PHOENIX. (AP) -- La decisión del presidente Barack Obama de permitir que jóvenes que fueron traídos ilegalmente al país cuando eran niños puedan conseguir permisos de estadía y de trabajo fue el giro más grande en la política migratoria en décadas y se la consideró un gran paso que acercaría a toda una generación de inmigrantes al sueño americano.

Meses después del anuncio de Obama del año pasado, no obstante, muchos supuestos beneficiarios de la iniciativa no se han acogido al programa en ciertos estados.

Ocurre que un puñado de estados controlados por los republicanos están bloqueando algunos beneficios ofrecidos en ese programa y les niegan documentos de identificación, licencias de conducir, seguros de salud, matrículas de residentes en las universidades, asistencia económica para estudiar, admisión en las universidades y otros privilegios de los residentes legales.

Otros estados, en cambio, les están abriendo las puertas, incluidos 12 que les cobrarán matrículas de residentes en las universidades si se graduaron de escuelas secundarias locales.

La cantidad de inmigrantes que se acogieron al programa es menor que la anticipada.

En los primeros ocho meses del programa se aceptaron unas 450.000 solicitudes. El gobierno había calculado que en el primer año un millón de personas se acogerían al programa y los expertos dicen que la cifra es sorpresivamente baja en estados con grandes cantidades de inmigrantes como Florida, Nueva Jersey y Arizona, donde unas 16.000 personas han presentado solicitudes.

Matricularse en una universidad, aspecto clave de la nueva política, tampoco ha sido fácil. En los estados donde se les niega matrícula de residentes, que es mucho más baja, inmigrantes de familias de pocos recursos deben pagar hasta 40.000 dólares anuales para estudiar y no pueden recibir ayuda financiera.

"Es duro, se te abren todas estas puertas y piensas que las vas a poder cruzar, pero siguen cerradas", dijo Reyna Avila, una estudiante universitaria de Phoenix que sacó un permiso de trabajo y un seguro social al amparo de la nueva política, pero no puede conducir un auto para ir al trabajo o a la universidad porque no tiene licencia de conducir y se expone a ser detenida.

En Michigan, Javier Contreras, que está en el último año de la secundaria, y su familia consideraron la posibilidad de irse a Illinois, pero desistieron cuando el estado ofreció una solución que le permitía tener licencia de conducir. Por su status migratorio, no obstante, tendrá que pagar matrícula de no residente --20.000 dólares anuales-- si quiere asistir a la escuela de sus sueños, la Universidad de Michigan.

Se calcula que más de un millón de jóvenes podrían acogerse al programa que permite suspender por dos años las deportaciones y otorga permisos de estadía y de trabajo a quienes fueron traídos al país ilegalmente cuando eran niños. Los solicitantes deben tener no más de 30 años, haber venido a Estados Unidos antes de los 16, haber vivido en el país al menos cinco años y haber estudiado o servido en las fuerzas armadas.

Defensores de los derechos de los inmigrantes sin papeles se mostraron alborozados con el anuncio de junio pasado pues lo consideraron un primer paso hacia la legalización de una generación de jóvenes que se criaron en Estados Unidos y se sienten estadounidenses. Obama emitió una orden ejecutiva en vista de que el Congreso lleva años debatiendo el tema sin poder aprobar leyes.

Numerosos republicanos dice que la actitud de Obama es inconstitucional porque concede derechos legales a personas que están en el país ilegalmente.

"El plan de amnistía de Obama no hace que sean legales aquí", sostuvo la gobernadora de Arizona Jan Brewer poco después de que se anunciase el programa.

La creación del programa movilizó las legislaturas estatales, gobernaciones y tribunales. Y la respuesta varió de estado en estado.

En Alabama, Florida y decenas de estados los dreamers no pueden pagar matrículas de residentes ni recibir ayuda financiera. Carolina del Sur y Georgia no les permiten ser admitidos en algunas universidades públicas.

Los líderes republicanos de Arizona y Nebraska se niegan a concederles licencias de conducir, aunque la gran mayoría de los estados sí les otorgan licencias a quienes se acojan al programa. En Carolina del Norte los legisladores consideraron por un momento la posibilidad de conceder licencias con una franja rosada que dice "su status no es legal". Hasta el mes pasado, los inmigrantes que se benefician con la nueva política no podían obtener un documento de identidad en Michigan.

Algunos estados tienen políticas mixtas que resultan muy confusas para jóvenes que tratan de comprender cuál es su status legal. En Arizona, por ejemplo, algunos community colleges (que ofrecen carreras de dos años) los consideran residentes legales, pero las universidades públicas no.

En algunos casos el cambio no ha hecho sino alimentar el clima de temor imperante en muchas comunidades. Esta semana se presentó una denuncia de que un community college de Phoenix estaba preguntando a los estudiantes por el status migratorio de sus padres.

Unos pocos estados les han abierto los brazos a los inmigrantes. En Washington, la Cámara de Representantes aprobó una medida que les permite recibir asistencia financiera para estudiar. En Massachusetts, el gobernador Deval Patrick anunció en noviembre que algunos hijos de inmigrantes que viven en el país ilegalmente podrían asistir a universidades estatales pagando matrículas de residentes, que son un 50% más bajas, si no más, que las de los no residentes.

Avila dice que hace poco visitó a una tía de Illinois que había sacado licencia de conducir gracias al programa de Obama.

"Se la mostraba a toda la familia y fue como si me diese una bofetada en la cara", dijo la joven, quien no pueda sacar licencia en Arizona.

La falta de uniformidad hace que jóvenes inmigrantes que van de un estado a otro por el trabajo o los estudios vivan experiencias muy disímiles.

Lucy Piñón pudo sacar una licencia de conducir en Idaho, donde va a la universidad, pero no puede obtener un documento de identidad en Arizona, donde vive con su familia desde que tenía seis años. Esto quiere decir que un pariente debe acompañarla y constatar que es residente de Arizona cuando busca trabajo.

"Es como que tienes documentos pero no los tienes", expresó la muchacha. "Cuando estoy en Idaho todo va bien, pero no en mi estado, Arizona".

Defensores de los derechos civiles dicen que es inconstitucional ofrecer permisos de trabajo a algunos inmigrantes y no a otros y han cuestionado ante los tribunales la actitud de Arizona de negarles licencias de conducir, en lo que es el primer gran desafío legal a ese tipo de políticas.

"No hay duda de que es el gobierno federal el que decide quién puede estar en el país y quién no", afirmó Michael Tan, abogado que trabaja con el Proyecto sobre Derechos de los Inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles. "No le corresponde a los estados fijar sus propias reglas".