Sanctuary (Spanish)

Mike Christy / La Estrella de Tucsón

Niños mostrando su apoyo a una familia arrestada por la Patrulla Fronteriza. Bajo una ciudad santuario, la policía local no hubiera podido ayudar a los agentes fronterizos a detener a inmigrantes indocumentados.

Tucsón optó de forma abrumadora por no convertirse en ciudad santuario, nombramiento que habría limitado las circunstancias en las que los oficiales de policía podrían preguntar sobre el estado de inmigración.

Los primeros resultados de la Prop. 205, también conocida como la Iniciativa de Familias Libres y Unidas de Tucsón, mostraron que 58 mil 820 votantes, o el 71.4%, votaron “no” a la propuesta en comparación con solo 23 mil 562, o el 29%, que votaron “sí”.

Los funcionarios de la ciudad estimaron que se contabilizaron más de 87,000 votos, y otros miles aún no se habían contaron hasta las 8 p.m. del martes 5 de noviembre.

En un comunicado, People’s Defense Initiative, el grupo detrás de la propuesta, dijo que a pesar de los resultados, “miles de residentes de Tucsón dejaron en claro su deseo de nuevas políticas que protejan a los más vulnerables de nuestra comunidad”.

“Estamos increíblemente orgullosos del arduo trabajo y el compromiso inspirador de nuestro equipo y los cientos de habitantes de Tucsón que hicieron suya esta campaña”, dijo el comunicado. “Gracias a este esfuerzo, pudimos elevar una conversación importante en toda la ciudad que mejoró a Tucsón”.

La votación pone fin a meses de debate polémico sobre si Tucsón, que se encuentra a solo 60 millas al norte de la frontera entre Estados Unidos y México, infringiría una ley estatal que impide las ciudades santuario y se convertiría en la única ciudad de Arizona que limita formalmente la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Varios estados, condados y ciudades de todo el país se han declarado “ciudades santuario”, incluidos Los Ángeles, Nueva Orleans y Seattle.

La iniciativa de Tucsón apuntó a la SB1070, la controvertida ley de inmigración de 2010 de Arizona que no solo prohibió las ciudades santuario, sino que también requiere que la policía verifique el estatus migratorio de cualquier persona sospechosa de no estar en el país legalmente.

La Prop. 205 tenía como objetivo proteger a los residentes de la ciudad, incluidos aquellos sin los documentos de inmigración adecuados, de ser detenidos o deportados cuando tengan contacto con la policía de Tucsón, incluso como testigos de delitos o pasajeros en una parada de tráfico.

El Consejo de la Ciudad de Tucsón ha expresado su apoyo a los inmigrantes indocumentados en el pasado, designando a Tucsón como una “ciudad de acogida de inmigrantes”, y el Departamento de Policía de Tucsón ya limita cuándo y dónde los oficiales pueden preguntar sobre el estado de inmigración.

La Prop. 205 recibió un fuerte rechazo tanto a nivel local como estatal. Los legisladores de Arizona amenazaron con demandas y con retener dinero de impuestos a Tucsón si se aprobaba la iniciativa. Varios políticos locales se negaron a respaldar la propuesta o se opusieron, al igual que el Concejo de la Ciudad de Tucsón, de siete miembros.

Hasta septiembre, se habían gastado al menos 335,000 dólares para combatir la medida, y gran parte de ese dinero provenía de donaciones de residentes y propietarios de empresas de Tucsón.

Humberto López, presidente de HSL Properties; Fletcher McCusker, cofundador de UAVenture Capital; Bruce Halle Jr., presidente de Discount Tire y el equipo automotriz Jim Click dieron cada uno 25,000 dólares, según muestran los informes financieros de la campaña.

Los partidarios de la propuesta presentaron una demanda contra los funcionarios de la ciudad argumentando que los funcionarios estaban usando ilegalmente los recursos de los contribuyentes en un intento de influir en los votantes para rechazar la medida de la boleta electoral. Memos distribuidos por varios funcionarios de la ciudad, uno con el tema “Prop. 205 P&R”, fueron utilizados por funcionarios electos y grupos externos en la campaña contra la Prop. 205.

La demanda fue desestimado por un juez del Tribunal Superior del Condado de Pima la semana pasada.

En su declaración, los líderes de la Iniciativa de Defensa del Pueblo dijeron que permanecen “firmes en nuestro compromiso con la defensa de la comunidad, la representación y la democracia directa”.

“Continuaremos movilizando a nuestra comunidad en un esfuerzo por construir colectivamente un Tucsón donde todas las familias puedan prosperar”, dijo el grupo.

Contacta al reportero Justin Sayers en jsayers1@tucson.com o al 573-4192.

Reporter

Justin, a UA graduate, covers local government, focusing on Marana, Oro Valley and the Arizona Board of Regents. He previously worked at the Louisville Courier Journal, Arizona Republic and Hartford Courant and has received multiple awards.