Crisis de derechos civiles en Tucsón

2013-11-01T00:00:00Z Crisis de derechos civiles en TucsónPor Raúl Alcaraz Ochoa y Stephanie Quintana Arizona Daily Star
November 01, 2013 12:00 am  • 

Una severa crisis de derechos civiles está teniendo lugar en Tucsón bajo la mirada del jefe de la Policía, Robert Villaseñor. ¿Qué harán el administrador de la ciudad, Richard Miranda; el alcalde, Jonathan Rothschild; y el Concejo de la Ciudad de Tucsón para remediar esta monumental parálisis de los derechos civiles?

El 8 de octubre, el Departamento de Policía de Tucsón (DPT) detuvo a un vehículo en el que viajaban dos padres de familia –Agustín Reyes y Arturo Robles- sólo por una luz descompuesta en la placa. Como es común, el policía optó por colaborar con las autoridades de inmigración y llamar a la Patrulla Fronteriza cuando el conductor no pudo presentar una licencia de manejo de Arizona.

Un grupo de personas se hizo presente en el lugar de los hechos para hacer observación civil pacífica y rodear el vehículo de la Patrulla Fronteriza mediante un círculo humano, con el fin de prevenir la separación familiar.

En respuesta a este acto espontáneo de solidaridad, el DPT y la Patrulla Fronteriza enviaron decenas de refuerzos y los oficiales empezaron a romper de manera violenta la cadena humana en un despliegue excesivo de fuerza y un uso innecesario de recursos públicos.

Los agentes policiacos al mando de Villaseñor emplearon fuerza brutal contra los observadores pacíficos: arrastrando, empujando y golpeando a los civiles y arrestando a dos personas, Rosa Leal y Mari Galup. Mientras niños y ancianos veían los hechos, los agentes rociaron gas pimienta y dispararon bolas de pimienta a docenas de miembros de la comunidad.

En una conferencia de prensa el 9 de octubre, Villaseñor defendió el uso de la fuerza por parte de sus oficiales y declaró que ellos son responsables de hacer cumplir la ley. Básicamente, Villaseñor eligió escudarse en una mala interpretación de la ley SB 1070 para justificar las detenciones basadas en el perfil racial y validar una ley que de manera inherente quebranta la seguridad pública y, dado su proceso, tensa los recursos públicos, separa familias y viola los derechos civiles y constitucionales de los ciudadanos.

La SB 1070 requiere que de “toda persona que es arrestada se debe tener determinado su estatus migratorio antes de que esa persona sea liberada” durante una detención legal. Esta parte de la redacción de la ley utiliza un lenguaje subjetivo, como si existe una “sospecha razonable”, si es “viable” y a menos que “la determinación pudiera dificultar u obstruir una investigación”. Creemos que esto otorga al DPT la discrecionalidad para no llamar a la Patrulla Fronteriza.

Pero, el DPT de forma intencional, voluntaria e innecesaria llama a la Patrulla Fronteriza para separar familias. El DPT ha perdido la confianza de la comunidad, y en cambio pone en riesgo su objetivo declarado de proteger a la gente del peligro.

Por ejemplo, habitantes de la comunidad siguen reportando encuentros conflictivos con el DPT. Algunas personas han informado que se les ha revisado su estatus migratorio después de reportar un delito o cuando no pueden responder a las preguntas de los oficiales en inglés.

Pasajeros en los carros y peatones inocentes reportan que les han pedido su identificación. Algunos pasajeros han sido arrestados por no poder presentar una identificación (a pesar de que eso tampoco es un delito). Otros reportan haber sido insultados por agentes que hablan español.

La Unión de Libertades Civiles de Norteamérica (ACLU, por sus siglas en inglés) en Arizona ha recibido reportes de oficiales que se rehusan a considerar el estatus de una persona bajo la acción diferida antes de llamar a la Patrulla Fronteriza.

No obstante, existen muchas medidas que el DPT puede tomar de forma inmediata, incluyendo algunas que los jefes de la policía de otras partes del estado y del país ya han adoptado.

Para restaurar la confianza de la comunidad y asegurar que los derechos bajo la Constitución de Estados Unidos y de Arizona sean defendidos, Villaseñor debería crear una política en la que los oficiales de Tucsón sean ordenados a dejar de iniciar el contacto con la Patrulla Fronteriza o el ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas), especialmente con las víctimas de delitos y testigos, en la que se multe y libere siempre que sea posible, donde el uso excesivo de la fuerza contra los observadores civiles esté prohibido, que no se les permita prolongar una detención, que no puedan confiscar un auto cuando alguien más en el carro puede conducir, y que esté prohibido interrogar a menores de edad o a pasajeros sobre su estatus migratorio.

