GUATEMALA (AP) -- La jueza Yassmin Barrios, que presidió decenas de audiencias de un juicio por genocidio, le pidió el viernes a la corte constitucional que dirima un conflicto de competencia surgido cuando otra jueza anuló todo lo actuado en el caso contra el ex dictador Ríos Montt, tras haber sido declarada apta para encargarse del proceso luego de meses de haber sido puesta en entredicho su imparcialidad.

"No aceptamos la resolución de la jueza Carol Patricia Flores porque afecta nuestra independencia judicial, porque es ilegal y no estamos obligados a acatarla", dijo Barrios el viernes, cuando también comunicó su decisión de consultar a la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre el asunto de competencia.

Al comunicar su resolución, los asistentes al juicio la aplaudieron de pie y varios arengaron "justicia, justicia".

Ríos Montt comentó a la AP: "hay que esperar a ver que dice la CC".

El fiscal del caso Orlando López dijo que se siente satisfecho por la decisión. "No se puede poner en riesgo a las víctimas que ya rindieron su declaración", expresó.

La Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú dijo que pedirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas de protección "precautorias para garantizar la vida e integridad física de cada uno de los testigos, fiscales, peritos y miembros del tribunal de alto impacto para que obligue al Estado para que garantice la vida de cada uno".

La Fiscalía también calificó como improcedente e ilegal lo resuelto por la jueza Flores, quien conoció una parte del juicio en el que el general retirado Ríos Montt y su jefe de inteligencia militar, Mauricio Rodríguez Sánchez, son acusados de cometer genocidio contra indígenas de una región del oeste de Guatemala, sin embargo, otro militar que en ese momento también era imputado pero que por razones médicas quedo excluido del juicio, la recusó y una sala decidió separarla del caso. Los querellantes adhesivos del proceso impugnaron la separación de Flores pero el caso continuó su marcha con otros jueces hasta llegar a la fase de debate oral, en la que actualmente se encontraba cuando se supo la resolución que daba potestad a Flores de continuar con el caso.

Docenas de testigos han pasado al estrado a relatar las atrocidades cometidas por militares o sus colaboradores en poblados de indígenas ixiles que fueron arrasados en el poco más de un año entre 1982 y 1983, cuando Ríos Montt gobernó Guatemala.

La Corte de Constitucionalidad es el máximo órgano de justicia del país y tendrá un plazo máximo de 10 días para decidir, periodo en el que el juicio quedará en suspenso. Si se excede ese plazo, lo actuado en el debate puede ser anulado porque el Código Procesal Penal estipula que un lapso mayor representa una infracción al principio de continuidad procesal que debe observarse.

Francisco Dall'Anese, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de Naciones Unidas para mejorar el sistema de justicia en el país y contra los grupos paralelos de poder, anunció que iniciará acciones penales contra la juez Flores, a la que considera sospechosa de prevaricato.

"Si ayer era un día oscuro, hoy el Tribunal ha rescatado la majestad del Poder Judicial, esto está hecho en derecho", expresó Dall'Anese sobre la decisión del Tribunal.

Martin Nesirky, vocero de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó el viernes su preocupación por la suspensión del proceso. "Es un golpe para las numerosas víctimas de las atrocidades cometidas durante la guerra civil en Guatemala, quienes han esperado más de 30 años para que se imparta justicia".

Un pronunciamiento conjunto fue emitido por cuatro organizaciones internacionales pro derechos humanos, calificó como "valiente y legalmente correcta" la decisión de la jueza Barrios de pedir la intervención de la corte constitucional para dirimir la controversia surgida en el proceso.

Paul Seils, vicepresidente del Centro Internacional por la Justicia Transicional, uno de los grupos que respaldan el comunicado, dijo que "la Corte Constitucional debe fallar sobre la legalidad de ordenar la anulación del juicio y permitir que este proceso judicial histórico pueda concluirse". Las otras organizaciones signatarias del comunicado son La Oficina en Washington para América Latina (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Iniciativa Justicia.

Jo Marie Burt, una activista que encabeza la comitiva de WOLA que presencia el juicio en Guatemala, dijo que "es de suma importancia que la Corte de Constitucionalidad decida sobre esta materia tan pronto como sea posible. "

"El derecho de las víctimas a la verdad y la justicia pende de un hilo", estimó.