TEGUCIGALPA (AP) — Agentes de la policía hondureña volvieron a sus labores después de que rechazan implementar un toque de queda que el gobierno impuso para contener las protestas contra el lento escrutinio de la reciente elección presidencial, que hasta ahora le da el triunfo al actual mandatario Juan Orlando Hernández.

Simpatizantes del candidato opositor Salvador Nasralla habían bloqueado algunas calles en medio de una crisis política y reclamos de fraude.

A las afueras de una estación, Javier Díaz, director de la Policía Nacional, dijo que "el único interés de nuestra escala básica era el respeto a los derechos de todos ciudadanos de Honduras".

"No vamos a reprimir el pueblo. Estamos para acompañar al pueblo... Vamos a impedir que Honduras caiga en caos", agregó.

El presidente Hernández aparentemente enfrentó el descontento policial pagando bonos de fin de año, incrementando los salarios y ofreciéndose a construir condominios para ellos.

"Hablé con muchos de ellos y llegamos a acuerdos satisfactorios", afirmó en rueda de prensa.

Uno de los oficiales, con el rostro cubierto para no identificarse, dijo que regresaban a sus puestos en las calles “para cuidar a la población, no para reprimirla".

Miles de personas dejaron sus casas durante la noche para desafiar el toque de queda y visitar a los policías en su cuartel en la capital hondureña, lo cual ha añadido nuevas tensiones tras los comicios presidenciales del 26 de noviembre.

Imágenes de televisión mostraron a oficiales uniformados que bailaban con vecinos y cantaban “¡Fuera JOH!”, en referencia a las iniciales del mandatario Juan Orlando Hernández, quien confía en ser reelecto.

"Ya estamos hartos de cubrir las espaldas a la clase política en perjuicio de la población", dijo en rueda de prensa José García, quien se identificó como agente de investigación con seis años de servicio.

El ministro de Seguridad, Julián Pacheco, atribuyó la protesta policial al cansancio de los agentes por cumplir jornadas extenuantes de casi tres semanas durante el proceso electoral. Prometió que les aumentará los salarios a partir de enero.

Hernández encabeza los conteos de los comicios y urgió a sus compatriotas a ser pacientes para que las autoridades electorales terminen su trabajo, pero el opositor Salvador Nasralla celebró las acciones de la policía y asegura que fue víctima de un fraude y se ha negado a reconocer los resultados.

Desde las elecciones, ambos se han declarado vencedores.

El presidente del Tribunal Electoral, David Matamoros, dijo el martes que se extendería el periodo hasta el viernes para que los candidatos puedan hacer reclamos.

Los retrasos para obtener resultados y la falta de claridad han desatado el enojo de los simpatizantes de Nasralla, por lo que se han generado enfrentamientos --en ocasiones violentos-- entre manifestantes y policías en diversas ciudades del país. Más de 1,200 personas han sido detenidas y según la Organización de Estados Americanos (OEA) hay reportes preliminares que sugieren que hasta 11 personas podrían haber fallecido a causa de los enfrentamientos.

"Lo que exigimos es que la paz se instale en Honduras, que la crisis se resuelva y no haya más muertes ni sangre", dijo el agente García.

Quienes apoyan a Nasralla han bloqueado la vialidad que conecta a Tegucigalpa y la costa del Caribe durante una protesta el martes. La policía de tránsito reporta situaciones similares en El Progreso y La Lima.

En un intento por evitar que escalara la tensión tras los comicios y la falta de resultados definitivos, el gobierno impuso el viernes el toque de queda por diez días de 6 pm a 6 am. Sin embargo, el lunes lo redujo de 8 pm a 5 am.

Filadelfo Martínez, analista político, dijo a The Associated Press que el toque de queda logró calmar las actitudes violentas de la gente que no está de acuerdo con los resultados de las elecciones.

La misión de observadores de 25 países de la OEA que permanecen hace un mes en Tegucigalpa, señaló el lunes que no tiene certeza sobre los resultados de los comicios y sugirió que "el único camino" para solucionar el conflicto es un acuerdo entre los principales contendientes.

La OEA respaldó la pretensión de Nasralla de verificar 5.174 actas que no fueron reportadas la noche de la elección y de otras 1.006 que fueron sometidas a escrutinio especial debido a supuestas irregularidades.

La tarde del martes, Matamoros invitó a Nasralla a revisar las actas de manera conjunta. "La Alianza dice que esos documentos son distintos a los que tenemos, pues hay que examinarlos", dijo ante periodistas.

Sin embargo, el candidato opositor no se mostró conforme y en su cuenta de Twitter sugirió al tribunal revisar todas las actas y, de no lograr la conformidad de todas las partes, hacer una segunda vuelta.

De manera paralela, el organismo de derechos humanos Freedom House se pronunció sobre los señalamientos que han hecho los monitores internacionales sobre posibles irregularidades en el proceso electoral. “Para evitar más violencia, la OEA y la UE deberían supervisar un recuento y verificación de todos los votos por un comité independiente de expertos internacionales”, dijo Carlos Ponce, director para América Latina de la organización, a través de un comunicado.

Mientras Honduras parecía sumirse aún más en su crisis postelectoral, Estados Unidos anunció el martes haber certificado que Honduras y El Salvador han progresado lo suficiente en cuanto a respeto a derechos humanos y lucha a la corrupción para recibir el 50% de la ayuda estadounidense estipulada durante el gobierno de Barack Obama para fortalecer el estado de derecho en Honduras, Guatemala y El Salvador.

Bertha Oliva, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), repudió más tarde la decisión adoptada por el Departamento de Estado.

“Cómo va a ser que (los Estados Unidos) están diciendo que Honduras tiene un avance en materia de derechos humanos y que se le apoye en materia militar cuando tenemos un país con las garantías suspendidas, cuando tenemos más de 11 días con los resultados de las elecciones que todavía no sabemos cuáles son los resultados, producto de la no transparencia”, dijo vía telefónica desde Honduras durante una conferencia de prensa ofrecida por Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés) en Washington. “Pedimos la suspensión de la ayuda, que revisen la determinación en materia de derechos humanos”.

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Los periodistas de AP en México y Washington, Peter Orsi y Luis Alonso Lugo, contribuyeron con esta nota.

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