WASHINGTON (AP) -- El Senado aprobó el jueves una histórica reforma migratoria que ofrecería la naturalización a 11 millones de personas que actualmente viven en Estados Unidos de manera ilegal y destinaría al menos 30.000 millones de dólares a la seguridad fronteriza.

La votación representa un avance importante del tema que el presidente Barack Obama declaró a comienzos de año como su prioridad legislativa número uno, después de que resultara relecto en noviembre con un sólido respaldo de la comunidad hispana.

Pero la iniciativa enfrenta ahora un futuro incierto en la Cámara de Representantes, cuya mayoría republicana es reacia a ofrecer la naturalización a los inmigrantes sin papeles.

La votación en el Senado de 68 a favor y 32 en contra superó cómodamente la mayoría simple de 51 votos requeridos.

El presidente de la cámara baja, el republicano por Ohio John Boehner reiteró el jueves que "la cámara no someterá a voto cualquier cosa que apruebe el Senado".

"Para que cualquier legislación sea aprobada en la cámara, incluyendo la versión para conciliar con el Senado, tendrá que ser un proyecto de ley que cuente con el apoyo de la mayoría de nuestros miembros", dijo en conferencia de prensa. "La reforma migratoria tiene que basarse en una seguridad fronteriza real. Eso es lo que piensa el pueblo estadounidense, y es un principio en el que también cree nuestra mayoría".

No está claro si Boehner podrá consolidar la mayoría necesaria para imponer una visión propia a la reforma migratoria, después de que la cámara baja no lograra los votos necesarios para aprobar la semana pasada una ley agrícola.

Según el proyecto aprobado, los inmigrantes sin documentación podrán legalizarse mientras se implementan las nuevas medidas de seguridad fronteriza, pero sólo podrán obtener la residencia permanente cuando la implementación haya concluido.

Un nutrido grupo de jóvenes presenció desde la tribuna el debate en el Senado luciendo camisetas que rezaban "11 millones de sueños". Pertenecen a United We Dream, una agrupación de personas que fueron traídos a Estados Unidos sin documentos cuando eran niños.

El proyecto de ley aprobado en el Senado con apoyo bipartidista fue negociado durante meses a puertas cerradas por un grupo bipartidista de ocho senadores: los demócratas Dick Durbin (Illinois), Chuck Schumer (Nueva York), Bob Menéndez (Nueva Jersey) y Michael Bennet (Colorado) y los republicanos John McCain y Jeff Flake (Arizona), Lindsay Graham (Carolina del Sur) y Marco Rubio (Florida).

Los ocho senadores mantuvieron su coalición para rechazar enmiendas que en su opinión buscaran descarrilar o debilitar la esencia de su reforma: condicionar la legalización de personas sin documentos a la seguridad fronteriza.

Menéndez se mostró emotivo el jueves al ejercer el derecho de palabra en el pleno, cuando dijo que "éste es el fin de un largo viaje para mí. He luchado por la reforma migratoria durante los últimos 20 años".

El grupo anunció desde el inicio su intención de someter el proyecto de ley a un debate minucioso en la comisión judicial, con la intención de evitar objeciones sorpresivas en el pleno como las que hundieron una iniciativa en 2007, la última vez que el Senado debatió la reforma migratoria.

El jefe de la bancada republicana, el senador por Kentucky Mitch McConnell, justificó su voto contrario a la reforma migratoria porque "si no puedes estar razonablemente seguro de que la frontera es segura como una condición a la legalización, no hay cómo estar seguro de que millones más no seguirán a los inmigrantes ilegales que ya están aquí".

Varias organizaciones han expresado su desagrado por el énfasis que la legislación pondrá en la seguridad fronteriza tras la adopción de una propuesta de los senadores republicanos John Hoeven (Dakota de Norte) y Bob Corker (Tenesí) para duplicar la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza, extender la cerca 1.100 kilómetros (700 millas) e invertir miles de millones de dólares en equipos como aviones no tripulados, radares y monitores antisísmicos a un costo de 30.000 millones de dólares.

Muchos en la cámara baja -donde los republicanos son mayoría- se oponen a ofrecer la posibilidad de naturalización, que es la pieza central de la iniciativa del Senado, y prefieren un enfoque por partes en lugar de una reforma integral como la que está produciendo la cámara alta.

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes aprobó el miércoles una iniciativa para establecer un sistema que obligue a todos los patrones a verificar el estatus migratorio de sus empleados con un plazo de dos años.

La comisión enfocará su atención el jueves en una iniciativa sobre los inmigrantes calificados. La semana pasada, aprobó otros dos proyectos, uno sobre los trabajadores agrícolas y otro para tipificar como delito federal estar en el país sin permiso legal, cuando actualmente es una infracción del fuero civil.

Ninguno de los proyectos de ley aprobados por la comisión permite a los inmigrantes sin papeles legalizar su estatus, mucho menos naturalizarse.