Luis Ramírez y su esposa Andrea Ramírez podrían haber huido a México con sus hijos, a quienes secuestraron mientras estaban en custodia del estado.

La pareja de Tucsón acusada de secuestrar a sus hijos bajo custodia del estado utilizando una pistola paralizante en contra de un trabajador de bienestar infantil podría está involucrada en pornografía infantil, y ambos padres enfrentan más de dos docenas de acusaciones de delitos sexuales, según documentos del tribunal.

Luis Ramírez, de 30 años, y su esposa, Andrea Ramírez, de 28, han estado bajo investigación desde fines de 2016, cuando la policía registró su casa y su automóvil en busca de “material pornográfico” y se incautaron teléfonos celulares, memorias USB, tabletas e imágenes digitales, según los registros.

Los cargos por delitos sexuales no involucran a los hijos de la pareja, un niño de 5 años y una niña de 6 meses secuestrados el 4 de mayo durante lo que se suponía que sería una visita supervisada en un parque de Tucsón. Un trabajador subcontratado por el Departamento de Seguridad Infantil (DCS, por sus siglas en inglés) de Arizona, asignado para supervisar la visita, fue paralizado con una Taser y atado a un árbol con cinta adhesiva durante el secuestro, dijeron las autoridades.

El automóvil de los padres fue encontrado abandonado en Nogales, Arizona, lo que sugiere que pudieron haber huido a México con sus hijos.

El teniente Colin King del Departamento de Policía de Tucsón (TPD) dijo que las autoridades siguen siendo optimistas de que los niños secuestrados serán encontrados y regresados a Arizona.

“La probabilidad es alta”, dijo en una entrevista.

Dijo que el TPD contactó de inmediato al FBI, Aduanas y Protección de Fronteras de EE. UU. y el Servicio de Mariscales de Estados Unidos, que tiene personal en México.

Las autoridades mexicanas también están cooperando y han activado su propio sistema de alerta de niños desaparecidos, similar al sistema de Alerta Amber en los Estados Unidos, dijo King.

Los registros judiciales no son específicos sobre por qué el estado tomó la custodia de los niños Ramírez, pero ofrecen una posible razón: cada padre enfrenta un delito grave de abuso de menores por supuestamente “tener un arma de fuego cargada al alcance” de su hijo a finales de 2016, cuando el niño tenía 4 años.

En marzo de 2017, poco después de que la policía registrara el automóvil de la pareja y su casa alquilada en la cuadra 2400 de East Beverly Drive, Luis Ramírez fue acusado de siete delitos graves y su esposa de cuatro por explotación sexual de un menor.

La víctima en los cargos de 2017 se identifica sólo como A.S., una niña menor de 15 años a la que se hizo posar en posiciones sexuales mientras los sospechosos supuestamente la explotaban “grabando, filmando, fotografiando, desarrollando o duplicando” su imagen.

Los cargos de 2017 estaban programados para abordarlos en un juicio con jurado a finales de este mes.

Pero unos días antes del secuestro, la pareja fue reincidida en más de una docena de nuevos cargos por delitos graves.

La acusación de 2018, que involucra a la misma víctima que en 2017, incluye 20 cargos de explotación sexual de un menor en conexión con una serie de imágenes digitales recuperadas por la policía.

También acusa a Luis Ramírez de exponerse a la víctima, de tocar sus partes íntimas y de que ella le toque la suya. La pareja también es acusada conjuntamente de poner en peligro la salud de la niña al darle alcohol cuando se produjeron los presuntos delitos sexuales, según los registros.

Los supuestos incidentes tuvieron lugar durante un periodo de tres años entre 2013 y 2016, dice la acusación.

Darren DaRonco, portavoz del DCS, dijo que las leyes de confidencialidad le impiden hacer comentarios sobre el caso Ramirez específicamente.

Explicó, sin embargo, que los padres acusados de actos delictivos -incluso crímenes sexuales contra niños- “tienen el derecho constitucional de visitar a sus hijos bajo el cuidado del DCS hasta que el tribunal cancele sus derechos como padres”.

La agencia está evaluando el secuestro del 4 de mayo “para determinar qué ocurrió y para ver si se pueden hacer cambios para mejorar la seguridad de los niños, empleados y contratistas”, dijo.

ENGLISH VERSION

A Tucson couple accused of kidnapping their kids by using a stun gun on a child welfare worker are suspected of being involved with child pornography, and each faces more than two-dozen sex-crime charges, court records show.

Luis Ramirez, 30, and his wife, Andrea Ramirez, 28, have been under investigation since late 2016, when police searched their house and car for “pornographic materials” and seized cellphones, thumb drives, computer tablets and digital images, records show.

The sex-crime charges do not involve the couple’s children, a 5-year-old boy and 6-month-old girl kidnapped May 4 during what was supposed to be a supervised visit at a Tucson park. A contract worker with Arizona’s Department of Child Safety, assigned to supervise the visit, was disabled with a Taser and tied to a tree with duct tape during the kidnapping, authorities said.

The parents’ car was later found abandoned in Nogales, Arizona, suggesting they may have fled to Mexico with their children.

Lt. Colin King of the Tucson Police Department said authorities remain optimistic the kidnapped children will be found and returned to Arizona.

“The likelihood is high,” he said in an interview.

He said TPD immediately reached out to the FBI, U.S. Customs and Border Protection and the U.S. Marshals Service, which has personnel in Mexico.

Mexican authorities also are cooperating and have activated their own missing child alert system similar to the Amber Alert system in the U.S., King said.

Court records aren’t specific about why the state took custody of the Ramirez children, but they offer a possible reason: Each parent faces a felony child-abuse charge for allegedly “having a loaded firearm within reach” of their son in late 2016 when the boy was 4.

In March 2017, not long after police searched the couple’s car and their rented house in the 2400 block of East Beverly Drive, Luis Ramirez was charged with seven felonies and his wife with four for sexual exploitation of a minor.

The victim in the 2017 charges is identified only as A.S., a girl under the age of 15 who was made to pose in sexual positions while the suspects allegedly exploited her by “recording, filming, photographing, developing or duplicating” her image.

The 2017 charges were scheduled for a jury trial later this month.

But a few days before the kidnapping, the couple was reindicted on more than a dozen new felony charges.

The 2018 indictment, which involves the same victim as in 2017, includes 20 counts of sexual exploitation of a minor in connection with a series of digital images retrieved by police.

It also accuses Luis Ramirez of exposing himself to the victim, of touching her private parts and having her touch his. The couple also is jointly accused of jeopardizing the girl’s health by giving her alcohol when the alleged sex crimes were occurring, records show.

The alleged incidents took place over a three-year period between 2013 and 2016, the indictment said.

Darren DaRonco, a DCS spokesman, said confidentiality laws prevent him from commenting on the Ramirez case specifically.

In general, though, he said parents charged with criminal acts — even sex crimes against children — “have a constitutional right to visit with their children while in DCS care until their parental rights are severed by the court.”

The agency is evaluating the May 4 kidnapping “to determine what occurred and to see if any changes can be made to improve the safety of children, employees and contractors,” he said.

Contact reporter Carol Ann Alaimo at 573-4138 or calaimo@tucson.com. On Twitter: @AZStarConsumer

Reporter

Carol Ann has been with the Star since 1999, but has been an investigative reporter for more than 30 years. She's won numerous awards in the U.S. and Canada. In 2003, she was a war correspondent in Iraq and was a Knight-Wallace Fellow in Michigan in 2008.