La posición de México en cuanto al inmigrante indocumentado en Estados Unidos es bastante complicada, y por lo mismo le resulta muy difícil quedar bien, haga lo que haga, diga lo que diga. Hay quienes pensamos que su papel debe ser fuerte en cuanto a brindar asistencia al nacional mexicano, siempre robusteciendo los servicios consulares que hagan de los derechos humanos su prioridad.

En el terreno político debe haber una postura clara, inequívoca, de condena a la forma cómo se han hecho las cosas al respecto en los últimos seis o siete años, especialmente al nivel de las jurisdicciones locales en donde estados y municipalidades se han pasado de los límites perfectamente definidos en las leyes estadounidenses en su relación legal con el inmigrante indocumentado.

Sin embargo, a la hora de buscar soluciones al problema no creemos para nada que la postura mexicana deba ser activista, escandalosa, de exigencia, como muchos quisieran.

El que México reconozca que, para bien o para mal, el tema de una reforma migratoria es un "asunto doméstico" estadounidense, sencillamente es algo que no puede ser de otra manera, y bien ha hecho su gobierno en conducirse bajo esa premisa que aunque no sea abrazada como principio, al menos debe ser aceptada como apabullante realidad.

Por otro lado, hay que ver que aun sin la "bilateralidad" por la que muchos demagógicamente claman, este problema es complicado a cuál más. No es necesaria ni deseable la participación directa de México, que sólo complicaría las cosas exponencialmente y por cuya sola ocurrencia la irracionalidad de algunos sectores del sistema político norteamericano sólo se acentuaría.

México, en otras palabras, tiene "demasiado equipaje" y al mismo tiempo muy poca "palanca" como para realistamente aspirar a ser considerado en una solución definitiva al problema, la cual en cualquier caso va a ser siempre unilateral. La desconfianza hacia tales intervenciones mexicanas no sólo está del lado estadounidense, también lo está del lado de los mexicanos, y tal vez con mayor razón. Sólo hay que recordar el caso de los pagos pendientes a los "braceros" como botón de muestra.

Entender eso es algo muy lejano a dejar al mexicano a su suerte mientras se dé una solución a su situación, si es que ésta se da algún día. Son dos cosas distintas, y en términos generales México parece haberlo comprendido.

Lo que no queda muy claro es por qué aquellos que exigen una mayor intervención y hasta una "negociación" por parte de México en cuanto a una reforma migratoria (como si México tuviera algo que negociar) se quedan tan calladitos, tan conformes, cuando los liderazgos políticos de este país abdican a su deber moral y político de protestar por los abusos cometidos contra migrantes mexicanos. Esto es una enorme contradicción.

Caso muy concreto el relativo al gobierno de Sonora encabezado por Guillermo Padrés, que después de en 2010 asumir una postura bastante crítica acerca de la SB 1070, simplemente decidió tiempo después "olvidarse del asunto", cambiar de opinión y asumir una postura más bien servil ante Jan Brewer y los abusos del estado de Arizona en contra del inmigrante. De la misma forma que Sonora y sus líderes, entre otros muchos en México, olvidaron su deber moral, también lo han hecho individuos y organizaciones a ambos lados de la frontera que después de azuzarlos en 2010 para que se definieran sin ambigüedades, ahora han decidido "darles un pase" y dejarlos tranquilos ante su muy cómoda y conveniente pasividad. Sin embargo, después abogan por que México "intervenga y negocie", ¡una reforma migratoria! Hablando de falta de proporciones y de ver el mundo al revés.

México no puede, no debe, encarar a Estados Unidos en su "mazacote" migratorio, pues nos guste o no frente a sí no sólo tiene este asunto sino una complicada e inevitable relación económica y política con la superpotencia. Lo que sí puede y debe hacer es exigir, tanto respeto a las garantías de los mexicanos en Estados Unidos como el que esta nación se conduzca dentro de sus propias leyes y tan cacaraqueados postulados de acatamiento a los derechos humanos.

Seamos congruentes y empecemos por el principio.

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