Imagen de septiembre de 2015 tomada del video de una cámara de vigilancia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos muestra un niño gateando en el piso de concreto cerca del área del baño de una celda de detención, así como a una mujer y un niño, en la estación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en Douglas, Arizona, el miércoles 17 de agosto de 2016. (Patrulla Fronteriza de Estados Unidos vía AP)

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PHOENIX (AP) -- Un juez federal dijo que la Patrulla Fronteriza en Arizona violó las órdenes de la corte al no preservar de manera adecuada los videos de vigilancia relacionados con una demanda en la que se acusaba a la agencia de detener a los inmigrantes en condiciones inhumanas.

El juez federal de distrito David Brury otorgó el lunes una moción parcial para declarar en desacato civil al Sector Tucson de la Patrulla Fronteriza, respecto a los archivos de video que, por ley, debía entregar, pero que resultaron dañados irreparablemente. La corte encontró que la Patrulla Fronteriza sabía desde junio de 2016 que los archivos estaban dañados, pero nunca notificó a la parte acusadora.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), el Centro Nacional de Leyes Migratorias y el despacho de abogados Morrison and Forester pidieron la declaratoria de desacato en enero, tras darse cuenta un mes antes de que los archivos estaban defectuosos y no podían abrirse.

La demanda presentada originalmente en 2015 acusa que el Sector Tucson de la Patrulla Fronteriza, que comprende la mayor parte de Arizona, retiene a los inmigrantes en celdas extremadamente sucias y frías.

Los inmigrantes y activistas se refieren a esas celdas como "hieleras".

En su fallo, Bury dijo que el Sector Tucson parecía saber "de manera flagrante" del daño en los archivos de video, pero no informó del problema al tribunal ni a la parte acusadora.

El juez negó la solicitud de los demandantes para designar a un tercero para trabajar con la Patrulla Fronteriza en la producción de videos, pero obligó a que la agencia entregue una lista de los archivos faltantes en menos de una semana. El gobierno también tendrá que pagar por los gastos de la parte acusadora en materia técnica para revisar e intentar recuperar los archivos de video dañados.

"Es un buen resultado para nosotros", dijo Nora Preciado, abogada el Centro Nacional de Leyes Migratorias. "La corte reconoce que este es un problema generalizado en lo referente a la incapacidad para preservar evidencia".

El más reciente fallo se da luego de casi dos años de acciones en contra del Sector Tucson.

En 2015, Bury también sancionó a la Patrulla Fronteriza por la destrucción de evidencia en video, al indicar que la decisión de la agencia fue "negligente, en el mejor de los casos, y sin duda intencional".

A finales de 2016 emitió una orden preliminar en la que obligaba a la agencia a brindar colchonetas limpias y cobertores delgados a los inmigrantes retenidos por más de 12 horas y permitirles asearse. Se prevé que la Patrulla Fronteriza apele la decisión.

Preciado dijo que la agencia se ha apegado a algunos de esos requerimientos, pero no a todos. Afirmó que grupos de defensa consideran una apelación.

La Patrulla Fronteriza no comenta en casos abiertos, pero ha defendido sus prácticas y dijo estar comprometida con la seguridad y bienestar de los detenidos.

La agencia dijo que les proporciona a los inmigrantes detenidos los elementos para sus necesidades básicas de acuerdo a sus propias políticas, y los agentes brindan atención médica, calor, saneamiento, alimentación y agua, y permite dormir a los detenidos.

Durante meses, el gobierno luchó por evitar que se revelaran imágenes tomadas de las cámaras de seguridad en los centros de detención en Arizona.

Eventualmente las fotografías se hicieron públicas, y se veía en ellas a hombres hacinados bajo un delgado cobertor térmico y a una mujer utilizando el sucio suelo de concreto para cambiar los pañales de su bebé. Las imágenes también revelaron baños sucios, papel de baño sucio en el piso y bebederos en mal estado.

Originalmente la demanda fue presentada a nombre de tres inmigrantes, pero ahora cuenta con estatus colectivo.