.

"Hemos determinado que queremos continuar trabajando con la policía en la capacitación y entrenamiento, pero realmente el proceso de depuración y de reforma policial es una de las cosas más importantes, porque si no la asistencia que podemos ofrecer no sirve", dijo Roberta Jacobsen.

Mark Wells, director para el Hemisferio Occidental de la oficina para el combate al narcotráfico internacional, dijo que "siguen los recursos, hay recursos disponibles, tenemos asistencia técnica lista y ya existe en el terreno en Honduras, y vamos a seguir trabajando".

Al gobierno del presidente Porfirio Lobo "solo le quedan algunos meses, y me parece que existe la voluntad política para proceder", dijo Wells.

Según datos tomados de una audiencia en el congreso celebrada en abril, sólo siete agentes de una fuerza con 13.800 miembros habían sido separados de sus puestos oficialmente y algunos de esos siete habían sido posteriormente readmitidos en la fuerza.

El más reciente intento de depuración ocurrió la semana pasada. El Ministro de Seguridad, Arturo Corrales, hizo público un comunicado que anunciaba la suspensión temporal de unos 1.400 investigadores encargados de luchar contra las pandillas e investigar y prevenir asesinatos y robos para someterlos a exámenes toxicológicos, sicológicos, a un detector de mentiras y a una auditoría del patrimonio de cada uno de ellos.

La decisión, transmitida a la prensa, no fue notificada oficialmente a los policías. Al día siguiente, un centenar de ellos ocuparon la sede de investigaciones, se insubordinaron y negaron a aceptar la decisión. Cuando las directivas quisieron dialogar con ellos, expulsaron a gritos al enviado del gobierno, jefe de ese cuerpo de investigación, Comisionado de Policía Alex Villanueva.

Roberto Suazo, un investigador que se convirtió en portavoz de la protesta dijo que se habían negado a entregar sus armas y pedían que se respetasen sus derechos.

"Exigimos que se reinicien las actividades de la Dirección Nacional de Investigación Criminal inmediatamente y permaneceremos aquí hasta que llegue el Director General", dijo.

Suazo explicaba que "nadie está en contra de las pruebas de confianza, que vengan y nos las hagan, pero citándonos uno a uno, por escrito, no suspendiendo de trabajo a toda la" dirección de investigación.

En menos de 24 horas, y tras un proceso de negociación con el ministro Corrales, la protesta se desactivó. Pero no se sabe realmente que fue lo que sucedió y se negoció porque hay dos versiones públicas de lo acordado.

Según uno de los policías que participó en la negociación, y cuya identidad mantenemos en reserva porque todos los miembros de la policía ahora tienen prohibido hablar con la prensa, dijo que "todos vamos a volver trabajar normal en la respuesta inmediata y la investigación. Va a haber una supervisión a nivel nacional y va a notificar cuándo van a ir los agentes a polígrafo y para eso se desligarán 48 (horas antes) de su trabajo para que estén descansados y relajados durante la prueba".

Pero el día siguiente, el ministro Corrales contradecía al agente al afirmar que la decisión "seguía en vigor" matizando que "las operaciones están suspendidas" pero "los miembros no están separados de la policía".

"Cada día que pasa sin depuración policial se paga un precio muy alto en vidas humanas, hermanas, madres e hijos que pierden a sus seres queridos por la incapacidad del estado de garantizar la seguridad en el país, que tiene como primer requisito depurar y reformar la policía", dijo José Murillo, coordinador de la Alianza por la Paz y Justicia, un consorcio de personalidades y organizaciones de la sociedad civil.

En el último año, The Associated Press ha investigado y publicado denuncias de familiares sobre cómo pandilleros de la temible `Barrio 18' son detenidos por grupos de patrullaje de la policía que transitan en camionetas sin placas durante la noche, que cubren su cara con pasamontañas y cargan fusiles de alto alcance. Luego, estos grupos se llevan a las personas a las estaciones de policía, quienes luego desaparecen o son encontrados muertos en la periferia de la ciudad en lugares llamados "botaderos".

