Ruben Navarrette

SAN DIEGO — Recientemente, ha habido historias sobre la probabilidad de que el inminente gobierno del presidente electo Donald Trump sacuda el debate de la inmigración tomando como blanco las llamadas “ciudades santuario”.

Quizás usted conozca el término. Son lugares liberales administrados por demócratas donde, según la leyenda, los inmigrantes ilegales pueden escapar A las deportaciones de las autoridades federales. Entre esas ciudades se encuentran Los Ángeles, Chicago, San Francisco, Seattle, Filadelfia, Nueva York y otras.

Hay funcionarios locales como el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, que fomentan la leyenda prometiendo proteger sus ciudades -y a los individuos indocumentados que viven en ellas- de todo intento de deportación del ruin gobierno de Trump.

Cuidado con eso. Emanuel no es amigo de los inmigrantes ilegales. Después de presionar para que se llevaran a cabo deportaciones, cuando trabajó para dos presidentes -Bill Clinton y Barack Obama- y de ayudar a que la reforma migratoria integral no figurara en el orden del día del Congreso, mientras se desempeñaba como máximo asistente de la entonces presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, Emanuel tiene la distinción de frustrar activamente los intereses de los indocumentados en ambos extremos de la Avenida Pennsylvania.

Veo tres problemas con toda la idea de las ciudades santuario.

Primero, éste no es, ni de cerca, el enfrentamiento tenso que los medios desean ver. Nadie está bloqueando la entrada a la escuela.

¿Cree alguien seriamente que existe esta tierra mítica donde la ley migratoria no se aplica? ¿Pueden imaginar si eso fuera verdad? Las campañas de mercadeo de la televisión hispanohablante diría a los inmigrantes ilegales: “¡Múdese a San Francisco y viva el resto de sus días libre de la preocupación de que lo vayan a deportar! ‘Mi ciudad es tu ciudad’.”

De la misma manera que no hay ciudad en Estados Unidos que no esté sujeta al Servicio de Impuestos Internos (RIS) o al FBI, la realidad es que no hay lugar en este país donde los inmigrantes ilegales puedan esconderse del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Segundo, es cierto que algunas de estas ciudades han obtenido abogados y aprobado ordenanzas cuidadosamente redactadas que impiden que la policía coopere con los agentes de inmigración, a menos que se cumplan ciertas condiciones.

Pero cuidado con la expresión “a menos”. Le sorprendería saber con qué facilidad se pueden cumplir esas condiciones. Cuando se examina con más atención estas ordenanzas -además de ser legalmente no-obligantes, simbólicas y en gran medida insignificantes- fueron redactadas de manera tal que permitieran mucha cooperación entre las autoridades locales y federales.

En Chicago, la ley prohíbe que la policía provea a los funcionarios de ICE acceso a los indocumentados detenidos, a menos que los oficiales “actúen según un propósito de seguridad no relacionado con el cumplimiento de la ley de inmigración civil”. Así, pues, la policía no debe entregar inmigrantes ilegales a los funcionarios de inmigración a menos que se los busque por una orden de arresto penal o a menos que tengan condenas penales serias.

Esa excepción es muy amplia y puede aplicarse a muchos individuos, entre ellos todo el que haya sido condenado por manejar bajo la influencia del alcohol. De hecho, como la ordenanza de Chicago permite la cooperación para deportar delincuentes, debería coincidir muy bien con los planes de Trump: una iniciativa de deportación dirigida directamente a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales.

No crea todo el bombo. Habrá oído hablar de los “juicios por el efecto” en los tribunales y de los “votos por el efecto” en el Congreso. Bueno, muchas de éstas son “ordenanzas por el efecto”. Son trucos que permiten que los liberales se sientan bien sobre sí mismos y avancen la falsedad de que las ciudades y municipalidades pueden mangonear al gobierno federal. Sin embargo, no tienen mucho valor.

Y tercero, a los defensores de los inmigrantes les preocupa que Trump niegue fondos federales a esas localidades hasta que dejen de obstruir el gobierno federal.

Véase arriba: Eso no sucederá. El gobierno de Obama se las arregló para evitar esas leyes y deportar a tres millones de personas en ocho años, muchas de las cuales vivían en ciudades santuario. Hay muchas exenciones, y los policías y políticos son expertos en aprovecharlas.

Nadie perderá fondos por las ciudades santuario. Eso requeriría medidas del Congreso. ¿Y qué es el Congreso, de todas formas, más que un conjunto de representantes de varias localidades, que fueron enviados a Washington para proteger y servir a los que quedaron en casa?

Incluso si hablara en serio con respecto a la amenaza de los fondos, la Casa Blanca probablemente nunca obtendría los votos necesarios para cumplirla -ni siquiera de los republicanos.

El mito de las ciudades santuario no es un invento legal, sino político. Como tal, no hay que tomarlo seriamente.

Contacta a Rubén Navarrette en ruben@rubennavarrette.com. © 2016, The Washington Post Writers Group.