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El Condado Pima contrata a trabajadora social para ayudar a personas que enfrentan desalojo

El Condado Pima contrata a trabajadora social para ayudar a personas que enfrentan desalojo

Desalojos oficial Jacob Valenzuela

El oficial Jacob Valenzuela, del equipo de extensión para personas sin hogar del Departamento de Policía de Tucsón, revisa un campamento de personas en situación de calle en Golf Links Road. En el Condado Pima, la nueva trabajadora social ayudará a las personas a tratar de evitar el desalojo y conseguir ayuda.

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Una trabajadora social se une a la Oficina de Oficiales del Condado Pima (Pima County Constable’s Office) para ayudar a evitar que haya más gente viviendo en la calle y brindar servicios a los habitates del condado en un año que se espera traiga muchos desalojos. Constable’s Office maneja los documentos civiles y penales del Tribunal de Justicia del Condado Pima.

Hasta ahora están programadas al menos 146 audiencias de desalojo en el condado para la primera semana del nuevo año, y se espera que ese número aumente una vez que venza la moratoria federal de desalojos a fines de enero.

Nahrin Jabro, quien comenzó su nuevo trabajo en la oficina del condado el lunes 4 de enero, sabe que llega en un momento difícil y está emocionada de ayudar tanto como sea posible.

“Definitivamente, queremos comunicarnos antes del desalojo, si es posible, para ver si podemos detener el desalojo y obtener algún tipo de asistencia de alquiler o plan de pago”, dijo. “Si no podemos evitar el desalojo, ¿cuáles son las alternativas?”.

Jabro, quien está obteniendo su maestría en trabajo social en línea por la Universidad Estatal de Arizona (ASU), ha trabajado en salud conductual durante casi una década. Recibirá un sueldo de $45,000 al año.

Además de ayudar a las personas a encontrar una vivienda o asistencia para evitar el desalojo, Jabro también brindará intervenciones a personas que tienen problemas de salud mental o de uso de sustancias.

Su experiencia en el trabajo con niños y adultos incluye la defensa de las personas que se enfrentan a la falta de vivienda, así como la ayuda a las fuerzas del orden público en la reducción de conflictos y crisis de salud mental.

Su trabajo con la Oficina de Oficiales (Constables’ Office) no solo implica ayudar a evitar la falta de vivienda, sino que también incluye abordar problemas relacionados con la salud mental y el uso de sustancias que hacen que las personas sean más vulnerables al desalojo.

La oficial de policía que preside esta oficina, Kristen Randall, había querido que un trabajador social se uniera al equipo desde antes de que comenzara la pandemia.

Randall dijo que tener a Jabro en el personal ayudará enormemente.

“Ella estará en el campo y la necesitamos desesperadamente”, dijo. “Su experiencia es invaluable. Ella sabe exactamente cómo reducir las crisis de salud mental”.

El costo de un desalojo es de aproximadamente $8,000 por persona durante los primeros dos años posteriores, según un estudio de 2018 de la Universidad de Nueva York.

Esto incluye varios efectos, como la falta de vivienda, las hospitalizaciones y la pérdida de ingresos.

Randall dijo que, tanto como sea posible, su oficina quiere evitar esa espiral descendente.

“Realmente es verdad. Eres una persona alojada, y tal vez vives al día y el efecto que eso trae, pero una vez que te desalojan ya no tienes una dirección, has perdido tu casa y todas tus preocupaciones empeoran exponencialmente “, dijo.

“Es una gran barrera (para el éxito) cuando todos esos problemas se acumulan encima de ti”.

Contacta a la reportera Patty Machelor en pmachelor@tucson.com

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