BOGOTA, Colombia (AP) -- El presidente Juan Manuel Santos reconoció el jueves que algunos agentes del estado han sido responsables de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

"El estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa, de algunos, algunos agentes del estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH (o Derecho Internacional Humanitario)", aseguró el mandatario durante una intervención en la sede del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá.

La afirmación fue hecha por Santos ante los magistrados de la Corte Constitucional cuando defendía la ley denominada Marco Jurídico para la Paz, que es la base legal del proceso de paz que su gobierno mantiene con la guerrilla de las FARC en Cuba.

El miércoles, en un evento en la Casa de Nariño, la sede de gobierno, Santos había hecho un comentario similar cuando sostuvo que había que reconocer los errores del pasado, como la connivencia de organismos del estado con grupos ilegales y la omisión de la fuerza pública con organizaciones al margen de la ley en algunas etapas del conflicto armado.

El Marco Jurídico para la Paz ha sido cuestionado por diversos sectores, que han pedido a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre si cumple con los preceptos de la Constitución colombiana.

Entre quienes demandaron la intervención del alto tribunal, figura el abogado Gustavo Gallón, que en su momento pidió la inconstitucionalidad de la ley a nombre de la Comisión Colombiana de Juristas.

En su comparecencia en la Corte Constitucional, Santos intervino durante 27 minutos para dar a conocer los puntos de vista del gobierno sobre las ventajas y la necesidad de esa ley, aprobada en junio de 2010, que busca básicamente el regreso a la vida civil de desmovilizados de grupos armados ilegales, como las guerrillas.

"Estamos ante una posibilidad real, a mi juicio, la mejor de nuestra historia, de poner fin al conflicto armado interno", dijo el gobernante ante los magistrados. Explicó que hay que actuar responsablemente "para asegurar que este proceso llegue a feliz término" dentro de lo establecido por la Constitución.

Los críticos de la ley, incluso varias organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch, han dicho que podría promover la impunidad de los autores de delitos de lesa humanidad.

De acuerdo con el articulado, sólo serán procesados los "máximos responsables" de delitos, es decir, los autores materiales de hechos criminales o los que tuvieron participación directa en él. Quienes objetan el texto legal, aducen que eventualmente dejaría por fuera de responsabilidad penal a los máximos dirigentes de la guerrilla.

Sin embargo, Santos afirmó que "este modelo es todo lo contrario de lo que alegan nuestros opositores... No sólo no abre espacios a la impunidad...sino que satisface de la manera más amplia posible los derechos de las víctimas de este conflicto tan prolongado".

Adujo que "los miembros de las FARC y del ELN y los desmovilizados de las autodefensas (paramilitares), responsables de las violaciones a los derechos humanos..., deberán también asumir su propia responsabilidad. Eso es fundamental".

El abogado Gallón, presente en la audiencia, insistió que se promueve la impunidad, y el chileno José Miguel Vivanco, a nombre de Human Rights Watch, reiteró que la ley "abre la puerta a la inmunidad para guerrilleros, paramilitares y militares responsables de atrocidades".

El Marco para la Paz fue aprobado por el Congreso en junio del año pasado, pero necesita la revisión de la Corte Constitucional para entrar en vigor. La decisión final del alto tribunal se conocerá en algunas semanas.

Desde fines del 2012 el gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) adelantan en Cuba un proceso de paz para tratar de poner fin a casi 50 años de conflicto armado interno.