Si Villaseñor ignora las peticiones comunitarias, pedimos a Miranda, a Rothschild y al Concejo que intervengan de inmediato para garantizar que Tucsón hace honor a la resolución de la “Ciudad que acoge al inmigrante”, misma que fue aprobada por el Concejo el 7 de agosto del 2012. Es tiempo de avanzar con medidas concretas para frenar la colaboración entre el DPT y la Patrulla Fronteriza y el ICE.

La comunidad de Tucsón seguirá haciendo responsables de esto a Villaseñor, a Miranda, al Alcalde y al Concejo hasta que verdaderamente tengamos un Tucsón saludable y acogedor.

ENGLISH

A serious civil-rights crisis is taking place in Tucson under the watch of Police Chief Robert Villaseñor. What will City Manager Richard Miranda, Mayor Jonathan Rothschild and the Tucson City Council do to remedy this monumental civil-rights standoff?

On Oct. 8, the Tucson Police Department pulled over a vehicle with two fathers — Agustin Reyes and Arturo Robles — for a broken taillight. As is common practice, the police officer chose to collaborate with immigration enforcement and called Border Patrol when the driver did not provide an Arizona driver’s license.

A group of people gathered on the scene to do peaceful civil observation and surrounded the Border Patrol vehicle to create a human circle to prevent a family separation.

In response to this spontaneous action of solidarity the TPD and Border Patrol sent scores of backup, and officers began to violently break the human chain in an excessive display of force and unnecessary use of city funds. Villaseñor’s police officers employed brutal force on the peaceful observers: dragging, pushing and hitting civilians and arresting two — Rosa Leal and Mari Galup. While children and elderly people watched, agents pepper-sprayed and shot pepper balls at dozens of community members.

In a press conference Oct. 9, Villaseñor defended his officers’ use of force and stated they are responsible for following the law. Essentially, Villaseñor chooses to hide behind misinterpretations of SB 1070 to justify racially based detentions and validate a law that inherently undermines public safety and due process, strains city resources, separates families and violates the public’s civil and constitutional rights.

SB 1070 requires that “any person who is arrested shall have the person’s immigration status determined before the person is released” during a “lawful” stop. The previous sentence of the bill uses qualifying language, such as if “reasonable suspicion” exists, if it is “practicable” and unless “the determination may hinder or obstruct an investigation.” We believe this grants the TPD discretion to not call Border Patrol.

Thus, the TPD intentionally, voluntarily and unnecessarily calls Border Patrol to separate families. The TPD has lost the community’s trust, which in turn jeopardizes their stated goals of protecting people from harm.

For example, community residents continue to report troubling encounters with the Tucson Police Department. Individuals report having their immigration status checked after reporting a crime or for failing to answer officers in English. Passengers in vehicles and innocent pedestrians report being asked for identification. Passengers have been arrested for failure to provide ID (although this is not a crime either). Others report being verbally abused by Spanish-speaking officers.

The ACLU of Arizona has also received several reports that officers refuse to consider an individual’s deferred action status before calling Border Patrol.

Nonetheless, there are a number of immediate steps that TPD can take, including several already adopted by police chiefs around the state and country.

To restore community trust and ensure that rights under the U.S. and Arizona constitutions are upheld, Villaseñor should create a policy whereby Tucson officers are ordered to stop initiating contact with Border Patrol or ICE, especially for victims of crime and witnesses; cite-and-release is done when possible; excessive force against civil observers is prohibited; prolonged detention is not allowed; impounding of vehicles when someone else can drive them is not allowed; and interrogation of minors or passengers over their immigration status is forbidden.

If Villaseñor ignores the community’s petitions, we ask City Manager Miranda, the mayor and City Council immediately to intervene to ensure that Tucson lives up to its “Immigrant Welcoming City” resolution the City Council passed Aug. 7, 2012. It is time to move forward with concrete steps to stop the collaboration between TPD and Border Patrol and ICE.

The Tucson community will continue to hold Villaseñor, Miranda, the mayor and council accountable until we truly have a healthy and welcoming Tucson.

Raúl Alcaraz Ochoa y Stephanie Quintana coordinan las actividades de los jornaleros en la Iglesia Presbiteriana del Sur.

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