La AP también ha reportado cómo algunas familias han perdido a seres queridos en tiroteos y balaceras, y cómo las pandillas del país cobran impunemente extorsiones, secuestran, y trafican drogas en impunidad.

Según un documento enviado por la Embajada de Estados Unidos al Director General de la Policía de Honduras, Juan Carlos Bonilla, en las primeras 373 pruebas de polígrafo realizadas, 142 policías no las aprobaron. Es decir, el 38% de ese total.

Las pruebas fueron practicadas entre mayo y septiembre de 2012 a agentes de todo el país.

La escena, repetida a lo largo del último año, transcurre en una habitación de un hotel de Tegucigalpa, adonde el policía ha sido llamado a comparecer.

La prueba de polígrafo es realizada por agentes colombianos con la asistencia de la Embajada de los Estados Unidos.

"No se identifican en ningún momento pero se les reconoce por el hablado", dijo el comisionado Miguel González.

El colombiano le coloca al agente alambres en el pecho y la punta de tres dedos y tras pedirle que no trague saliva en ningún momento le hará siete preguntas de las que, teóricamente, depende su futuro en la policía:

-- ¿Está usted sentado?

-- ¿Está dispuesto a decir la verdad?

-- ¿Ha recibido dinero del crimen organizado?

-- ¿Ha hablado a las espaldas de su jefe?

-- ¿Se considera usted un hombre de honor?

-- ¿Se ha visto usted envuelto en crímenes pesados?

-- ¿Ha traicionado alguna vez la confianza de un ser querido?

González superó la prueba realizada el año pasado.

Aun así, está descontento. "No es un buen trago", dijo.

Pero muchos otros, durante la prueba, reconocieron que torturaban tanto a delincuentes como a personas del común, que maltrataban a pandilleros y civiles, que recibían sobornos de pandilleros, delincuentes o grupos criminales y que rutinariamente consumían droga, según el documento de la Embajada.

En abril, la Alianza por la Paz consiguió que los principales operadores de la seguridad en Honduras comparecieran en el parlamento y se hicieran públicos los motivos por los que el sector seguridad no parece ser objeto de reforma en Honduras.

El director de la agencia de evaluación policial, Eduardo Villanueva, explicó entonces que, según la ley, los resultados de las pruebas eran trasladadas al ministerio de seguridad para que separara a los policías reprobados.

El entonces Ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, se excusó diciendo las resoluciones fueron recibidas una semana antes de que expirase el plazo legal para su vencimiento y que se remitieron al director general de la policía Bonilla pero "no se formuló la cancelación por falta de tiempo".

Según el Ministro, los agentes que se iban a destituir se encontraban de baja médica esa semana. Así no pudieron notificarse y entregarse las cancelaciones de sus y que "cuando terminaron las bajas médicas, ya estaba prescrito el decreto de depuración de la policía".

Además, de entre los policías depurados, "posteriormente y por mandato judicial varios miembros separados fueron reintegrados a la Policía" dijo el ministro, que reclamaba "un nuevo marco legal".

"El proceso está atascado, no hay voluntad política para que avance y el gobierno es el principal cómplice de que la depuración policial no haya sucedido", dijo Julieta Castellanos, rectora de la universidad nacional de Honduras durante una protesta reciente en la que ella, como madre de un joven asesinado por la policía, exigía junto a una docena de madres con hijos asesinados, que se produzcan avances.

En abril, el presidente Porfirio Lobo aceptó la dimisión del director de la agencia de evaluación policial Villanueva y reconoció el fracaso del proceso pero aún no ha nombrado a su sucesor. Esa entidad es hoy un organismo acéfalo y sin autoridad y Pompeyo Bonilla ha sido removido del Ministerio de Seguridad para convertirse en secretario privado del presidente.

La tercera persona involucrada en el proceso de separación de los agentes, el director de la policía general Juan Carlos Bonilla, no ha dado explicaciones públicas sobre sus decisiones y uno de los participantes en la sesión de control del congreso de abril, que prefiere no dar su nombre "por miedo", explicó a la AP que prácticamente nadie se atreve a cuestionar en público a Bonilla.

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